La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, ha revelado que Estados Unidos aún no ha proporcionado la información necesaria para ejecutar una "detención urgente para extradición" en el caso que involucra al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esta falta de respuesta por parte de las autoridades estadounidenses mantiene en vilo la situación legal del político sinaloense, quien se separó temporalmente de su cargo en mayo pasado.
En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre por qué Rocha Moya no ha regresado a sus funciones si la información solicitada por México sigue sin llegar. La Presidenta aclaró que la permanencia del gobernador en licencia no obedece a una instrucción de su gobierno, sino que es una decisión personal del propio Rocha Moya.
"Es una decisión de él de mantenerse mientras siga este proceso", afirmó la mandataria, recordando que fue el propio Rocha Moya quien tomó esta determinación al separarse del puesto. "No quiero poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa ni mucho menos, prefiero dejar el puesto mientras continúa esta investigación", habría declarado el gobernador en su momento, según relató Sheinbaum.
Rocha Moya solicitó formalmente una licencia temporal al Congreso de Sinaloa el pasado 1 de mayo, argumentando la necesidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas ante las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) a raíz de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición recibidas de Estados Unidos.
El Congreso local aprobó dicha licencia al día siguiente, y Yeraldine Bonilla Valverde asumió como gobernadora interina del estado. El caso cobró relevancia cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó haber recibido de la Embajada de Estados Unidos múltiples solicitudes de detención provisional, incluyendo una relacionada directamente con Rocha Moya.
Sin embargo, la cancillería mexicana señaló en su momento que la documentación recibida carecía de elementos de prueba suficientes para determinar responsabilidades, y que la FGR sería la encargada de analizar la viabilidad jurídica de dichas solicitudes. Esta postura subraya la complejidad del proceso y la necesidad de una colaboración bilateral más efectiva.
Desde Estados Unidos, han surgido acusaciones que vinculan a Rocha Moya con posibles alianzas con el Cartel de Sinaloa para la introducción de droga a territorio estadounidense, así como delitos relacionados con armas de fuego. A pesar de estas imputaciones, el gobernador con licencia ha negado categóricamente cualquier vínculo y ha insistido en su inocencia.
Recientemente, Rocha Moya reapareció en redes sociales, específicamente en su cuenta de X, para asegurar que se ha mantenido en Culiacán desde que solicitó licencia y que ha colaborado activamente con la investigación que lleva a cabo la FGR. Insiste en que la investigación se lleve a cabo de manera amplia y sin restricciones, y ha confirmado su comparecencia ante la Fiscalía.
La falta de información por parte de Estados Unidos genera un escenario de incertidumbre no solo para Rocha Moya, sino también para la gobernabilidad de Sinaloa. La administración de Sheinbaum se encuentra en una posición delicada, esperando la cooperación de un socio clave para resolver un asunto que tiene implicaciones tanto nacionales como internacionales.
Este retraso en la entrega de información por parte de EU podría interpretarse de diversas maneras. Por un lado, podría indicar una falta de contundencia en las pruebas que sustentan las acusaciones, o bien, una estrategia diplomática o legal por parte de Washington. Lo cierto es que, mientras tanto, la figura de Rocha Moya permanece en una especie de limbo legal y político.
El caso pone de manifiesto los desafíos inherentes a los procesos de extradición y la cooperación judicial entre México y Estados Unidos, especialmente cuando se trata de figuras políticas de alto perfil. La transparencia y la agilidad en la respuesta son cruciales para mantener la confianza en las instituciones y asegurar que se haga justicia.
La Presidenta Sheinbaum ha reiterado el compromiso de su gobierno con el Estado de derecho y la colaboración internacional, pero la pelota sigue en la cancha de las autoridades estadounidenses. La opinión pública y los actores políticos en Sinaloa y en el resto del país estarán atentos a los próximos pasos en este complejo entramado legal y diplomático.
La situación actual, marcada por la ausencia de información concreta de EU, deja abierta la puerta a múltiples especulaciones sobre el futuro de Rubén Rocha Moya y el impacto que esto podría tener en la política sinaloense. La decisión de cuándo y cómo regresará a sus funciones, si es que lo hace, dependerá en gran medida de los desarrollos en el ámbito internacional y de la resolución de las acusaciones en su contra.
En este contexto, la postura del gobierno mexicano, encabezado por Sheinbaum, se centra en esperar la documentación oficial, mientras se garantiza la continuidad administrativa en Sinaloa a través de la gobernadora interina. La paciencia y la prudencia parecen ser las consignas, a la espera de que la diplomacia y la justicia sigan su curso, aunque sea a un ritmo exasperantemente lento.