GUADALAJARA, JALISCO.- La sombra de la desaparición forzada y la inacción gubernamental se cierne sobre Jalisco, donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) ha emitido una serie de recomendaciones a diversas dependencias, tras documentar un alarmante número de 107 quejas relacionadas con la ausencia de 119 personas. Estos casos, ocurridos entre 2011 y 2025 en al menos 17 municipios de la entidad, exponen un patrón de deficiente actuación por parte de las autoridades encargadas de investigar estos delitos, así como una preocupante falta de acciones efectivas para la búsqueda y localización de las víctimas.
Un Panorama Desolador de Ausencias
El informe de la CEDHJ detalla que de las 119 personas desaparecidas, 108 son hombres y 11 son mujeres, cifras que reflejan la magnitud de una crisis que ha afectado a innumerables familias jaliscienses a lo largo de más de una década. La comisión no solo ha corroborado la "deficiente actuación de las autoridades en la investigación del delito", sino que también ha señalado la "nula o pocas acciones de búsqueda efectiva y localización". Este doble fracaso institucional ha derivado en lo que la CEDHJ denomina "victimización secundaria", un fenómeno que sufren los familiares al ser revictimizados por la propia inoperancia y, en ocasiones, la indiferencia del aparato estatal.
La Larga Sombra de la Inacción Gubernamental
El periodo abarcado por las quejas, de 2011 a 2025, sugiere que la problemática no es reciente y que, a pesar de los cambios de administración y las promesas de seguridad, la respuesta oficial ha sido consistentemente insuficiente. La falta de resultados tangibles en la localización de personas y la debilidad en las investigaciones abren un abanico de cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad implementada en Jalisco y la capacidad de las corporaciones para hacer frente a la delincuencia organizada y sus devastadoras consecuencias.
Históricamente, la región ha sido un foco de atención debido a la presencia de grupos criminales con alta capacidad operativa. Sin embargo, la inacción o la actuación deficiente de las autoridades, como lo señala la CEDHJ, no solo permite que los perpetradores queden impunes, sino que también prolonga el sufrimiento de las familias, quienes viven en una constante incertidumbre y dolor.
Victimización Secundaria: El Dolor Añadido
La "victimización secundaria" es uno de los aspectos más crueles de esta crisis. Se refiere al maltrato, la negligencia o la falta de apoyo que las víctimas y sus familias experimentan al interactuar con las instituciones encargadas de impartir justicia y brindar protección. En el contexto de las desapariciones, esto puede manifestarse en la falta de atención a las denuncias, la burocracia excesiva, la revictimización durante los interrogatorios, la falta de información o la ausencia de protocolos de búsqueda efectivos que generen esperanza.
Las familias de las personas desaparecidas en Jalisco han denunciado en múltiples ocasiones la falta de empatía y la ineficacia de las autoridades. Muchas de ellas se han organizado por su cuenta para buscar a sus seres queridos, recorriendo fosas clandestinas, revisando morgues y enfrentándose a la indiferencia de un sistema que, en lugar de ser un aliado, se convierte en un obstáculo.
Recomendaciones y el Camino por Delante
Las recomendaciones emitidas por la CEDHJ buscan, en teoría, subsanar estas deficiencias. Sin embargo, la efectividad de dichas recomendaciones dependerá de la voluntad política y la capacidad de las dependencias señaladas para implementar cambios sustanciales. La falta de una actuación contundente por parte de las autoridades no solo perpetúa la impunidad, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar su seguridad y sus derechos.
El desafío para Jalisco es mayúsculo. No se trata solo de investigar y sancionar a los responsables de las desapariciones, sino de implementar políticas públicas integrales que prevengan estos crímenes, fortalezcan los mecanismos de búsqueda y localización, y brinden un apoyo efectivo y humano a las familias de las víctimas. La ausencia de 119 personas es un grito de auxilio que las autoridades no pueden seguir ignorando.
El Contexto Nacional de las Desapariciones
Es importante contextualizar la situación de Jalisco dentro de la crisis nacional de desapariciones que vive México. Desde hace años, el país enfrenta una problemática de enormes dimensiones, con cientos de miles de personas desaparecidas, muchas de ellas presuntamente vinculadas a la violencia generada por el crimen organizado y a la inacción o complicidad de algunas autoridades. La falta de registros precisos, la fragmentación de las bases de datos y la persistente impunidad son obstáculos que dificultan la identificación de patrones y la implementación de soluciones efectivas a nivel federal y estatal.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, promulgada en 2017, representó un avance legal importante. Sin embargo, su implementación efectiva ha enfrentado resistencias y limitaciones, evidenciando la brecha entre el marco normativo y la realidad operativa en muchas entidades federativas, incluyendo Jalisco.
La Urgencia de una Búsqueda Efectiva
La CEDHJ subraya la urgencia de implementar "acciones de búsqueda efectiva y localización". Esto implica no solo la movilización de recursos, sino también la aplicación de metodologías científicas y forenses avanzadas, la coordinación interinstitucional y la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares que, a menudo, poseen información crucial y un conocimiento profundo de los territorios.
La falta de una búsqueda diligente y sistemática no solo agrava el sufrimiento de las familias, sino que también dificulta la recolección de pruebas y la identificación de responsables, perpetuando el ciclo de impunidad. Cada día que pasa sin una localización efectiva es un día más de angustia para quienes buscan a sus seres queridos.
Implicaciones y el Futuro de la Seguridad en Jalisco
La persistencia de altos índices de desapariciones y la ineficacia de las autoridades en su investigación y localización tienen profundas implicaciones para la seguridad y la gobernabilidad en Jalisco. La percepción de impunidad y la falta de confianza en las instituciones pueden generar un clima de descontento social y desestabilización.
El gobierno de Jalisco, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfrenta el reto de demostrar una capacidad de respuesta contundente ante esta crisis. Las recomendaciones de la CEDHJ no son meras sugerencias, sino llamados a la acción que exigen una transformación profunda en la forma en que se abordan las desapariciones y se protege a la ciudadanía. El futuro de la seguridad en el estado dependerá, en gran medida, de la capacidad de sus autoridades para pasar de la retórica a los hechos, garantizando justicia y verdad para las víctimas y sus familias.
La Responsabilidad Compartida
Si bien la CEDHJ señala directamente a "diversas dependencias" por su "deficiente actuación", la responsabilidad de abordar la crisis de desapariciones es compartida. Implica no solo a las fiscalías y corporaciones de seguridad, sino también a los poderes legislativos y judiciales, quienes deben asegurar que las leyes se apliquen de manera efectiva y que los recursos se destinen a las áreas prioritarias. Asimismo, la sociedad civil tiene un papel fundamental en la exigencia de rendición de cuentas y en la visibilización de esta problemática.
La magnitud de las desapariciones en Jalisco exige un compromiso renovado y una estrategia integral que vaya más allá de las recomendaciones puntuales. Se requiere una voluntad política inquebrantable para desmantelar las redes de impunidad, fortalecer las capacidades de investigación y búsqueda, y, sobre todo, devolver la esperanza a las familias que aún esperan el regreso de sus seres queridos.