El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) celebró su 50 aniversario en un ambiente de cordialidad y amplia convocatoria, reuniendo a gobernadores, líderes de organismos empresariales, embajadores y altos funcionarios federales. Entre los asistentes destacaron el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, el canciller Roberto Velasco y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
La Presidenta Claudia Sheinbaum se mostró complacida durante el evento, extendiendo su estancia para saludar a los invitados y participar en fotografías. La elección de la sede fue considerada acertada, pero más allá de la celebración, los diálogos y anuncios en los pasillos cobraron gran relevancia.
José Medina Mora Icaza, presidente del CCE, aprovechó la ocasión para reafirmar la naturaleza del organismo como una institución que, si bien busca el diálogo, no renuncia a sus diferencias. Subrayó la necesidad imperante de México de atraer inversión, pero también de garantizar certidumbre jurídica, seguridad, y el abasto de energía y agua para que los proyectos se traduzcan en crecimiento económico sostenible y en la reducción del déficit fiscal. Este mensaje fue recibido con aplausos, dirigiendo la mirada hacia el secretario de Hacienda presente.
Por su parte, la Presidenta Sheinbaum recordó la inversión pública y mixta proyectada en 8.4 billones de pesos para los próximos cuatro años, enfocada en sectores clave como infraestructura energética, transporte, agua, puertos y vivienda. Uno de los anuncios que generó mayor entusiasmo fue la posibilidad de que, a partir de 2027, los contribuyentes puedan regularizar sus adeudos fiscales sin la aplicación de multas ni recargos. Al finalizar el encuentro, la pregunta clave para Édgar Amador se centró en si este beneficio incluiría también las actualizaciones, un detalle que se espera sea precisado en las próximas reglas correspondientes, pero que sin duda fue música para los oídos de muchos empresarios.
En este contexto, dos temas dominaron las conversaciones informales: la reciente adquisición de una compañía telefónica por parte de Televisa y el anuncio de sanciones por más de mil 210 millones de dólares impuestas por Estados Unidos al Bank of America, debido a deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero y el incumplimiento de obligaciones regulatorias. En México, la filial del banco es encabezada por Emilio Romano, quien también preside la Asociación de Bancos de México (ABM). Dada la situación, la conversación inevitablemente se vinculó a este tema. Sin embargo, fuentes conocedoras del sector bancario señalaron que la sanción estadounidense no guarda relación alguna con las operaciones de la institución en México, y que la filial mexicana no está implicada, lo cual representa una buena noticia tras los incidentes ocurridos en la industria el año anterior.
Con 50 años de trayectoria, el CCE tiene sobradas razones para celebrar, y se extendieron agradecimientos a directivos y colaboradores. Fue gratificante observar la presencia de figuras como Claudio X. González y Héctor Rangel Domene, quienes fueron reconocidos junto a expresidentes y miembros de otros organismos empresariales. Al final, el verdadero balance de esta celebración no se medirá en fotografías ni discursos, sino en la materialización de los acuerdos logrados, tal como enfatizaron la Presidenta Sheinbaum y el líder del CCE, Medina Mora, en la traducción de estos pactos en inversión y crecimiento, elementos cruciales para el país. El desafío reside en pasar del discurso a los resultados tangibles.
Modernización de Pagos: Mastercard Apunta a las Cajas de Supermercado
La modernización de los sistemas de pago en México se expande hacia un nuevo frente: las cajas de los supermercados. Mastercard, bajo la dirección de Sidney Massunaga en el país, busca acelerar la adopción de la tecnología sin contacto (contactless) para que los consumidores puedan realizar el pago de su despensa simplemente acercando su tarjeta o utilizando una billetera digital desde su teléfono móvil, eliminando la necesidad de procesos adicionales en la terminal de cobro.
Este programa de aceleración de pagos sin contacto surge ante una aparente paradoja: mientras más del 90 por ciento de los usuarios poseen tarjetas o billeteras habilitadas para esta tecnología, solo cuatro de cada diez transacciones en supermercados y farmacias se realizan bajo esta modalidad. Adicionalmente, se ha identificado que el 73 por ciento de las operaciones elegibles en grandes comercios presentan algún tipo de fricción, un obstáculo que Mastercard busca eliminar activamente. La problemática se agrava en las cadenas comerciales, donde las alternativas para realizar pagos digitales son limitadas.
El desafío, por lo tanto, no recae únicamente en el consumidor, sino también en la capacidad de aceptación tecnológica y operativa por parte del comercio. Es en este punto donde la procesadora de pagos planea enfocar sus esfuerzos, colaborando estrechamente con adquirentes y cadenas comerciales para ofrecer capacitación, soporte técnico y realizar las adecuaciones necesarias que permitan aprovechar la infraestructura ya instalada y facilitar la adopción de pagos digitales.
Según un estudio difundido por la propia compañía en abril de 2026, el efectivo aún representa aproximadamente el 60 por ciento de los pagos de consumo personal en México. Revertir esta tendencia se perfila como una de las tareas más arduas para Sidney Massunaga al frente de la compañía. Si bien la tecnología ya existe, el reto ahora consiste en acostumbrar a los usuarios a su uso, y se espera que esta iniciativa contribuya a agilizar, simplificar y asegurar las transacciones en tiendas.
Cervezas, Litigios y la Sombra de la Incertidumbre Jurídica
Tras un prolongado proceso judicial que se inició en 2018, el litigio entre Grupo Modelo y Heineken México, centrado en las presentaciones comerciales de las marcas Michelob Ultra y Amstel Ultra, podría regresar a su punto de origen, sin una resolución de fondo y, lo que es más preocupante, sin la claridad necesaria para los actores de una industria donde la diferenciación de marcas es un componente esencial del negocio.
Años de batallas legales, en las que la marca constituye un activo fundamental para cualquier empresa, parecen encaminarse hacia un escenario de incertidumbre. Se anticipa que en los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un proyecto del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía. Dicho proyecto propone desechar el amparo directo en revisión 2337/2026, sin abordar el fondo de la controversia. Esta situación deja en el aire la resolución de un conflicto que ha afectado la dinámica competitiva y la estrategia de mercado de las compañías involucradas, generando un ambiente de falta de certidumbre en un sector clave de la economía.
El contexto de este litigio se enmarca en la importancia de la propiedad intelectual y la protección de marcas en el sector de bebidas. La dilación en la resolución judicial no solo impacta a las empresas directamente involucradas, sino que también puede generar un precedente sobre cómo se manejan las disputas de marcas en el país, afectando la confianza de los inversionistas y la previsibilidad del entorno de negocios. La falta de una resolución clara podría obligar a las empresas a reevaluar sus estrategias de marketing y posicionamiento, ante la posibilidad de que las marcas en disputa deban ser modificadas o retiradas del mercado, lo cual representa un riesgo significativo en una industria tan competitiva.
Históricamente, la industria cervecera en México ha sido testigo de intensas competencias y disputas legales, reflejo de su dinamismo y del valor económico de sus marcas. La intervención de la SCJN en casos de esta naturaleza subraya la relevancia de la protección de los derechos de propiedad industrial y la necesidad de un marco jurídico que brinde seguridad a las empresas. Sin embargo, la posibilidad de que el caso sea desechado sin un análisis de fondo genera preocupación entre los empresarios del sector, quienes esperan un pronunciamiento claro que establezca las reglas del juego y evite la perpetuación de la incertidumbre.
Las implicaciones de esta falta de resolución van más allá de las dos compañías litigantes. Una industria que depende fuertemente de la imagen y el reconocimiento de sus marcas necesita un entorno jurídico estable y predecible. La prolongación de este tipo de disputas puede desalentar la inversión y la innovación, ya que las empresas podrían ser reacias a lanzar nuevos productos o a invertir en el posicionamiento de sus marcas si no tienen la certeza de que sus derechos serán protegidos de manera efectiva y expedita. La SCJN tiene en sus manos la oportunidad de enviar una señal clara sobre el compromiso del Estado con la seguridad jurídica en el ámbito empresarial, un factor indispensable para el crecimiento económico y la atracción de capital.
En este escenario, la postura del CCE, expresada por Medina Mora, sobre la necesidad de certidumbre jurídica cobra una relevancia particular. La resolución de litigios como el de Grupo Modelo y Heineken México es un componente esencial de esa certidumbre. Los empresarios esperan que las instituciones judiciales actúen con celeridad y transparencia, garantizando un piso parejo para la competencia y protegiendo los activos intangibles que son vitales para el éxito de las empresas en el mercado globalizado actual. La decisión final de la SCJN será observada de cerca por toda la industria y por el sector empresarial en general, como un indicador de la fortaleza del Estado de derecho en México.