Mónica Gámez, esposa del excontralmirante Fernando ‘N’, ha lanzado una grave acusación que sacude los cimientos de la Secretaría de Marina: asegura poseer pruebas contundentes de que su cónyuge informó directamente al entonces titular de la dependencia, Rafael Ojeda Durán, sobre las operaciones de contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

Las declaraciones de Gámez, vertidas en una entrevista con Azucena Uresti, pintan un cuadro donde su esposo no solo se deslindaría de la red criminal, sino que habría actuado como un informante para sus superiores, buscando poner fin a las actividades ilícitas que se desarrollaban en las aduanas del país.

“Él cumplió con avisar y que ellos se entiendan y ellos vean qué van a hacer. Tan deslindado está de todo que dijo: ‘Yo te pongo con mi tío, tú le expones y que él vea qué hacer’. Tengo las pruebas de que mi esposo fue el que le avisó al tío”, afirmó Gámez, señalando directamente a Ojeda como el receptor de la información.

Esta revelación surge en un contexto crítico para Fernando ‘N’, quien recientemente fue vinculado a proceso por su presunta participación en una red criminal dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustible. La Fiscalía General de la República (FGR) ha sostenido la imputación y ha solicitado mantener la prisión preventiva oficiosa para el exmilitar.

Fernando ‘N’ permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como ‘Altiplano’, en Almoloya, Estado de México. Este mismo penal es donde se encuentra su hermano, Manuel Roberto ‘N’, también señalado por las autoridades como presunto líder de la red de huachicol fiscal que operaba en territorio nacional.

Manuel Roberto ‘N’ fue detenido en septiembre de 2026, recluido en el Altiplano y posteriormente vinculado a proceso por delincuencia organizada. La FGR ha reiterado que ambos hermanos son considerados inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria firme por parte de la autoridad judicial competente.

La defensa de Fernando ‘N’, a través de su esposa, insiste en su inocencia, argumentando que su actuar fue precisamente el de denunciar las irregularidades. Las entrevistas concedidas por Mónica Gámez desde el traslado de su esposo de Argentina a México han sido constantes, buscando exponer la versión de que Fernando ‘N’ fue un delator y no un partícipe de la red criminal.

Sin embargo, estas declaraciones públicas no han estado exentas de consecuencias. Gámez ha denunciado haber recibido amenazas y ser objeto de vigilancia, lo que la ha llevado a temer por su seguridad y la de su familia. La Fiscalía ha iniciado análisis para determinar si es necesario otorgarle protección.

En cuanto a la posible implicación del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, la FGR no ha emitido citatorio alguno para que rinda declaración sobre los señalamientos de los hermanos ‘N’. Durante su gestión, la Secretaría de Marina fue señalada por la presidenta Claudia Sheinbaum como la dependencia que presentó las denuncias contra la red de huachicol fiscal.

Sheinbaum, en diversas ocasiones, evitó señalar la participación de algún servidor público de alto nivel en el caso, enfocándose en la necesidad de que se haga justicia. La investigación acumula una veintena de detenidos, entre marinos, agentes aduaneros y empresarios, presuntamente involucrados en la red.

El caso del huachicol fiscal ha puesto en evidencia la complejidad de las redes criminales que operan en el país y la posible infiltración en estructuras de seguridad y aduanas. La acusación de Mónica Gámez añade una capa de intriga al señalar directamente a la cúpula de la Marina como receptora de información sobre estas actividades ilícitas.

La postura de la FGR, centrada en el proceso penal contra Fernando ‘N’ y su hermano, contrasta con las afirmaciones de la esposa del excontralmirante, quien insiste en que su esposo actuó de buena fe y alertó a las autoridades correspondientes. La existencia de pruebas, según Gámez, podría cambiar el curso de la narrativa oficial.

El contexto histórico de la lucha contra el huachicol, iniciada con gran énfasis al inicio del sexenio anterior, se ve ahora matizado por estas acusaciones. La presunta participación de elementos de la Marina en redes de contrabando de combustible ha sido un tema recurrente y sensible, y la declaración de Gámez podría reabrir debates sobre la efectividad de los controles internos y la transparencia en las fuerzas armadas.

Analistas señalan que, de confirmarse las afirmaciones de Gámez, se abriría una profunda crisis de credibilidad para la Secretaría de Marina y se pondría en entredicho la integridad de altos mandos. La FGR y la propia presidencia enfrentan ahora el desafío de investigar estas nuevas acusaciones sin comprometer la presunción de inocencia, pero sin ignorar la gravedad de los señalamientos.

La situación legal de Fernando ‘N’ y su hermano Manuel Roberto ‘N’ continuará desarrollándose en los tribunales, mientras que las declaraciones de Mónica Gámez prometen añadir presión y escrutinio público sobre las instituciones involucradas en la lucha contra el crimen organizado y el contrabando de combustible en México.