La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto bajo la lupa a una red de empresas que, presuntamente, han operado un esquema de fraude fiscal millonario a través de contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Las indagatorias apuntan a operaciones simuladas y sobreprecios en la venta de insumos esenciales para el Ejército, desde uniformes y telas hasta maquinaria, colorantes, refacciones e incluso armamento.

El Nexo con la Defensa Nacional

Documentos oficiales revelan que al menos nueve empresas han acumulado más de 60 contratos con la Sedena, sumando un valor aproximado de cuatro mil 200 millones de pesos. La FGR ha detectado que estas compañías habrían incurrido en un esquema diseñado para simular operaciones financieras, lo que ha derivado en una investigación penal.

Un caso particular señala un sobreprecio de 175.6 millones de pesos en uno de los contratos. Esta situación ha llevado a la FGR a ejercer acción penal contra Mario Alfonso ‘N’, quien fue vinculado a proceso el pasado 9 de abril en la causa penal 448/2025. Aunque el juez otorgó tres meses para la investigación complementaria y permitió al imputado seguir el proceso en libertad, el plazo está próximo a vencer.

Ascenso de Contratos Bajo la "4T"

El empresario Mario Alfonso ‘N’, junto con familiares como su medio hermano Eduardo Alejandro ‘N’ y su madre Patricia ‘N’, figuran como accionistas o representantes legales de empresas constituidas entre 2008 y 2013. Si bien estas compañías ya habían tenido vínculos contractuales con la Defensa desde años anteriores, fue a partir de 2019, durante la administración de la "Cuarta Transformación", cuando sus contratos se multiplicaron exponencialmente. En este periodo, lograron asegurar 44 contratos por un monto superior a los tres mil millones de pesos.

El Origen de la Investigación: Auditorías del SAT

La investigación de la FGR tuvo su génesis en una serie de auditorías realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estas revisiones fiscales identificaron una triangulación de recursos que involucraba a empresas fantasma, sumando operaciones por 200 millones de pesos. Como resultado, el SAT determinó créditos fiscales por un total de 179 millones de pesos.

Empresas como Nicela fueron objeto de procedimientos específicos. En mayo de 2022, el SAT determinó un crédito fiscal de 98.1 millones de pesos para Nicela, tras detectar operaciones simuladas por 130 millones de pesos. De manera similar, Intman enfrentó el proceso GAD9000007/21, resultando en un crédito fiscal de 95.7 millones de pesos por operaciones simuladas por 40 millones de pesos.

Otras compañías involucradas, como Introm Textil, Caroem Construcciones y Operadora Safrat, también recibieron créditos fiscales que oscilan entre 1.1 millones y 4.6 millones de pesos.

Impugnaciones Rechazadas y Amparos Negados

Las empresas Nicela e Intman intentaron impugnar los créditos fiscales determinados por el SAT a través de juicios de nulidad. Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la validez de dichos créditos. Adicionalmente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó un amparo en abril pasado relacionado con el caso de Nicela.

En ambas instancias judiciales, se determinó que el SAT logró acreditar que las empresas carecían de la infraestructura, personal o capacidad material necesaria para prestar los servicios por los que facturaban. Además, se constató que realizaban operaciones con otras compañías que, a su vez, carecían de activos propios, lo que refuerza la hipótesis de operaciones simuladas y evasión fiscal.

Contexto de Inseguridad y Gasto Militar

Esta investigación se produce en un contexto donde la seguridad pública sigue siendo uno de los principales desafíos para el gobierno. El gasto en defensa, aunque justificado por la necesidad de mantener la soberanía y enfrentar amenazas, siempre está bajo escrutinio público, especialmente cuando surgen señalamientos de irregularidades financieras. La opacidad en los contratos militares puede ser un caldo de cultivo para la corrupción, y la FGR parece estar actuando para disuadir estas prácticas.

Históricamente, las fuerzas armadas en México han sido entidades con un alto grado de autonomía y acceso a recursos significativos. Si bien su labor es fundamental, la falta de transparencia en ciertos procesos de adquisición y contratación ha sido un punto recurrente de crítica por parte de organizaciones de la sociedad civil y organismos de fiscalización. La presente investigación podría ser un paso importante hacia una mayor rendición de cuentas en el sector de la defensa.

Implicaciones y Siguientes Pasos

Las implicaciones de esta investigación son significativas. No solo ponen en tela de juicio la integridad de los procesos de contratación dentro de la Sedena, sino que también podrían tener repercusiones en la confianza pública hacia las instituciones encargadas de la seguridad nacional. La FGR deberá continuar con diligencia para deslindar responsabilidades y recuperar los posibles fondos desviados.

Se espera que la investigación arroje luz sobre la magnitud real del fraude y la posible complicidad de funcionarios dentro de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. La vinculación a proceso de Mario Alfonso ‘N’ es solo el inicio, y la FGR deberá demostrar la existencia de una red organizada y no solo actos aislados de evasión fiscal. El desenlace de este caso será crucial para entender el nivel de control y supervisión que existe sobre los recursos destinados a la defensa del país.