La próxima compra consolidada de medicamentos, orquestada por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), se encuentra en una encrucijada crítica. La industria farmacéutica ha lanzado una seria advertencia: los nuevos requisitos de etiquetado, que incluyen leyendas como "Gobierno de México", el escudo nacional, y la especificación "prohibida su venta y uso exclusivo del sector salud", así como "medicamento gratuito", imponen una carga financiera y logística considerable.
Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), estima que la adaptación de aproximadamente 3 mil 600 millones de piezas para el bienio 2027-2028 podría ascender a unos 10 mil millones de pesos. Este cálculo no solo abarca la adquisición de nuevas etiquetas, sino también la inversión en maquinaria especializada para su aplicación y los ajustes necesarios en las líneas de producción.
Costos de Producción y Riesgo Financiero
El directivo de Canifarma detalló que la complejidad de las nuevas etiquetas y los requerimientos de impresión exigen una inversión significativa en tecnología y procesos. "Tienes que poner la maquinaria que necesitas para poder etiquetar 3 mil 600 millones de piezas", señaló Gual Cosío, subrayando que no se trata de una simple modificación, sino de una reconfiguración de la cadena productiva.
Un factor de riesgo adicional para los fabricantes es la dificultad para recuperar esta inversión si el gobierno no garantiza la adquisición de los volúmenes comprometidos. Los productos con presentaciones exclusivas para el sector público, al llevar estas especificaciones, pierden flexibilidad para ser comercializados en otros mercados, lo que aumenta la vulnerabilidad financiera de las empresas.
"Si tú vas a fabricar una presentación exclusiva para Gobierno, pues no vas a poder desplazar ese producto en otros mercados", advirtió Gual Cosío. Por ello, la industria demanda una garantía mínima de compra del 80 por ciento, un porcentaje significativamente mayor al 40 por ciento observado en procesos anteriores, para mitigar el riesgo financiero.
Tiempos de Implementación y Desabasto
La ventana de tiempo para implementar estos cambios es otro de los puntos críticos. Según los cálculos de la industria, modificar el etiquetado para el volumen previsto requeriría alrededor de un año. Este plazo debe considerar la adquisición de materiales, la fabricación de las etiquetas y la adaptación de la maquinaria, un proceso que se antoja complicado ante los plazos actuales.
Alejandro Ramírez Salgado, especialista en Salud Pública y Políticas Sanitarias, cuestiona la efectividad del nuevo esquema de compra consolidada. Señala que, lejos de garantizar el abasto y los mejores precios, los costos adicionales del etiquetado deberán ser absorbidos por el gobierno, lo que podría impactar el presupuesto destinado a la adquisición de medicamentos.
"Birmex sostiene que la compra consolidada busca aprovechar el poder de negociación del Estado para conseguir mejores precios y garantizar el abasto oportuno. El punto es si los nuevos controles y requisitos mejorarán la seguridad del suministro o si podrían generar nuevas dificultades en la cadena de abasto", comentó Ramírez Salgado.
La falta de un periodo de transición adecuado para que los fabricantes realicen los cambios y agoten los inventarios existentes, sumada a la necesidad de obtener autorizaciones regulatorias, podría generar cuellos de botella. "Esto podría ralentizar terriblemente el abasto de medicamentos y genera un riesgo de desabasto, por los plazos tan comprimidos y la falta de criterios objetivos de verificación", alertó el especialista.
Incertidumbre en la Participación y Deuda Pendiente
El riesgo de desabasto se agrava ante la posibilidad de que algunos laboratorios decidan no participar en el proceso de licitación. Ante los elevados costos de adaptación y la incertidumbre sobre las compras efectivas, algunas empresas podrían considerar que la operación no es financieramente viable. Esto, a su vez, podría derivar en problemas de disponibilidad para los pacientes, especialmente en aquellos medicamentos con una oferta limitada de fabricantes.
La preocupación financiera de la industria farmacéutica se ve exacerbada por la deuda acumulada que el sector público mantiene con ella. Rafael Gual Cosío estima que esta deuda ronda los 15 mil millones de pesos, a pesar de que se han realizado algunos pagos a finales de 2025 y principios de 2026. La regularización de estos pasivos es fundamental para la estabilidad financiera de los proveedores y para asegurar su participación en los próximos procesos de compra.
En contexto, la compra consolidada de medicamentos es una estrategia implementada por el gobierno federal para centralizar las adquisiciones y obtener mejores precios, buscando así optimizar el gasto público en salud y garantizar el abasto. Sin embargo, los nuevos requisitos de etiquetado, impulsados por la administración actual, parecen contradecir estos objetivos al imponer costos adicionales y complejidades logísticas que podrían poner en jaque la disponibilidad de tratamientos esenciales para la población.