EXCOMISARIO DE URUAPAN, BALEADO AFUERA DE SU TIENDA
Morelia, Michoacán.- La violencia en Michoacán cobró una nueva víctima de alto perfil: Bernardino Gómez, ex comisario de Seguridad Pública en la región de Uruapan durante los años 2022 y 2023, fue asesinado a balazos la tarde de ayer. El ataque ocurrió frente a una tienda de abarrotes de su propiedad, ubicada en la colonia Primo Tapia de la capital michoacana, según confirmaron fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
El trágico suceso pone de relieve la persistente espiral de violencia que azota al estado, y la compleja red de antecedentes que rodean a figuras públicas vinculadas a la seguridad.
Bernardino Gómez no era ajeno a las controversias. En su historial pesaban acusaciones de secuestro agravado, delito que presuntamente cometió en enero de 2016, cuando aún ostentaba el cargo de director de la policía municipal en Ecuandureo. En aquel entonces, Gómez fue detenido junto con otros agentes por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de seis personas. Trágicamente, las víctimas aparecieron muertas poco después, un hecho que conmocionó a la opinión pública y puso en entredicho la integridad de las fuerzas de seguridad locales.
Sorprendentemente, a pesar de las graves acusaciones y la aparición de los cuerpos, Gómez logró recuperar su libertad, un hecho que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad y la imparcialidad del sistema de justicia en la entidad.
La sombra de la investigación volvió a cernirse sobre él en 2024, cuando la fiscalía michoacana emitió una cédula de búsqueda ofreciendo una recompensa de 100 mil pesos por información que permitiera localizarlo. En la misma alerta se buscaba a otros ex policías: Juan Fernando Ábrego, Oswaldo Aldair Gómez y Jordán Bernardo Gómez, todos presuntamente vinculados a los mismos hechos.
Hasta el momento, las autoridades no han aclarado si dicha cédula de búsqueda se encuentra vigente o si la información recabada en su momento contribuyó a la localización de Bernardino Gómez, quien, a pesar de las investigaciones en su contra, continuó su vida pública y empresarial.
Este no era el primer atentado que sufría Gómez. En mayo de 2017, ya había sido blanco de un ataque armado. Circulaba en la autopista Siglo 21 cuando su vehículo fue emboscado. En aquel incidente, uno de sus hijos y un policía que lo acompañaba resultaron heridos, un recordatorio sombrío de los peligros inherentes a su pasado y a su entorno.
La ejecución de Bernardino Gómez en plena vía pública, frente a su negocio, subraya la audacia y el alcance de los grupos criminales que operan en Michoacán. La falta de certeza sobre la vigencia de la orden de búsqueda y la recuperación de su libertad tras las acusaciones de secuestro y homicidio, plantean serias interrogantes sobre el estado de derecho en la región.
Este evento se suma a la preocupante estadística de violencia en Michoacán, un estado que ha luchado durante años contra la presencia y el poder de diversos cárteles del narcotráfico. La disputa por el control territorial y las rutas de trasiego ha derivado en un ciclo de ejecuciones, desapariciones y enfrentamientos que afectan gravemente a la población civil.
El caso de Bernardino Gómez es emblemático de la complejidad de la inseguridad en México. Figuras que han estado en puestos clave de seguridad pública, y que además han sido señaladas por delitos graves, a veces logran evadir la justicia o simplemente desaparecen del radar de las autoridades, solo para reaparecer años después como víctimas o, en otros casos, como perpetradores.
Analistas en seguridad señalan que este tipo de ejecuciones, dirigidas a exfuncionarios con historiales turbios, pueden ser interpretadas de diversas maneras: desde ajustes de cuentas entre grupos criminales hasta posibles represalias por acciones pasadas.
La fiscalía estatal ha iniciado ya las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables del homicidio de Bernardino Gómez. Sin embargo, la historia reciente de Michoacán sugiere que las respuestas no siempre son rápidas ni satisfactorias, y que la impunidad sigue siendo un fantasma que acecha a la justicia.
La ejecución de Gómez, un hombre que alguna vez tuvo la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de Uruapan, es un doloroso recordatorio de que nadie está exento de la violencia en un estado sumido en la lucha contra el crimen organizado. La pregunta que queda en el aire es si las autoridades lograrán desentrañar este crimen y, más importante aún, si se podrá romper el ciclo de violencia que parece no tener fin en Michoacán.
El contexto de la inseguridad en Michoacán es crítico. La presencia de células delictivas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras, entre otros, ha generado un clima de terror y desconfianza. Los constantes enfrentamientos, los bloqueos carreteros y los asesinatos selectivos son parte de la vida cotidiana para muchos michoacanos.
La recuperación de la libertad por parte de Gómez tras las acusaciones de secuestro y homicidio, y su posterior asesinato, ponen de manifiesto las fallas sistémicas que permiten que individuos con pasados cuestionables continúen operando, ya sea en la esfera pública o privada, hasta que son alcanzados por la violencia que a menudo se asocia con el crimen organizado.
La recompensa ofrecida por la fiscalía en 2024, y la falta de información sobre su vigencia, añade una capa de opacidad al caso. ¿Se buscaba activamente a Gómez? ¿Hubo omisiones por parte de las autoridades? Estas son preguntas que la investigación deberá responder para intentar restaurar, aunque sea mínimamente, la confianza en las instituciones.
El atentado sufrido en 2017, donde resultaron heridos su hijo y un policía, demuestra que las amenazas contra Gómez eran reales y persistentes. La pregunta es si las medidas de seguridad que tomó tras ese incidente fueron suficientes, o si la naturaleza de sus presuntos vínculos lo hacía un objetivo inevitable.
La ejecución de Bernardino Gómez es, en última instancia, un reflejo de la profunda crisis de seguridad que atraviesa México, y particularmente estados como Michoacán, donde la línea entre la ley y el crimen organizado parece cada vez más difusa.