La economía mexicana ha dado un giro inesperado, registrando el mejor desempeño trimestral en más de cinco años. El Producto Interno Bruto (PIB) oportuno, según cifras desestacionalizadas del INEGI, experimentó un crecimiento del 1.5 por ciento entre abril y junio, un repunte notable tras una contracción del 0.6 por ciento en el primer trimestre del año.
Este avance, que se traduce en un crecimiento anual del 2.1 por ciento, ha sido generalizado. Las actividades primarias mostraron un avance trimestral del 3.3 por ciento, la industria creció un 1.6 por ciento, y el sector de servicios registró un incremento del 1.5 por ciento. Estos datos sugieren una reactivación económica robusta que contrasta con las previsiones más conservadoras.
Si bien una parte de este crecimiento puede atribuirse a un efecto rebote tras un primer trimestre afectado por factores como las heladas en el campo y la incertidumbre arancelaria, y otro tanto a estímulos transitorios como la Copa Mundial que impulsó el comercio y el sector turístico, existen fundamentos más sólidos que apuntan a una recuperación duradera.
En el ámbito laboral, la ocupación aumentó en 353 mil personas, manteniendo la tasa de desempleo en un bajo 2.7 por ciento. La masa salarial formal experimentó un incremento real del 4.6 por ciento, y la inflación regresó al rango objetivo del Banco de México, situándose en 3.4 por ciento en junio. Esta estabilidad inflacionaria permitió al banco central recortar la tasa de interés a 6.50 por ciento en mayo, antes de pausar su ciclo de ajustes.
El sector externo también ha jugado un papel crucial en esta recuperación. Las exportaciones aumentaron un impresionante 12.2 por ciento trimestral, con la manufactura no automotriz liderando el crecimiento con un 14.3 por ciento. El sector automotriz, por su parte, vivió su mejor trimestre desde finales de 2023. En un contexto global marcado por la reconfiguración de cadenas de suministro y la imposición de aranceles, la ventaja competitiva de México, reforzada por el T-MEC, sigue siendo un pilar fundamental.
Con estos resultados, el crecimiento acumulado en el semestre se sitúa en 1.2 por ciento. Esto hace que el rango de crecimiento del 1.8 al 2.8 por ciento proyectado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los Pre-Criterios de Política Económica, deje de ser una aspiración optimista para convertirse en una meta alcanzable, al menos en su límite inferior.
Las finanzas públicas también han mostrado un desempeño mejor de lo esperado. El déficit presupuestario se ubicó en 579 mil millones de pesos, 358 mil millones por debajo de lo programado. El balance primario registró un superávit de 115 mil millones, revirtiendo el déficit esperado de 133 mil millones. La deuda amplia, medida por el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), se situó en 51.0 por ciento del PIB, 1.6 puntos porcentuales por debajo de lo previsto.
Un factor destacado en la recaudación ha sido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que creció un 10.6 por ciento real anual, su mayor incremento semestral desde 2014. Este aumento, que superó el programa en aproximadamente 100 mil millones de pesos, refleja tanto la fortaleza del consumo interno como la efectividad de las medidas de fiscalización aduanera.
Sin embargo, no todo es positivo en el frente de los ingresos. Los ingresos totales se quedaron 141 mil millones de pesos por debajo de lo programado. El Impuesto Sobre la Renta (ISR) cayó un 6.2 por ciento real, afectado por menores pagos definitivos de las empresas. Los ingresos petroleros también resultaron 118 mil millones de pesos menores a lo previsto, debido a una menor plataforma de producción y a la apreciación del peso, que reduce la valuación en moneda nacional.
La mejora en el balance fiscal se explica en gran medida por una reducción del gasto. El gasto total fue 499 mil millones de pesos inferior al calendario. La inversión física disminuyó un 7.9 por ciento real, mientras que el gasto social aumentó un 9.7 por ciento, su mayor tasa semestral registrada. Esta contención del gasto, aunque efectiva para reducir el déficit, plantea interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo.
El costo financiero de la deuda también contribuyó positivamente, generando un ahorro de 111 mil millones de pesos, gracias en parte a la fortaleza del peso y a operaciones de refinanciamiento. En resumen, el déficit se redujo más por la vía del gasto no ejercido que por el aumento de la recaudación. Si bien esta estrategia puede funcionar a corto plazo, no es una solución permanente para la consolidación fiscal.
Con estos datos, las metas fiscales revisadas por Hacienda para el cierre del año —un déficit del RFSP del 4.1 por ciento del PIB, un superávit primario del 0.5 por ciento y una deuda del 54.2 por ciento del PIB— parecen defendibles. El escepticismo inicial, alimentado por factores como el conflicto en Medio Oriente, la escalada arancelaria y la contracción del primer trimestre, ha sido matizado por los resultados recientes.
No obstante, los riesgos persisten. La volatilidad del precio del petróleo, estimado en 77.3 dólares por barril, depende de una tregua frágil entre Estados Unidos e Irán. La debilidad estructural del ISR, la incertidumbre sobre la revisión del T-MEC y la necesidad de acelerar la inversión pública en el segundo semestre —anticipada por un brinco del 56.2 por ciento real en junio— sin comprometer las finanzas públicas, son desafíos que requieren atención constante.
Mientras que en enero la pregunta era si Hacienda estaba proyectando un escenario irreal, hoy la cuestión se ha transformado: la interrogante es si el gobierno podrá sostener este impulso económico, dado que el escenario planteado parece estar materializándose en la realidad.