La alarmante cifra de 58 fosas clandestinas vinculadas directamente con crímenes de feminicidio, documentadas en México entre 2020 y 2024, ha puesto de manifiesto una faceta aterradora de la violencia de género: la ocultación de cuerpos en propiedades privadas. Un escalofriante 60.7% de estos hallazgos macabros se localizó en inmuebles particulares, según un informe presentado recientemente en la Ciudad de México, que arroja luz sobre la profunda crisis de desapariciones y violencia feminicida que azota al país.
El estudio, titulado ‘Trazar la Ausencia, Caminar la Esperanza’, analiza la alarmante realidad de las fosas clandestinas en México, un fenómeno que se suma a los más de 134 mil registros oficiales de personas desaparecidas y a los más de 83 mil restos humanos sin identificar que yacen bajo resguardo del Estado. La investigación se centró en el periodo de enero de 2020 a septiembre de 2024, durante el cual se identificaron estas 58 fosas, en las que se encontraron los restos de 92 mujeres, víctimas de crímenes con razón de género.
El desglose temporal de los hallazgos es particularmente preocupante. El año 2024 lidera la estadística con 22 fosas hasta septiembre, seguido por 2022 con 13, 2023 con diez, 2020 con siete y 2021 con seis. Esta tendencia creciente subraya la persistencia y, en algunos casos, el aumento de la violencia extrema contra las mujeres en el país.
Para determinar la vinculación de estas fosas con feminicidios, las investigadoras realizaron un minucioso contraste entre las características de cada caso, documentadas por diversos medios de comunicación, y las razones de género tipificadas en el Código Penal Federal para este delito. Este riguroso método permitió identificar la naturaleza específica de estos crímenes y la intención detrás de la ocultación de los cuerpos.
La Sombra de la Propiedad Privada
Uno de los datos más reveladores del informe es que el 60.7 por ciento de estas fosas se encontraba en inmuebles privados. En contraste, solo el 14.3 por ciento se localizó en predios abiertos, y proporciones menores en caminos, cerros, barrancas, pozos o cuerpos de agua. Esta distribución geográfica de los horrores sugiere una estrategia deliberada para ocultar los crímenes en espacios que, a primera vista, escapan a la vigilancia pública.
Mariana Marchand, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (UIA) y una de las autoras del estudio, calificó este hallazgo como “especialmente revelador”. Detalló que, dentro de ese 60 por ciento de inmuebles privados, un significativo 38.2 por ciento correspondía a propiedades de la propia víctima, del perpetrador, o a propiedades que ambos compartían. Esta intimidad forzada entre víctima y victimario en el espacio del crimen añade una capa de crueldad y complejidad al fenómeno.
Marchand enfatizó que este dato es crucial para dimensionar la magnitud real de la crisis de desapariciones y violencia feminicida. La ocultación de cuerpos en domicilios privados representa una vertiente poco documentada, pero de vital importancia, para entender la extensión del problema. La investigadora planteó la inquietante pregunta: “¿Cuántas mujeres hay, con lo que determinamos, enterradas en inmuebles privados que no sabemos (dónde están)?”, sugiriendo que muchas víctimas de feminicidio podrían aún no haber sido encontradas debido a las dificultades técnicas y logísticas de buscar en propiedades privadas.
Características Atípicas y Reconocimiento Oficial
La experta señaló que las fosas clandestinas vinculadas a feminicidios presentan características “atípicas” en comparación con otros contextos de inhumación clandestina. A menudo, en estos casos, es posible identificar a las víctimas y reconstruir las circunstancias de su desaparición y asesinato, lo que facilita la labor de justicia, aunque no necesariamente la búsqueda inicial.
Marchand precisó que, de los casos documentados en el estudio, alrededor del 70 por ciento fue reconocido oficialmente como feminicidio por las autoridades. Si bien no existen elementos para atribuir los casos restantes a un intento deliberado de invisibilizar el delito, la cifra general de feminicidios en el país sigue siendo alarmante y objeto de constante escrutinio.
Cifras Generales y la Labor de las Familias Buscadoras
En un análisis más amplio, el estudio reveló que entre 2020 y 2024, del total de víctimas encontradas en fosas clandestinas, 355 eran mujeres y 1.151 hombres, lo que significa que tres de cada cuatro víctimas eran hombres. Sin embargo, el enfoque específico en feminicidios resalta la particular vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia extrema.
En términos generales, el informe registró al menos 5.152 fosas clandestinas documentadas por las fiscalías entre 2006 y septiembre de 2024, con un total de 5.718 cuerpos humanos. Paralelamente, los medios de comunicación reportaron 3.516 fosas clandestinas, 8.341 cuerpos y 52.305 restos humanos en el mismo periodo. La investigadora Andrea Horcasitas apuntó que, aunque las fiscalías registraron un 46 por ciento más de fosas que los medios, estos últimos documentaron un 46 por ciento más de cuerpos, lo que sugiere diferencias en los criterios de registro y la exhaustividad de la información.
Finalmente, Olimpia Montoya Juárez, hermana de una buscadora en Guanajuato, alzó la voz para advertir sobre la ardua labor que realizan las familias y colectivos. Estas organizaciones, a menudo, “hacen la labor del Estado” al buscar incansablemente en todo tipo de terrenos y predios, enfrentando no solo la angustia de la búsqueda, sino también crecientes agresiones y poniendo en riesgo sus propias vidas. Su incansable esfuerzo es un testimonio de la falla institucional para garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición y feminicidio en México.