El Paquete Económico 2027, propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha encendido las alarmas en el sector empresarial mexicano. Representantes de cámaras industriales, sectores productivos clave como el manufacturero, automotriz y de autotransporte, junto con especialistas en materia contable, han advertido sobre las severas repercusiones económicas, operativas y fiscales que traerían consigo las nuevas disposiciones.
Límite a Deducciones: Un Golpe a Márgenes Bajos
Uno de los puntos más críticos señalados es el establecimiento de límites a las deducciones autorizadas. Gabriel Andrade, presidente de la Comisión Fiscal de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), explicó que esta medida afectará de manera desproporcionada a empresas con márgenes de operación reducidos, como mayoristas, abarroteros, gasolineros, distribuidores de combustibles, gas y farmacéuticos, así como al sector automotriz. Estas empresas, que operan por volumen y con márgenes estrechos, podrían enfrentar tasas impositivas efectivas que oscilan entre el 50%, 100% y hasta el 200%.
"Hay algunos sectores que están trabajando, y si ganan un peso, tienen que pagar dos pesos de impuestos, lo que provoca una descapitalización de las empresas que trabajan formalmente", señaló Andrade, subrayando el riesgo de que muchas compañías se vean obligadas a reducir su capital de trabajo, limitando su capacidad para reinvertir en infraestructura, innovación y expansión.
Martín Aguayo Solano, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), añadió que la situación se agrava por la ya existente no deducibilidad de una parte de los sueldos y salarios (entre 47% y 53%). La aplicación de un límite general a las deducciones podría generar una "duplicidad en la no deducción", intensificando la carga fiscal sobre las empresas.
Restricción al Endeudamiento y su Impacto en la Inversión
Las propuestas fiscales también contemplan limitar la capacidad de endeudamiento de las empresas. Ricardo Cervantes Vargas, del Consejo de Empresas Globales, detalló que se busca reducir el porcentaje de intereses deducibles sobre la utilidad fiscal neta del 30% actual a un 20%. Esta medida, derivada de normativas internacionales antiabuso, podría disminuir en un 33% la capacidad de las empresas para financiarse a través de deuda.
"La forma natural, por lo menos en el caso de las empresas globales, así sucede para poder invertir en el país; a través de deuda", afirmó Cervantes Vargas. La restricción en el acceso a financiamiento vía deuda podría desalentar significativamente las inversiones en el país, afectando el desarrollo de proyectos y la expansión de operaciones.
Maquiladoras y Pymes en Riesgo
Fernanda Padilla, representante del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), advirtió que la limitación a las deducciones podría "destruir la viabilidad financiera" de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que operan bajo el esquema Shelter. Este modelo, crucial para que Pymes extranjeras operen en México sin establecer filiales completas, se vería seriamente comprometido.
La inviabilidad financiera de distribuidoras y esquemas Shelter podría llevar a las maquiladoras mexicanas a perder compradores y facilitadores operativos esenciales. El riesgo latente es que estas empresas decidan reubicar sus líneas de producción e inversiones a otros países con marcos fiscales más atractivos y predecibles, lo que se traduciría en una pérdida de empleos y competitividad para México.
Industria Automotriz y Autotransporte Bajo Presión
Odracir Barquera, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), señaló que limitar las deducciones al 96.67% generaría "restricciones al flujo de efectivo", desproporcionalidad en los pagos provisionales y una "inhibición para las nuevas inversiones". Estos factores, sumados a los aranceles, caídas en la producción y exportación, y la pérdida de empleos en el sector, crean un panorama sombrío.
El sector de autotransporte enfrenta además un tope al estímulo fiscal por el uso de autopistas. Esta medida, propuesta en la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, podría obligar a las empresas formales a desviar sus operaciones hacia carreteras libres para reducir costos. Sin embargo, esto incrementaría la informalidad en un sector ya de por sí difícil de fiscalizar directamente.
Hacia la Informalidad y la Descapitalización
Daniela Martínez Rodríguez, en representación de Concanaco Servytur México, coincidió en que la acumulación de costos, como la reducción de la jornada laboral y los pagos provisionales extraordinarios, junto con las nuevas restricciones fiscales, "puede aumentar la presión hacia la informalidad". Las empresas formales, al enfrentar una carga impositiva "asfixiante", podrían verse orilladas a operar al margen de la ley para sobrevivir.
Reginaldo Esquer Félix, de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, lamentó que el Paquete Económico 2027 no incluya políticas públicas para incentivar la formalización o atraer nuevos contribuyentes. En cambio, concentra la carga fiscal en los contribuyentes formales existentes, con el riesgo de que estos "vayan desapareciendo paulatinamente del padrón en vez de lograr ampliar la base gravable".
En contexto, estas propuestas fiscales surgen en un momento en que la economía mexicana busca consolidar su recuperación y atraer inversión extranjera. Las advertencias empresariales sugieren que, de aprobarse, estas medidas podrían tener el efecto contrario, minando la competitividad del país y exacerbando problemas estructurales como la informalidad y la baja recaudación fiscal a largo plazo.
Históricamente, los paquetes económicos han sido objeto de debate entre el gobierno y el sector privado. Sin embargo, la magnitud de las preocupaciones expresadas por diversas cúpulas empresariales en esta ocasión sugiere una desconexión significativa entre las necesidades del aparato productivo y las prioridades recaudatorias del gobierno federal.
Las implicaciones a futuro son claras: si las empresas formales ven mermada su capacidad operativa y financiera, la inversión se retraerá, la generación de empleo formal se estancará y la base tributaria, en lugar de ampliarse, podría incluso reducirse, creando un círculo vicioso de baja recaudación y mayor presión fiscal sobre los pocos que permanezcan en la formalidad.
Analistas señalan que la SHCP podría estar buscando asegurar ingresos fiscales ante un panorama económico incierto o para financiar programas sociales y de infraestructura. No obstante, la estrategia de aumentar la carga sobre los contribuyentes existentes, en lugar de ampliar la base, es una táctica que históricamente ha demostrado ser contraproducente para el crecimiento económico sostenible.
La pelota está ahora en el Congreso de la Unión, donde estas propuestas deberán ser debatidas y, en su caso, aprobadas. La presión del sector empresarial será un factor clave en las negociaciones que definirán el rumbo fiscal de México en los próximos años.
El gobierno federal, por su parte, deberá sopesar las advertencias empresariales frente a sus objetivos recaudatorios. Ignorar estas preocupaciones podría tener consecuencias negativas para la inversión, el empleo y la competitividad general de la economía mexicana.