El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha lanzado una contundente advertencia: la estrategia de Washington no se detendrá en los capos de alto perfil, sino que irá tras la totalidad de las redes que sostienen al crimen organizado.

En una clara señal de endurecimiento, Johnson detalló que el objetivo es desmantelar las estructuras financieras y operativas que permiten el funcionamiento de estas organizaciones delictivas, afectando así su capacidad de operación y expansión.

Sanciones y Redes Criminales

Las recientes sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos contra Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, y una extensa red de 21 individuos y 25 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, son un claro ejemplo de esta nueva fase.

“Vamos contra toda la red. No solo contra los líderes, sino también contra los traficantes, lavadores de dinero, empresas fachada y funcionarios corruptos: todos los que mantienen operando a estas organizaciones terroristas son un objetivo”, afirmó el embajador a través de un mensaje en la plataforma X.

Johnson enfatizó que la inclusión de casi 50 objetivos en estas sanciones demuestra el amplio alcance de la estrategia estadounidense, diseñada para golpear directamente las finanzas de estas organizaciones.

“Los estamos golpeando donde más les duele: su dinero”, sentenció el diplomático, subrayando la prioridad de cortar el flujo de recursos que nutren al narcotráfico.

Recompensas y Funcionarios Señalados

Como parte de la presión ejercida, Estados Unidos ha recordado las cuantiosas recompensas que ofrece por información que lleve al arresto o condena de figuras clave del narcotráfico. Se ofrecen hasta 5 millones de dólares por datos sobre Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”; René Arzate García, alias “La Rana”, y Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”.

“Estamos dejando claro que quienes lideran estas redes, se benefician de ellas o facilitan sus operaciones no tienen dónde esconderse”, declaró Johnson, enviando un mensaje de advertencia a todos los involucrados en actividades ilícitas.

La lista de sancionados por la OFAC no solo incluye a operadores del crimen organizado, sino también a exfuncionarios mexicanos que habrían colaborado con estas redes. Entre ellos se mencionan a Carlos Torres, exdiputado y exesposo de la gobernadora de Baja California; Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal y exasesor legislativo en Baja California; y Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.

Contexto de Cooperación y Presión

Estas acciones se dan en un contexto de creciente cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, pero también de una presión diplomática significativa por parte de Washington para que México redoble esfuerzos.

Las sanciones y acusaciones recientes contra funcionarios del Gobierno de Sinaloa, señalados por presuntamente proteger operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos, evidencian la complejidad de la infiltración del crimen en las estructuras de poder.

La acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado, incluyendo al entonces alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al senador Enrique Inzunza Cázarez, subraya la gravedad de las acusaciones y la profundidad de la investigación estadounidense.

La estrategia de Estados Unidos, tal como la describe el embajador Johnson, busca desarticular por completo las organizaciones criminales, atacando sus finanzas, sus redes de apoyo y a todos los que facilitan sus operaciones, sin importar su nivel o cargo. La advertencia es clara: nadie involucrado en estas redes está a salvo.