El Regreso de las Sombras: "Madrinas" Vuelven a Operar

Las viejas y turbias prácticas de emplear a "madrinas", policías informales o con supuestos contactos en la justicia, parecen estar resurgiendo con fuerza, esta vez en las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Seis denuncias presentadas entre julio y septiembre de 2026 en diversas entidades del país pintan un panorama alarmante: empresarios y comerciantes son blanco de un mecanismo de intimidación que exige sumas millonarias bajo la amenaza de fabricarles delitos o involucrarlos en investigaciones criminales.

Mecanismo de Extorsión y Fabricación de Delitos

Este presunto retorno de individuos que operan al margen de la ley, pero que aseguran tener vínculos con funcionarios y la capacidad de influir en investigaciones, plantea un problema que va más allá de la simple exigencia económica. Se trata del uso indebido de una institución de justicia para someter a particulares, utilizando el temor a un proceso penal como herramienta de extorsión. Las denuncias describen cómo estos sujetos invocan nombres y supuestas instrucciones de altos mandos para legitimar sus cobros.

"El Profe" y sus Presuntos Operadores

En cinco de las seis carpetas de investigación, emerge con recurrencia el nombre de César Oliveros Aparicio, titular de la FEMDO, identificado en algunos relatos como "El Profe". Los denunciantes afirman haber pagado fuertes sumas de dinero a los presuntos "madrinas" para evitar que se les fincaran carpetas de investigación. Entre los nombres que aparecen frecuentemente como presuntos "madrinas" se encuentran Luis Alberto Ortega Nazar, Christian Durán Ponce y José Roberto López Uscanga. Es crucial que se investigue a fondo a estos individuos, pues los vínculos que invocan no están acreditados por sí mismos y podrían ser una fachada para actividades ilícitas.

Casos Emblemáticos de Intimidación

Los hechos documentados son contundentes. El 8 de julio, en Guadalupe, Nuevo León, un empresario denunció que cuatro individuos acudieron a su negocio exigiendo 2.5 millones de pesos, amenazándolo con fabricarle delitos relacionados con delincuencia organizada y huachicol, prácticas que evocan la operación de un cartel. Pocos días después, el 15 de julio, en Torreón, Coahuila, tres sujetos que se identificaron como empleados de Oliveros solicitaron cinco millones de pesos en efectivo para evitar una investigación por huachicol, involucrando a Ortega Nazar, Durán Ponce y López Uscanga.

Ampliación del Radio de Operación

La red de extorsión no se detuvo ahí. En Cuautitlán Izcalli, Estado de México, una denuncia del 22 de julio detalla una exigencia de seis millones de pesos por parte de hombres que se presentaron en nombre de la Fiscalía de la Ciudad de México. El denunciante asegura haber entregado el dinero para evitar investigaciones por lavado de dinero, delincuencia organizada y huachicol, pero las exigencias, según relata, continuaron. En la capital, otras denuncias en Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, fechadas en agosto y septiembre, describen amenazas de "fabricar" investigaciones contra empresarios, mencionando nuevamente a Oliveros y a sujetos presuntamente armados.

Amenazas con Armas y Vínculos Oficiales

El modus operandi se repite y se agrava. En Benito Juárez, una denuncia del 29 de septiembre recoge que los visitantes supuestamente eran enviados por "El Profe" y portaban tres armas que el denunciante consideró oficiales, aumentando la presión y el temor. El material complementario de las denuncias atribuye a estas "madrinas" la realización de investigaciones informales y una posible coordinación con organizaciones criminales, lo que agrava la gravedad de los señalamientos.

Un Golpe a la Credibilidad del Combate al Crimen

De confirmarse estas prácticas, representarían un duro golpe a la credibilidad del combate al crimen organizado y pondrían en entredicho el discurso de respeto a la ley que promueve el gobierno. Una estrategia de seguridad pierde toda autoridad y legitimidad cuando sujetos que invocan vínculos policiales pueden utilizar el temor a una investigación como una herramienta de extorsión y enriquecimiento ilícito. La confianza ciudadana en las instituciones de justicia se ve seriamente mermada.

Urge Investigación y Claridad

La FEMDO y su titular, César Oliveros Aparicio, tienen la imperiosa necesidad de esclarecer si su nombre y el de la institución están siendo utilizados por impostores, colaboradores tolerados o, peor aún, por sujetos con respaldo institucional. El presunto regreso de las "madrinas" exige una investigación exhaustiva y transparente, no solo de quienes cobran las extorsiones, sino también de aquellos funcionarios que pudieran estar facilitando, encubriendo o beneficiándose de estas actividades ilícitas. La impunidad en estos casos sería un mensaje devastador para la sociedad.

Implicaciones Políticas y Sociales

Este escándalo, de confirmarse, tendría profundas implicaciones políticas y sociales. No solo afectaría la imagen de la FEMDO y de la Fiscalía General de la República (FGR), sino que también podría ser utilizado por la oposición para cuestionar la efectividad y la integridad de las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno actual. La percepción de que la justicia puede ser cooptada por intereses criminales o extorsivos debilita el Estado de derecho y fomenta la desconfianza en las instituciones.

El Papel de la Secretaría de Seguridad

La situación también pone bajo escrutinio el papel de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. Si bien la FEMDO opera bajo la FGR, la coordinación en materia de seguridad es fundamental. La credibilidad de la estrategia de seguridad nacional se ve amenazada cuando se presentan estos casos de presunta corrupción y abuso de autoridad dentro de las propias agencias encargadas de combatirla. La ciudadanía espera respuestas claras y acciones contundentes para erradicar estas prácticas.

Antecedentes de "Madrinas" y Corrupción

Históricamente, la figura de las "madrinas" ha estado ligada a redes de corrupción y complicidad dentro de las fuerzas de seguridad en México. Su operación, a menudo amparada en la impunidad, ha permitido la extorsión a ciudadanos y empresarios, así como la facilitación de actividades ilícitas. El presunto resurgimiento de estas prácticas en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, y específicamente contra el huachicol, es particularmente preocupante y exige una respuesta enérgica por parte de las autoridades competentes.

El Costo de la Impunidad

La falta de una investigación profunda y la posible impunidad en estos casos sentarían un precedente peligroso. Permitiría que individuos con supuestos vínculos institucionales continúen operando con impunidad, extorsionando a ciudadanos y minando la confianza en el sistema de justicia. La sociedad mexicana demanda que se aplique la ley de manera pareja y que se erradique cualquier forma de corrupción que ponga en riesgo la seguridad y la integridad de los ciudadanos y de las instituciones.

¿Colaboración o Complicidad?

La pregunta clave que surge de estas denuncias es si se trata de casos aislados de individuos que se hacen pasar por funcionarios, o si existe una red de complicidad que involucra a personal dentro de la FEMDO o de otras instancias de procuración de justicia. La respuesta a esta pregunta es fundamental para determinar el alcance del problema y para implementar las medidas correctivas necesarias. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales en este momento.

El Futuro de la Lucha contra el Crimen

El futuro de la lucha contra el crimen organizado en México depende en gran medida de la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones encargadas de combatirlo. Escándalos como este, de confirmarse, erosionan esa confianza y abren la puerta a la desestabilización social y política. Es imperativo que las autoridades actúen con celeridad y contundencia para limpiar las filas y garantizar que la justicia opere sin favoritismos ni extorsiones.