El sector empresarial mexicano ha lanzado una seria advertencia sobre las implicaciones de la propuesta de reforma fiscal incluida en el Paquete Económico 2027. Organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) han expresado su preocupación ante la posibilidad de que la limitación de deducciones fiscales, diseñada para aumentar la recaudación y combatir la evasión, termine por golpear la inversión y el empleo formal en el país.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) busca con esta medida que las empresas que han reportado pérdidas fiscales de manera recurrente o que han pagado poco o nada de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en años anteriores, contribuyan más al erario. La propuesta se enfoca en personas morales con ingresos superiores a 50 millones de pesos que obtengan utilidad fiscal. Sin embargo, el sector privado argumenta que la regla podría afectar indiscriminadamente a compañías que, si bien cumplen con sus obligaciones fiscales, operan con costos elevados y márgenes de ganancia reducidos, como distribuidores, mayoristas, abarroteros y pequeños comercios.
El Dilema de la Utilidad Fiscal
José Medina Mora, presidente del CCE, reconoció la validez del problema que Hacienda busca resolver: la existencia de empresas que, a pesar de operar por años, no generan utilidades ni pagan impuestos. "Esto es una buena medida para que aquellas empresas que no pagan impuestos los paguen. Pero afecta a otras", señaló Medina Mora, subrayando la necesidad de un análisis más profundo para distinguir entre evasión y operaciones legítimas con márgenes ajustados.
La preocupación central radica en que la "utilidad fiscal" que Hacienda pretende gravar podría no reflejar la realidad financiera de muchas empresas. Para compañías con altos costos operativos, como la compra de mercancías, salarios, renta, energía y transporte, el margen de ganancia puede ser mínimo. Una modificación en las deducciones permitidas podría alterar drásticamente sus balances, obligándolas a pagar impuestos sobre beneficios que en la práctica no se materializan.
Impacto en la Inversión y la Formalidad
Juan Pablo Castañón, vicepresidente del Comce, advirtió que las repercusiones de esta medida podrían ir más allá del ámbito fiscal, impactando directamente en la inversión y la permanencia en la economía formal. Si las empresas ven mermado su flujo de efectivo debido a menores deducciones y enfrentan aumentos en costos laborales y operativos, se verán forzadas a buscar compensaciones.
Una de las primeras opciones sería el aumento de precios, pero esto no siempre es viable en mercados competitivos. Ante la imposibilidad de trasladar los costos al consumidor, las empresas tendrían que reducir otros gastos. Para las pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que constituyen el 99.8% de las unidades económicas en México, las opciones son limitadas. Esto podría traducirse en la postergación de la compra de maquinaria, la detención de expansiones, la reducción de contrataciones o incluso despidos.
Castañón también planteó el riesgo de un aumento en la informalidad. Las empresas con dificultades para absorber el golpe fiscal podrían recurrir a prácticas como registrar salarios inferiores a los reales ante la seguridad social o pagar parte de la remuneración fuera de los esquemas formales. "¿Qué va a pasar con la tributación de la pequeña empresa? ¿Qué seguirá pasando con la formalidad? ¿Seguirá disminuyendo? Esa es nuestra pregunta y esa es nuestra observación", cuestionó el representante del Comce.
La Necesidad de Ingresos y el Riesgo para las MiPyMEs
La propuesta de Hacienda responde a una necesidad apremiante de incrementar los ingresos fiscales. Se estima que los cambios en deducciones y pérdidas fiscales podrían generar alrededor de 140,000 millones de pesos adicionales. El secretario de Hacienda, Édgar Amador, explicó durante el Expansión Summit 2026 que la dependencia ha detectado personas morales operando sin utilidades por una década, lo cual considera difícil de justificar para una empresa activa.
La Coparmex, si bien reconoce la importancia de combatir la evasión y valora que el Paquete Económico no contemple nuevos impuestos generales ni alzas generalizadas de tasas, insiste en que la carga tributaria sí podría incrementarse para ciertos sectores. El organismo coincide en que las limitaciones propuestas podrían obligar a algunas compañías a pagar ISR sobre utilidades fiscales que no se corresponden con su realidad financiera, afectando especialmente a empresas endeudadas o con márgenes reducidos.
La discusión se torna aún más compleja ante la necesidad del gobierno de obtener recursos, lo que podría llevar a medidas que, si bien buscan la equidad fiscal, corren el riesgo de desincentivar la inversión y la creación de empleo, pilares fundamentales para el crecimiento económico del país. El sector privado ha solicitado mesas de trabajo especializadas para revisar a fondo la propuesta y buscar alternativas que permitan alcanzar los objetivos recaudatorios sin sacrificar la vitalidad económica de las empresas, especialmente las más pequeñas.
En el contexto actual, donde la recuperación económica aún presenta desafíos, cualquier medida que pueda mermar la liquidez empresarial o desincentivar la inversión representa un riesgo significativo. La SHCP se enfrenta al reto de equilibrar la necesidad de financiamiento público con la preservación de un entorno propicio para los negocios, la inversión y la generación de empleo formal, elementos cruciales para la estabilidad y el desarrollo de México.