La estrategia para erradicar la comida chatarra de las aulas mexicanas, una medida aplaudida por sus intenciones de fomentar hábitos alimenticios saludables entre los menores, parece haber tenido un efecto colateral inesperado en las arcas públicas. Las cifras oficiales revelan un preocupante estancamiento en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a estos productos, evidenciando que la prohibición en sí misma no es suficiente para dinamizar los ingresos fiscales.
De enero a abril del presente año, el gravamen sobre frituras, pastelillos y otros productos considerados de alta densidad calórica apenas registró un crecimiento del 1.1% anual. Este dato contrasta drásticamente con el ritmo promedio del 14% observado en los cuatro años previos a la implementación de la restricción, la cual entró en vigor a finales de marzo de 2025. En el mismo periodo del año anterior, la recaudación de este IEPS había mostrado un crecimiento del 2.2%, un reflejo, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de un consumo ya moderado.
Iván Benumea, coordinador del Programa de Justicia Fiscal en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, reconoce que la prohibición en escuelas ha contribuido a un consumo más moderado. Sin embargo, enfatiza que los impuestos saludables son solo una pieza dentro de un rompecabezas más amplio de políticas públicas en materia de salud. "Debe hacerse un análisis a ese conjunto de medidas, y al final del día, lo que por lo menos desde Fundar nos gustaría que ocurriera, es que eventualmente el consumo disminuya tanto, y con ello, la recaudación, porque el fin último de los impuestos saludables es desincentivar el consumo", señaló Benumea.
La lucha contra la obesidad y las enfermedades asociadas a una mala alimentación en México es una batalla cuesta arriba. A pesar de las medidas implementadas, como el etiquetado frontal en empaques desde 2020 y el IEPS del 8% sobre el precio al consumidor final (antes del IVA) vigente desde 2014, los resultados en términos de salud pública y recaudación fiscal distan de ser los óptimos. La realidad es que cerca de la mitad de la población menor de 20 años consume cotidianamente botanas, dulces y postres, y más del 40% de los jóvenes ingieren cereales dulces, según datos que subrayan la magnitud del problema.
El especialista de Fundar es claro al señalar la necesidad de una actualización del IEPS. La propuesta de elevar la tasa al 20% busca alinear a México con estándares internacionales y, más importante aún, incentivar a las empresas a reformular sus productos. "Lo que hemos propuesto es que sea una tasa de 20% para que también se ajuste a los estándares internacionales. También, en parte, los objetivos de estos incrementos (a los impuestos) es que las empresas reformulen sus productos, que busquen hacer otro tipo de productos y, digamos, también se complementa mucho esta política con, por ejemplo, la implementación de los sellos en los productos", detalló.
La tendencia global respalda la efectividad de los impuestos a productos ultraprocesados como herramienta de política pública. Si en 2017 solo seis países aplicaban este tipo de gravámenes, para 2022 la cifra ascendió a 29 naciones. Un ejemplo cercano es Colombia, que ha incrementado progresivamente su tasa, pasando del 10% en 2023 al 15% en 2024, y estableciendo un 20% a partir de 2025, demostrando un compromiso firme con la salud pública a través de la fiscalidad.
Sin embargo, uno de los pendientes más significativos en la estrategia mexicana de impuestos saludables es la falta de mecanismos de trazabilidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha documentado la evidencia que sugiere que estos impuestos pueden reducir la compra y el consumo, incrementar la recaudación y fomentar la reformulación de productos. Pero para que estos beneficios se materialicen plenamente y cuenten con mayor aceptación ciudadana, es crucial garantizar que los recursos recaudados se destinen efectivamente a políticas y programas de salud.
"Nos parece que eso sigue siendo un gran pendiente porque en la medida en que sea posible verificar que lo que se recauda por estos impuestos se va a nuestro sistema de salud, estos impuestos tendrían mayor aceptación por parte de la ciudadanía", concluyó Benumea, subrayando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de estos fondos.
La prohibición en escuelas, aunque bien intencionada, ha puesto de manifiesto las limitaciones de una política fiscal desvinculada de ajustes estructurales y de una supervisión rigurosa. El desafío para el gobierno mexicano es ahora encontrar el equilibrio entre desincentivar el consumo de productos nocivos y asegurar que la recaudación fiscal derivada de estos esfuerzos se traduzca en beneficios tangibles para la salud pública, fortaleciendo el sistema de salud y promoviendo una cultura de alimentación más saludable en el país.
El análisis de la situación actual exige una revisión profunda de la estrategia fiscal. No basta con prohibir o gravar; es necesario un enfoque integral que considere la elasticidad de la demanda, la capacidad de reformulación de la industria y, sobre todo, la certeza de que los recursos generados por estos impuestos se reinviertan en el bienestar de la población.
La comparación con otros países, como Colombia, ofrece un camino a seguir. La implementación de tasas más elevadas y la vinculación explícita de la recaudación a programas de salud son lecciones aprendidas que México no puede darse el lujo de ignorar si busca resultados contundentes.
En definitiva, el estancamiento en la recaudación del IEPS por la prohibición de comida chatarra en escuelas es una señal de alerta. Es un llamado a la acción para que las autoridades fiscales y sanitarias trabajen de manera coordinada, revisen las tasas impositivas y establezcan mecanismos de transparencia que fortalezcan la confianza ciudadana y maximicen el impacto positivo de estas medidas en la salud de las futuras generaciones.
La falta de un crecimiento significativo en la recaudación del IEPS, a pesar de la restricción en planteles educativos, subraya la complejidad del problema de la obesidad y el sobrepeso en México. Las cifras de consumo entre los jóvenes son un reflejo de hábitos arraigados que requieren intervenciones más profundas y sostenidas en el tiempo.
La propuesta de elevar el IEPS al 20% no es solo una cifra, sino una estrategia para alinear los incentivos económicos con los objetivos de salud pública. Busca desincentivar el consumo de productos ultraprocesados y, al mismo tiempo, generar recursos que puedan ser canalizados hacia la prevención y el tratamiento de enfermedades relacionadas con la dieta.
La trazabilidad de los fondos recaudados es, sin duda, el eslabón perdido. Sin la certeza de que el dinero se destina a mejorar el sistema de salud, la justificación social y política de estos impuestos se debilita, dificultando su aceptación y sostenibilidad a largo plazo.