El fenómeno meteorológico de El Niño se perfila como un desafío mayúsculo para la estabilidad económica y las finanzas públicas de una decena de estados en México. La agencia calificadora Standard and Poor's (S&P) ha encendido las alarmas, señalando que la exposición de estas entidades a sequías, inundaciones y ciclones tropicales, aunada a la concentración de sus economías en sectores altamente sensibles al clima como el turismo y la agricultura, las coloca en una posición vulnerable.
Las entidades identificadas con mayor riesgo son Baja California Sur, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. S&P subraya que, si bien el impacto global de El Niño en México podría ser moderado en comparación con otros mercados emergentes, sus efectos serán heterogéneos a nivel regional y podrían generar presiones presupuestarias significativas para los gobiernos estatales. Estas presiones se intensificarían si las administraciones locales se ven obligadas a incrementar el gasto para atender emergencias y para la reconstrucción de infraestructura dañada, todo ello en un escenario de desaceleración económica.
Sequías y Ciclones: Amenazas a la Producción
El análisis de S&P desglosa los riesgos en dos frentes principales. En el norte y centro del país, las amenazas se centran en las sequías prolongadas, las altas temperaturas y la consecuente escasez de agua. Por otro lado, en las regiones del Golfo de México, así como en el sur y sureste del territorio, los riesgos se materializan en forma de lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra. A estos factores se suma la exposición directa de entidades costeras como Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y Veracruz a la trayectoria de ciclones tropicales.
La vulnerabilidad económica de cada estado está intrínsecamente ligada al peso de las actividades que dependen directamente de las condiciones climáticas, como la temperatura, la precipitación y la disponibilidad de agua. S&P considera sectores clave como la agricultura, la industria de alimentos y bebidas, la manufactura textil, la química, la construcción, la generación de electricidad y el turismo. En conjunto, estas actividades representan aproximadamente el 24% del empleo a nivel local en México, según detalla el reporte.
La calificadora clasifica como de alta exposición a aquellas entidades donde más del 34% de su Producto Interno Bruto (PIB) proviene de sectores vulnerables a El Niño. Sinaloa y Durango emergen como casos destacados por su dependencia directa de las condiciones hídricas. Una menor disponibilidad de agua podría mermar significativamente las actividades agropecuarias y las industrias asociadas a la producción de alimentos, con repercusiones directas sobre el empleo y la actividad económica general. En el caso específico de Sinaloa, el riesgo se agrava al combinar la dependencia del agua con la exposición a ciclones tropicales.
Durango, por su parte, enfrenta una vulnerabilidad particular ante las condiciones de sequía. Es importante señalar que S&P no ha cuantificado las pérdidas económicas específicas que cada entidad podría sufrir, ni ha estimado el costo de un eventual episodio climático severo.
En los destinos turísticos por excelencia, como Quintana Roo y Baja California Sur, los ciclones y las lluvias intensas representan una amenaza latente para la continuidad de las operaciones económicas y la integridad de la infraestructura turística, vital para sus economías.
Veracruz, una entidad con una geografía compleja, se enfrenta a precipitaciones extremas, inundaciones y deslizamientos que inevitablemente incrementarán la demanda de atención de emergencias y la necesidad de reparar los daños materiales.
La exposición al fenómeno no se limita a los sectores primarios y turísticos. Estados cuya economía se sustenta en actividades manufactureras intensivas en el uso de agua también podrían resentir los efectos. S&P advierte que Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora podrían experimentar presiones significativas debido a su dependencia de industrias como la manufactura automotriz. Este sector, que representa en promedio alrededor del 27% del PIB estatal y genera cerca del 13% del empleo local, podría verse afectado por la escasez de agua, incluso si estas entidades no se encuentran en el grupo de alta exposición económica directa.
Implicaciones Fiscales y la Respuesta Federal
Los efectos de El Niño trascienden el ámbito empresarial y laboral, proyectándose directamente sobre las finanzas de los gobiernos estatales. S&P identifica tres canales principales a través de los cuales los fenómenos climáticos impactan las arcas públicas: la desaceleración de la economía local, el incremento en las necesidades de gasto y las presiones sobre la liquidez y la flexibilidad presupuestaria.
La atención de emergencias, la restauración de servicios públicos esenciales, la reconstrucción de infraestructura dañada y las inversiones necesarias para fortalecer la resiliencia hídrica pueden disparar tanto el gasto operativo como el de inversión de los gobiernos. Simultáneamente, una contracción temporal de la actividad económica puede derivar en una disminución de los ingresos públicos, complicando la financiación de estas necesidades extraordinarias sin comprometer otras prioridades presupuestarias establecidas.
La magnitud de estas presiones fiscales dependerá de factores intrínsecos a cada estado, como la diversificación de su economía, la solidez de su posición fiscal y financiera, y la capacidad de sus administraciones para gestionar eficientemente los recursos disponibles, según S&P.
La respuesta del gobierno federal se perfila como un factor determinante para mitigar estos impactos. La agencia recuerda la existencia previa del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que antes de su extinción en 2020, contaba con recursos cercanos a los 27,000 millones de pesos destinados a atender emergencias y apoyar la reconstrucción de infraestructura. Tras la desaparición del Fonden, la capacidad de respuesta ante contingencias de esta naturaleza recae ahora de manera más pronunciada en asignaciones presupuestarias directas por parte del gobierno federal.
Si bien algunas entidades han implementado fondos específicos y contratado seguros catastróficos, estos mecanismos conllevan costos elevados y no siempre son suficientes para cubrir la totalidad de las pérdidas ocasionadas por eventos de gran magnitud. Por consiguiente, S&P enfatiza que la oportunidad y el alcance de los apoyos federales serán cruciales para aliviar las presiones sobre las finanzas públicas estatales ante la inminencia de fenómenos climáticos adversos.