El mandatario colombiano Abelardo de la Espriella ha encendido las alarmas al anunciar una política de mano dura contra la población migrante en su país, emulando las estrategias migratorias del expresidente estadounidense Donald Trump. La medida, que contempla operativos policiales y la deportación inmediata de aquellos que no cuenten con su situación migratoria regularizada, ha generado una profunda incertidumbre, especialmente entre la vasta comunidad venezolana que reside en Colombia.
En una declaración contundente desde Barranquilla, De la Espriella sentenció: “Que empiecen los operativos coordinados con la policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales: primero, los que están cometiendo delitos; segundo, los que no tienen regularizada su situación, y en el término de la distancia (de inmediato) tendrán que ser deportados”. Esta retórica, cargada de un tono punitivo, ha puesto en vilo a miles de personas que buscan un futuro lejos de la crisis en su país natal.
Preocupación en la Comunidad Venezolana
La noticia ha caído como un balde de agua fría para la comunidad venezolana en Colombia. César González, abogado migratorio con residencia en el país cafetero, expresó a The Associated Press la "preocupación muchísima" que embarga a sus compatriotas. "No hemos podido ni contabilizar la cantidad de personas que nos han llamado para ver cuáles son sus opciones", señaló, evidenciando el caos y la desesperación que la medida ha provocado.
Colombia se ha consolidado como el principal receptor de la diáspora venezolana en la región, albergando a cerca de 2.8 millones de migrantes, según cifras oficiales. Esta cifra representa una porción significativa de los casi siete millones de venezolanos que han abandonado su país en la última década, huyendo de una profunda crisis política y social.
Las estadísticas de Migración Colombia revelan que más de 527,000 venezolanos han ingresado o permanecen en el país sin cumplir con la normativa migratoria vigente. Esta cifra subraya la magnitud del desafío que enfrenta el gobierno de De la Espriella y la vulnerabilidad de una parte considerable de esta población.
Al ser consultada sobre la implementación de la orden presidencial, Migración Colombia indicó que la nueva dirección de la entidad, aún no posesionada, será la encargada de definir los pormenores de los operativos de control, regularización y eventuales procesos de deportación. Esta falta de claridad inmediata añade una capa más de ansiedad a la situación.
Un Eco de Políticas Pasadas
La postura de De la Espriella no es del todo sorpresiva. Durante su campaña presidencial, y con el respaldo implícito del entonces presidente estadounidense Donald Trump, ya había advertido sobre su disposición a "devolver" a los venezolanos que incumplieran las leyes colombianas. Esta estrategia migratoria, que prioriza la expulsión sobre la integración, recuerda las políticas restrictivas que han marcado la administración Trump.
Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, contextualiza la complejidad de la situación. A diferencia de otros países, Colombia comparte una extensa frontera de más de 2,200 kilómetros con Venezuela, plagada de pasos irregulares. "El Estado colombiano, a diferencia de otros países que pueden jugar un poco con la dinámica de la contención o incluso de la expulsión, no tiene capacidad para hacer eso", explicó Rodríguez. "Más se demora y más gasta el Estado colombiano en trasladarlos hasta la zona de frontera y entregar a las autoridades migratorias, que esa persona en volver", agregó, señalando las limitaciones logísticas y económicas del país.
El Reto de la Regularización y el Riesgo de Xenofobia
Organizaciones civiles y expertos en migración urgen al gobierno a reconsiderar su enfoque. Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, enfatizó la necesidad de dialogar con el gobierno para reabrir los procesos de regularización, como se hizo en administraciones anteriores. "No se puede perseguir a un migrante por no querer regularizarse si no hay una metodología de regularización, porque recordemos que el Estatuto Temporal de Protección se encuentra cerrado desde hace más de tres años", advirtió García.
El reto para Colombia, según Rodríguez, es precisamente la regularización, especialmente de los más de 193,000 menores de edad en condición irregular. "Ellos son sujetos de especial protección", recalcó, subrayando la urgencia de proteger a los más vulnerables.
La comunidad venezolana teme un repunte de la xenofobia en Colombia. Arles Pereda, presidente de la Colonia de Venezolanos en Colombia, expresó su temor de que el discurso presidencial alimente actitudes discriminatorias. "Obviamente esto dispara la xenofobia porque la gente no mide cuando habla del tema de deportar", aseguró a la AP.
García coincide en que, si bien se debe perseguir la delincuencia, no se debe vincularla indiscriminadamente con la migración. "Está demostrado en cifras que la criminalidad no se relaciona con los migrantes", señaló, buscando desmitificar estereotipos negativos.
La preocupación se extiende a la región, ya que los venezolanos sienten que las puertas se cierran no solo en Colombia, sino también en países como Chile, Perú y Ecuador, a menudo bajo la influencia de gobiernos conservadores con políticas migratorias más restrictivas. La decisión de De la Espriella se inscribe en una tendencia regional que podría dificultar aún más la situación de millones de venezolanos en el extranjero.