Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. El Departamento de Estado ha anunciado medidas contundentes, incluyendo la revocación de visas y el aumento de recompensas por información sobre sus líderes y colaboradores clave. Esta acción busca aislar aún más al cártel y presionar a sus operadores.
En total, 65 personas vinculadas a la estructura del CJNG se encuentran ahora bajo escrutinio y restricciones por parte de las autoridades estadounidenses. De este grupo, 26 individuos poseían visas vigentes que han sido canceladas de manera inmediata, impidiéndoles el acceso a territorio estadounidense. "Ya no pueden ingresar a nuestro país y aterrorizar al pueblo estadounidense", declararon fuentes oficiales, subrayando la determinación de Washington en esta lucha.
Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia implementada por la administración del presidente Donald Trump desde 2025, tras la designación del CJNG como una organización terrorista extranjera. La política de "puerta cerrada" se aplica no solo a los líderes criminales, sino también a sus familiares y socios cercanos, buscando desmantelar la red de apoyo y las operaciones financieras del cártel.
Hasta la fecha, Estados Unidos ha revocado un total de 93 visas a personas relacionadas con el CJNG, incluyendo familiares, colaboradores y facilitadores. La identidad de todos los sancionados se mantiene bajo reserva, pero se sabe que la lista incluye a figuras clave en la operación y financiamiento del cártel.
La ofensiva estadounidense se ha enfocado en desarticular la cúpula del CJNG, especialmente tras la presunta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, el anterior líder. En este contexto, Juan Carlos Valencia González, alias ‘El 03’ o ‘El Pelón’, hijastro de ‘El Mencho’, ha emergido como el presunto sucesor al frente de la organización. El gobierno de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura, señalándolo como un objetivo prioritario.
Además de Valencia González, las autoridades han puesto precio a la cabeza de otros operadores importantes del cártel. Por Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’; Gonzalo Mendoza Gaytán, alias ‘El Sapo’; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias ‘El Chorro’, se ofrecen 15 millones de dólares por cada uno. Estas recompensas buscan incentivar la colaboración ciudadana y obtener inteligencia crucial para las operaciones de captura.
Otras figuras con recompensas significativas incluyen a Ricardo Ruiz Velasco, alias ‘La Tripa’; Julio César Montero Pinzón, alias ‘El Tarjetas’; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias ‘La Firma’, por quienes se ofrecen 10 millones de dólares. Incluso Griselda Margarita Arredondo Pinzón tiene una recompensa de dos millones de dólares, evidenciando el alcance de la red criminal y la determinación de las autoridades por desmantelarla por completo.
Estas acciones coordinadas entre el Departamento de Estado y otras agencias de seguridad estadounidenses reflejan la creciente preocupación por el poder y la influencia del CJNG en el tráfico de drogas, lavado de dinero y otras actividades ilícitas. La estrategia de sanciones y recompensas busca no solo capturar a los líderes, sino también cortar sus fuentes de financiamiento y debilitar su capacidad operativa.
Históricamente, el CJNG ha sido señalado por su extrema violencia y su rápida expansión territorial en México, desafiando constantemente a las fuerzas de seguridad. Su designación como organización terrorista en 2025 marcó un punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos hacia México, elevando la cooperación bilateral en materia de seguridad a un nivel sin precedentes.
La coordinación con el gobierno mexicano es un pilar fundamental en esta estrategia. Ambas naciones buscan fortalecer los mecanismos de intercambio de información y realizar operaciones conjuntas para enfrentar la amenaza que representa el CJNG. El objetivo final es desestabilizar la estructura del cártel y reducir su impacto en ambos países.
Sin embargo, la efectividad a largo plazo de estas medidas dependerá de la capacidad de México para fortalecer sus propias instituciones de seguridad y justicia, y para abordar las causas subyacentes de la violencia y el crimen organizado. La lucha contra el CJNG es un desafío complejo que requiere un enfoque multifacético y sostenido.
En el ámbito financiero, el Departamento del Tesoro también ha impuesto sanciones a individuos y entidades presuntamente vinculados con el lavado de dinero y el narcotráfico del CJNG. Estas sanciones financieras buscan congelar activos y dificultar las transacciones ilícitas, complementando las medidas migratorias y de aplicación de la ley.
La comunidad internacional observa de cerca estos esfuerzos, reconociendo la gravedad del problema del narcotráfico transnacional. La cooperación entre Estados Unidos y México es vista como esencial para lograr avances significativos en la contención y eventual desmantelamiento de organizaciones criminales como el CJNG, que representan una amenaza constante para la estabilidad regional y la seguridad global.