La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto al descubierto un presunto esquema de "huachicol fiscal" que salpica a Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California, quien figura como accionista de la empresa Ingemar. La red, que operaba bajo la fachada de negocios legítimos de importación de derivados del petróleo, servicios portuarios y ferroviarios, se extendía por al menos ocho estados del país y habría causado un quebranto al erario público superior a los 106 millones de pesos.

El Mecanismo de Evasión Fiscal

Según las investigaciones de la FGR, el modus operandi consistía en declarar cantidades de combustible menores a las reales o registrar productos distintos a los que efectivamente se transportaban. El objetivo principal era evadir el pago de impuestos, particularmente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La FGR detalló que el principal medio de transporte utilizado por la red eran los carros-tanque de ferrocarril. En estas unidades, se declaraba apenas el 10 por ciento de su capacidad real, lo que significaba reportar alrededor de 10 mil litros cuando en realidad se transportaban hasta 110 mil litros. Esta discrepancia masiva permitía eludir el pago de impuestos sobre la mayor parte del combustible importado.

Contubernio y Falta de Revisión

Un aspecto crucial del presunto esquema era la supuesta complicidad de agentes aduanales y personal de la Secretaría de Marina. Gracias a este presunto contubernio, los filtros de seguridad y las revisiones exhaustivas no se aplicaban, permitiendo que el combustible ingresara al país sin la debida inspección y control fiscal.

Esta falta de supervisión facilitaba la operación ilícita, ya que el combustible no declarado podía circular libremente una vez dentro del territorio nacional. La FGR ha señalado que este tipo de operaciones, aunque disfrazadas de legalidad, representan un grave daño a las finanzas públicas y a la competencia económica.

Distribución y Comercialización Ilegal

Una vez en territorio mexicano, el combustible no declarado era trasladado a vías de conexión, conocidas como espuelas ferroviarias. Desde estos puntos estratégicos, la mercancía pasaba a una red de transportistas conformada por siete empresas.

Estas empresas, operando sin los permisos necesarios de la autoridad reguladora del sector energético, descargaban el combustible en pipas y tractocamiones. Posteriormente, lo comercializaban y distribuían en diversas regiones del país, llegando a manos de consumidores finales y otros negocios, todo ello al margen de la ley y sin la debida tributación.

Magnitud del Fraude Fiscal

Las investigaciones de la FGR han determinado que, bajo este esquema, aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades fiscales. Esta cifra representa una evasión significativa de impuestos.

En términos fiscales, la evasión estimada por concepto del IEPS asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos. A esta cantidad se suman 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al IVA. El daño conjunto a la Hacienda Pública, según las estimaciones de la FGR, se eleva a 106 millones 800 mil 821 pesos.

Rutas y Operaciones de Contrabando

La FGR ha identificado las rutas específicas utilizadas para el ingreso del combustible de contrabando. Entre enero y julio de 2025, la red presuntamente llevó a cabo 4 mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, todas ellas ubicadas en el estado de Tamaulipas.

Estas aduanas fronterizas, por su ubicación estratégica, se habrían convertido en puntos clave para la introducción ilegal del combustible. La alta frecuencia de operaciones sugiere una logística bien establecida y un conocimiento profundo de los puntos ciegos en los controles aduaneros.

Contexto de la Inseguridad y el Crimen Organizado

Este caso de "huachicol fiscal" se enmarca en un contexto más amplio de inseguridad y crimen organizado en México. La evasión fiscal y el contrabando de combustibles no solo representan un desfalco económico, sino que también pueden estar vinculados a redes criminales que financian otras actividades ilícitas.

Históricamente, el robo y contrabando de hidrocarburos ha sido una fuente de ingresos para diversos grupos delictivos. La FGR, al investigar estas redes, busca no solo recuperar los recursos fiscales perdidos, sino también desmantelar estructuras que atentan contra la seguridad y la economía del país.

Implicaciones Políticas y Legales

La vinculación de un exgobernador de un partido político importante, como lo es el PAN en este caso, añade una dimensión política al escándalo. Las autoridades deberán demostrar la culpabilidad de Ernesto ‘N’ y de los demás implicados, respetando el debido proceso.

Este tipo de casos genera un escrutinio público intenso y pone a prueba la efectividad de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y la lucha contra la corrupción. Las repercusiones políticas y legales podrían ser significativas, tanto para los implicados como para el partido al que pertenecen.

El Papel de Ingemar y Otras Empresas

La empresa Ingemar, donde Ernesto ‘N’ figura como accionista, se encuentra en el centro de la investigación. Sin embargo, la FGR también ha señalado a otras siete empresas que habrían participado en la distribución y comercialización del combustible ilegal.

La investigación buscará determinar el grado de conocimiento y participación de cada una de estas entidades en el esquema de evasión fiscal. La colaboración de estas empresas, o la falta de ella, será clave para esclarecer la totalidad de la red y sus operaciones.

Próximos Pasos y Posibles Sanciones

Tras la revelación de la FGR, se espera que continúen las investigaciones para recabar más pruebas y fortalecer el caso contra los presuntos responsables. Los implicados podrían enfrentar cargos por delitos fiscales, contrabando y, dependiendo de las pruebas, otros delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Las sanciones para este tipo de delitos pueden incluir multas cuantiosas, la confiscación de bienes y penas de prisión. La FGR buscará obtener sentencias que sirvan como precedente y disuasivo contra futuras operaciones de "huachicol fiscal".