En Sonora, bajo el manto protector del gobernador Alfonso Durazo y la fiscalía que él mismo designó, el patrón de la 4T parece consolidarse: investigar y denunciar actos de corrupción puede llevarte a la cárcel, pero cometerlos, al parecer, sale gratis.

Roberto Celaya Figueroa, un reconocido periodista de investigación, profesor y académico, se ha convertido en la más reciente víctima de este modus operandi. Fundador de "Condición 1SQ", Celaya ha dedicado años a documentar presuntos quebrantos patrimoniales en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), sumando más de 14 millones de pesos en señalamientos.

Denuncias Congeladas, Persecución Activa

Desde 2022, Celaya Figueroa ha presentado cuatro denuncias formales contra funcionarios del ITSON por supuestos actos de corrupción. Sin embargo, estas carpetas parecen haber caído en un limbo judicial. Jueces de control y amparo han señalado, con argumentos procesales válidos, que Celaya carece de legitimación para impulsar dichas denuncias, dado que la víctima directa es el propio ITSON.

Paralelamente a la inacción judicial sobre sus denuncias, Celaya ha enfrentado una batería de causas penales en su contra, de las cuales, afortunadamente, ha ido saliendo victorioso en los tribunales. Estos procesos, según el periodista, son una clara represalia por su labor de fiscalización.

Uno de los casos más emblemáticos fue su detención y encarcelamiento por el delito de violación a la intimidad. El cargo se basó en la grabación de un video en un horario laboral público, dentro de las oficinas del Órgano Interno de Control del ITSON, material que posteriormente utilizó para defenderse de un procedimiento administrativo. Un amparo con sentencia exculpatoria validó su defensa.

Otro incidente similar ocurrió cuando el vicerrector administrativo del ITSON lo denunció también por violación a la intimidad. Esta vez, la supuesta ofensa fue tomar una captura de pantalla durante una presentación pública por Zoom, donde se exponían datos para justificar incrementos salariales. Celaya utilizó esta imagen en un grupo de WhatsApp y Facebook para criticar las cifras, no a la persona. El rostro del funcionario aparecía incidentalmente en la imagen. Nuevamente, un amparo le otorgó la razón.

La escalada de persecución continuó en 2024, cuando la agente del Ministerio Público, Gabriela Mares Muñoz, admitió una tercera denuncia en su contra, esta vez por amenazas. El detonante, según Celaya, fue la publicación de un meme. La fiscal no solo aceptó la querella, sino que impuso medidas de protección tan restrictivas que prácticamente lo confinaban a su domicilio, le prohibían comunicarse con terceros y usar redes sociales, bajo amenaza de un nuevo arresto.

"Además de zozobra y ansiedad, me ha afectado mi labor periodística, pues teniendo un grupo de Facebook donde se difunden acciones de investigación respecto de ITSON, me he visto en la necesidad de suspenderlo, pues por cualquier cosa que se publique sobre la universidad me puedo ir a la cárcel por violación a las medidas de protección", declaró Celaya.

El Caso que lo Resume Todo

La causa penal 3448/2026, instruida contra Celaya por falsedad de declaraciones ante el Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI), es quizás el caso que mejor encapsula la situación. A pesar de constar de 4 mil 345 fojas y un escrito de denuncia de 112 páginas, el caso se desmoronó en la audiencia de formulación de imputación.

La fiscalía, apenas minutos después de anunciar el delito, tuvo que solicitar un receso al percatarse de que la clasificación penal expuesta era incorrecta. Tras la reclasificación, los abogados del ITSON intentaron solicitar prisión preventiva, argumentando un "patrón reiterado de conflictos con autoridades" y presentando cinco denuncias previamente archivadas contra Celaya. También pidieron medidas cautelares como la prohibición de acercarse o comunicarse con los aproximadamente 20 mil estudiantes y personal del ITSON, además de presentaciones quincenales.

Sin embargo, la jueza dictó auto de no vinculación a proceso, al considerar que la fiscalía no demostró el perjuicio necesario y que el ITSON se consideraba víctima directa.

Silencio Oficial y Resistencia Periodística

Nada de esta persecución ha sido un secreto para el gobernador Alfonso Durazo. Los correos electrónicos enviados por Celaya a la Dirección General de Visitaduría de la Fiscalía, documentando lo que considera medidas de protección desproporcionadas, llevan desde febrero de 2025 copia directa al gobernador, al secretario de Gobierno, al fiscal, al vicefiscal y al delegado regional. La respuesta, hasta ahora, ha sido el silencio.

Lo que Roberto Celaya ha vivido y está sobreviviendo es un patrón denunciado por organizaciones internacionales como Artículo 19, la Sociedad Interamericana de Prensa, Amnistía Internacional y la Relatoría Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión. Estos organismos señalan que regímenes como el actual utilizan la politización de la justicia para silenciar voces críticas.

La persecución judicial contra Celaya es una consecuencia directa de su labor al denunciar un presunto daño al erario por parte de personal del ITSON. A pesar del desgaste, el despido laboral y la incertidumbre jurídica, Celaya reafirma su compromiso.

"A la luz de lo padecido y de lo que sigo padeciendo, uno pudiera cuestionarse eso con toda razón, pero al ver la sociedad en general, las generaciones que vienen, los hijos de uno, ¿debemos agachar la cabeza para no tener problemas, aunque la corrupción siga avanzando? Creo que ante estas reflexiones la respuesta a si vale la pena es sí, sí vale la pena", afirmó.

Mientras tanto, la sombra de la duda se cierne sobre el gobernador Durazo, quien enfrenta investigaciones en Estados Unidos por la donación de un terreno en San Luis Río Colorado, presuntamente con la mediación de su hijo, para la instalación de una fábrica de gorras. Un contexto que añade más leña al fuego de las críticas sobre la opacidad y el posible abuso de poder en Sonora.

El caso de Roberto Celaya Figueroa es un sombrío recordatorio de los riesgos que enfrentan los periodistas en México cuando se atreven a desafiar la corrupción y la impunidad, especialmente en estados donde el poder político parece operar al margen de la ley.