Carlos Alberto Torres Torres, una figura política que transitó de las filas del Partido Acción Nacional (PAN) a colaborador del gobierno de Morena en Baja California, se encuentra ahora en el ojo del hurcupán tras ser señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como ‘La Mayiza’.

Las acusaciones, que han resonado fuertemente en el ámbito político y de seguridad, señalan a Torres como un operador que habría utilizado su influencia para facilitar las actividades ilícitas de este grupo criminal en Baja California. La investigación estadounidense sugiere que el exlegislador panista habría proporcionado protección a miembros del cártel, obstaculizando la acción de las autoridades locales y federales. Esta situación derivó en la revocación de su visa por parte de Estados Unidos en mayo del año pasado, un antecedente que ahora cobra mayor relevancia.

Trayectoria Política y Vínculos con el PAN

Nacido en 1975, Carlos Torres cuenta con una formación académica en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), donde también cursó una maestría en participación política y acción ciudadana. Su incursión en la vida pública comenzó temprano, uniéndose al PAN en 1994. Durante su militancia en el partido blanquiazul, ocupó diversas posiciones, incluyendo consejero nacional, secretario estatal juvenil y coordinador nacional de programas de liderazgo. Esta trayectoria le permitió ascender hasta convertirse en diputado federal suplente (2003-2006) y posteriormente en diputado federal propietario (2006-2009).

Su ambición política lo llevó a buscar la presidencia municipal de Tijuana en 2010, una contienda que finalmente perdió. Posteriormente, se desempeñó como delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social durante el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, un periodo que marcó su paso por la administración pública a nivel federal.

Tras un lapso de menor protagonismo, Torres reapareció en la escena política como diputado local en Baja California entre 2016 y 2019. Durante este periodo, su voto a favor de una reforma que extendía el mandato del entonces gobernador electo Jaime Bonilla generó controversia y culminó con su expulsión del PAN, evidenciando las fracturas internas y las divergencias políticas dentro del partido.

El Salto a Morena y las Acusaciones Actuales

La vida personal y política de Carlos Torres dio un giro significativo en 2019, al casarse con Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien en ese entonces era presidenta municipal de Mexicali. Este matrimonio marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, vinculándose al gobierno estatal de Morena. Aunque sin un cargo oficial confirmado, Torres se convirtió en una figura cercana al poder estatal, participando en eventos públicos junto a su esposa.

Las polémicas no tardaron en rodearlo. El año pasado, surgieron versiones sobre la revocación de su visa y la de su esposa por parte de Estados Unidos, un hecho que se sumó a las crecientes sospechas sobre sus actividades. En octubre de 2025, en medio de estas acusaciones, se confirmó su divorcio de Marina del Pilar.

Las autoridades estadounidenses han detallado que Carlos Torres habría recibido pagos mensuales de Pedro Ariel Mendivil, quien fungía como director de Seguridad Pública en Mexicali. Estos pagos, según la acusación, provenían de sobornos entregados por Juan José Félix, alias ‘El Ruso’, identificado como jefe de plaza de ‘La Mayiza’. La red de presunta corrupción también incluiría a Luis Alfonso Torres, hermano del exesposo de la gobernadora, quien presuntamente se encargaba de recibir el dinero y blanquearlo a través de empresas fantasma y campañas políticas.

Implicaciones y Reacciones

Ante la gravedad de las acusaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México actuó rápidamente, informando sobre el bloqueo de las cuentas bancarias de Carlos Torres. La UIF confirmó que se identificaron operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por diversas instituciones financieras, lo que ha dado pie a una investigación exhaustiva sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.

Este caso pone de manifiesto la compleja interconexión entre la política y el crimen organizado en México, un fenómeno que ha sido objeto de constante escrutinio. La figura de Carlos Torres, con su pasado en un partido de oposición y su posterior cercanía al gobierno actual, añade una capa de complejidad a la narrativa, sugiriendo posibles redes de influencia que trascienden las afiliaciones partidistas.

El escándalo tiene implicaciones significativas para la imagen del PAN, al recordar su pasado vínculo con un personaje ahora acusado de graves delitos. Asimismo, genera cuestionamientos sobre los filtros y la vigilancia dentro de los gobiernos de Morena, especialmente en un contexto de alta preocupación por la seguridad y la infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder.

La investigación en curso por parte de la UIF y las autoridades estadounidenses promete arrojar más luz sobre la magnitud de estas presuntas redes de corrupción y sus alcances. La atención se centra ahora en las posibles ramificaciones políticas y judiciales de este caso, que podría tener repercusiones importantes en el panorama político de Baja California y a nivel nacional.

En el contexto de la lucha contra el crimen organizado, este tipo de señalamientos subrayan la persistente amenaza que representan las facciones del narcotráfico y la necesidad de mecanismos de control y transparencia más robustos en todos los niveles de gobierno. La credibilidad de las instituciones y la confianza ciudadana se ven puestas a prueba ante acusaciones de esta naturaleza, exigiendo respuestas contundentes y un compromiso inquebrantable con la legalidad y la justicia.