La sombra de la ilegalidad y la duda sobre su actuación persisten sobre Dámaso Castro Saavedra, el exvicefiscal de Sinaloa. A pesar de haber dejado el cargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa mantiene activas dos investigaciones cruciales en su contra, confirmadas por la propia fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo. Estos procesos judiciales y administrativos ponen en entredicho la integridad del exfuncionario y su papel en eventos de alto perfil que han sacudido al estado.

La primera de estas investigaciones, de carácter penal, está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Se centra en las graves acusaciones provenientes del gobierno de Estados Unidos, que señalan a Castro Saavedra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y su participación en una red de narcotráfico. Estas imputaciones, que sugieren una protección activa a la organización criminal a cambio de pagos mensuales, motivaron su solicitud de licencia en mayo de 2026 y su posterior renuncia definitiva en noviembre del mismo año.

La segunda investigación, de índole administrativa, concierne a la actuación de Castro Saavedra en el polémico caso del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este caso ha estado plagado de controversias y cambios de versión, y la FGE busca determinar si la gestión inicial del exvicefiscal estuvo apegada a derecho o si hubo irregularidades que pudieran encubrir la verdad.

La fiscal Sánchez Kondo detalló que los procedimientos administrativos contra Castro Saavedra se iniciaron mientras aún se encontraba en funciones. Aclaró que su renuncia, formalizada el 5 de noviembre tras una licencia de seis meses sin goce de sueldo, fue una decisión personal. Sin embargo, la salida formal de la dependencia no frena las indagaciones internas, las cuales continuarán hasta que las autoridades federales concluyan sus propias investigaciones penales.

En el ámbito laboral, la titular de la FGE subrayó que Castro Saavedra dejó de percibir su salario desde que solicitó su licencia. Se enfatizó que no se pactó ningún acuerdo económico especial ni liquidación por su renuncia, a pesar de sus casi 28 años de servicio en la institución, derecho que le permitiría tramitar su retiro legal.

El Contexto de las Acusaciones de EU

Las acusaciones de Estados Unidos contra Dámaso Castro Saavedra salieron a la luz en abril de 2026, a través de documentos judiciales del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y del Departamento de Justicia. En ellos, se le incluyó en una lista de funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La narrativa apunta a que recibía sobornos mensuales para proporcionar información operativa, un esquema que, de confirmarse, revelaría un nivel alarmante de infiltración criminal en las estructuras de seguridad y justicia del estado.

Estas graves imputaciones fueron el detonante para que Castro Saavedra solicitara su licencia el 5 de mayo de 2026, buscando aparentemente distanciarse de la polémica mientras se aclaraban los señalamientos. Sin embargo, la presión y el escrutinio público y legal lo llevaron finalmente a presentar su renuncia definitiva el 5 de noviembre, marcando el fin de una era para él dentro de la vicefiscalía.

El Caso Cuén Ojeda: Una Investigación Tortuosa

Paralelamente, la actuación de Castro Saavedra en el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador del Partido Sinaloense (PAS), también está bajo escrutinio. Como vicefiscal general, encabezó la integración inicial de la carpeta de investigación. En esa etapa, la Fiscalía estatal defendió la hipótesis de un intento de robo en una gasolinera como móvil del crimen, una versión que posteriormente fue desestimada y calificada como un montaje por la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR, tras su propia investigación, concluyó que el crimen ocurrió en una finca privada, un lugar distinto al escenario presentado inicialmente por la fiscalía estatal. La discrepancia en las versiones y la posible manipulación de la escena del crimen o de las pruebas han generado serias dudas sobre la objetividad y la diligencia con la que se manejó el caso bajo la supervisión de Castro Saavedra.

Implicaciones y Futuro

Las dos investigaciones abiertas contra Dámaso Castro Saavedra plantean serias interrogantes sobre la seguridad y la justicia en Sinaloa. La presunta protección a grupos delictivos por parte de altos funcionarios socava la confianza pública y dificulta la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, la forma en que se manejó el caso Cuén Ojeda podría revelar fallas sistémicas o intenciones ocultas dentro del aparato de procuración de justicia.

El Órgano Interno de Control (OIC) de la FGE está recabando información y copias de los expedientes federales para robustecer las indagaciones. La resolución de estos casos será crucial para determinar el grado de responsabilidad de Castro Saavedra y, más importante aún, para enviar un mensaje claro sobre la impunidad y la rendición de cuentas en Sinaloa. La salida de Castro Saavedra dejó a José Roberto Quiñones Coronado como encargado del despacho de la Vicefiscalía, quien ahora enfrenta el desafío de mantener la operatividad mientras las investigaciones continúan.

La situación de Dámaso Castro Saavedra es un reflejo de los complejos desafíos que enfrenta México en su combate a la delincuencia organizada y la corrupción. La confianza en las instituciones de seguridad y justicia se ve constantemente amenazada por señalamientos de complicidad y encubrimiento, haciendo que cada caso, como el del exvicefiscal, se convierta en un foco de atención nacional e internacional.