El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha lanzado una seria advertencia sobre las posibles repercusiones de los ajustes propuestos al Paquete Económico 2027, señalando que ciertas modificaciones a las deducciones fiscales podrían empujar a empresas cumplidoras y con márgenes de operación estrechos hacia la quiebra.
José Medina Mora Icaza, presidente del CCE, expuso en entrevista con Expansión que el organismo empresarial no se opone a la lucha contra la evasión fiscal ni a la necesidad de que todos los actores económicos contribuyan al erario. Sin embargo, enfatizó la preocupación de que una regla general, mal diseñada, pueda impactar negativamente a modelos de negocio que, si bien pagan impuestos, operan con rentabilidades bajas debido a la venta de grandes volúmenes. "Lo que estamos cuidando es que eso no afecte a empresas que sí pagan impuestos, pero cuyo modelo de negocio hace que tengan un margen muy bajo", declaró Medina Mora, subrayando la necesidad de un equilibrio que permita la recaudación sin asfixiar a la economía formal.
El dirigente empresarial detalló que la problemática trasciende el simple incremento de la carga tributaria. Una mayor proporción de recursos destinada al pago de impuestos se traduce, inevitablemente, en una menor disponibilidad de capital para la reinversión y el crecimiento. Por ello, el eje central de la negociación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reside en la búsqueda de un mecanismo que eleve la recaudación proveniente de quienes evaden sus responsabilidades fiscales, sin comprometer la viabilidad operativa de las compañías que ya cumplen con sus obligaciones.
El Reto de la Inversión y el Grado de Financiamiento
Medina Mora contextualizó la discusión fiscal dentro de un desafío mayor para 2027: revitalizar el crecimiento económico de México sin poner en riesgo su grado de inversión. El CCE ha planteado al gobierno la urgencia de cumplir con la meta de reducir el déficit público, moderar el endeudamiento y sentar las bases para una trayectoria de crecimiento sostenido. El líder empresarial estimó que México cuenta con un margen de aproximadamente 18 meses para mantener su calificación crediticia, un plazo que, advirtió, no debe ser motivo de complacencia.
En paralelo, el sector privado observa con optimismo las señales de una relación constructiva con Estados Unidos en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Existen indicios favorables para una posible reducción de los aranceles de la Sección 232, que actualmente afectan a sectores clave como el automotriz, acero, aluminio y cobre. A pesar de la resistencia de algunos sectores empresariales estadounidenses que buscan mantener estas barreras, el CCE percibe "vientos favorables en Washington" que podrían derivar en un acuerdo beneficioso para México, particularmente en lo referente a la disminución de estos gravámenes.
El empresario señaló que, incluso dentro del sector automotriz, algunas compañías estadounidenses establecidas en México se ven perjudicadas por el esquema actual, enfrentando un arancel del 25% para exportar a EE. UU., mientras que competidores de Asia y Europa gozan de tarifas menores y no están sujetos a las mismas reglas de origen. Esta situación evidencia la complejidad y las oportunidades de negociación que se presentan en la relación bilateral.
Oportunidades y Desafíos del Plan México
Para capitalizar las oportunidades que emanan del llamado "Plan México", el sector privado ha identificado diversos retos, que van desde la garantía de un suministro energético suficiente hasta el fomento del desarrollo de proveedores locales y la aceleración de la digitalización económica. Medina Mora destacó particularmente el potencial para atraer inversiones en sectores de alta tecnología como semiconductores, centros de datos e inteligencia artificial. No obstante, advirtió que la falta de energía suficiente podría ser un cuello de botella insalvable para la llegada de capital en otros rubros.
Paralelamente, el CCE ha manifestado su respaldo a la transición hacia una economía con menor dependencia del efectivo, impulsada por la Ley de Economía Digital. Sin embargo, reconoció que este cambio trasciende el ámbito regulatorio. La consolidación de los pagos digitales como práctica cotidiana requiere una inversión significativa en infraestructura, educación financiera y capacitación, especialmente en las zonas rurales, donde las brechas de conectividad y acceso a la tecnología persisten. La CURP biométrica y la expansión de los pagos digitales son vistas por el CCE como pilares para construir una economía más formal y productiva, pero su alcance efectivo dependerá de superar estas barreras geográficas y educativas.
Hacia un 2027 con Mayor Certidumbre Jurídica y Económica
El panorama que vislumbra el CCE para 2027 se complementa con la expectativa de una mayor certidumbre jurídica, derivada de la implementación de la reforma al Poder Judicial. El sector privado espera poder evaluar, con el paso del tiempo, el funcionamiento del nuevo sistema de justicia y confirmar si se han creado las condiciones para operar sin presiones indebidas. "Tendremos ya más tiempo de implementación de la reforma del Poder Judicial para poder comprobar que efectivamente no hay una consigna contra las empresas", afirmó Medina Mora.
Esta perspectiva se suma a la oportunidad estratégica que representa el "Plan México", concebido por el CCE como una estrategia a largo plazo para incrementar la inversión hasta un 25% del PIB, con miras a alcanzar un 28% posteriormente. El plan busca fortalecer la cadena de valor nacional y capitalizar las oportunidades emergentes en sectores de vanguardia como la electrónica, los semiconductores, los centros de datos y la inteligencia artificial, consolidando a México como un destino atractivo para la inversión global.
En este contexto, la advertencia del CCE sobre los ajustes fiscales resuena como un llamado a la prudencia y al diálogo. La capacidad del gobierno para diseñar políticas que fomenten la recaudación sin desincentivar la inversión y la operación de las empresas será crucial para determinar la salud económica del país en los próximos años. El sector empresarial se muestra dispuesto a colaborar, pero insiste en la necesidad de que las medidas fiscales sean equitativas y sostenibles, protegiendo a aquellos que ya contribuyen activamente al desarrollo económico de México.
La negociación entre el CCE y Hacienda se perfila como un punto de inflexión para el Paquete Económico 2027. El resultado de estas conversaciones definirá no solo el futuro de muchas empresas mexicanas, sino también la confianza del sector productivo en el entorno económico y regulatorio del país. La búsqueda de un equilibrio entre la necesidad de recursos fiscales y la protección del tejido empresarial es un desafío que requiere visión, flexibilidad y un profundo entendimiento de las dinámicas económicas.