El dinamismo económico en ciudades como Querétaro, Cancún y Los Cabos, impulsado por nuevas inversiones y la expansión de sectores como el turismo y la industria, está generando un crecimiento significativo en la oferta de empleo. Sin embargo, este auge económico ha puesto de manifiesto una creciente brecha: la llegada de trabajadores supera la capacidad de la oferta habitacional, especialmente en el segmento de vivienda económica.
Este fenómeno se agudiza ante una drástica caída en la producción total de vivienda en México. Entre 2015 y 2025, la construcción de casas disminuyó un alarmante 54.2%. El impacto es aún más severo en el segmento de vivienda económica-popular, donde la reducción alcanzó el 87.3% en el mismo periodo, según datos del Infonavit y el Registro Único de Vivienda (RUV). En al menos 33 ciudades del país, la caída en este rubro superó el 90%, evidenciando una crisis estructural en el acceso a la vivienda para los sectores con menores ingresos.
El Crédito se Enfoca en Nuevos Polos de Empleo
La escasez de vivienda asequible en los centros de mayor crecimiento económico está reconfigurando las estrategias de financiamiento para el sector inmobiliario. Instituciones como Serfimex Capital, una financiera de crédito puente, están dirigiendo sus inversiones hacia mercados con alta demanda habitacional y potencial de desarrollo, como Ciudad de México, Querétaro, Mérida, Cancún y Los Cabos. José Luis González, director de Crédito Puente en Serfimex Capital, señaló la particular necesidad de vivienda económica para los trabajadores en destinos turísticos como Los Cabos.
La financiera ha fortalecido su capacidad de fondeo, incrementando en 500 millones de pesos una línea de crédito con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), alcanzando un total de 1,000 millones de pesos. Estos recursos se destinan principalmente a financiar proyectos de vivienda de primera necesidad, buscando atender la demanda generada por el crecimiento laboral en estas regiones.
Cancún y Querétaro: El Tamaño del Problema Habitacional
El contraste entre la generación de empleo y la oferta de vivienda es particularmente notable en ciudades como Querétaro y Cancún. En Querétaro, durante 2025, se registraron 3,478 viviendas nuevas en el mercado abierto, pero solo 133 pertenecían al segmento económico-popular. Ante esta disparidad, el Programa de Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de más de 12,000 unidades en la metrópoli, buscando mitigar el déficit.
En Cancún, la situación es similar. El mercado produjo 5,465 viviendas en 2025, de las cuales apenas 935 fueron del segmento económico-popular. El programa federal, en contraste, ha contratado más de 35,000 viviendas en este destino turístico, una cifra que busca multiplicar significativamente la oferta disponible para familias de bajos ingresos.
El Programa de Vivienda para el Bienestar, a nivel nacional, ha contratado hasta agosto de 2026 casi 533,000 viviendas en 223 municipios de 31 entidades. Esta estrategia prioriza los mercados con mayor dinamismo económico y atracción de trabajadores, donde la presión sobre la vivienda es más intensa. Mérida, con 34,500 viviendas contratadas, Reynosa con 14,600 y Mexicali con 12,900, son otros ejemplos de ciudades donde se busca atender esta necesidad.
El Turismo y la Presión sobre los Precios
Los destinos turísticos concentran algunos de los mayores problemas de asequibilidad habitacional en el país. El reporte del Infonavit identifica a Acapulco, Playa del Carmen, Oaxaca, Cuernavaca, Mazatlán y Cancún como ciudades donde el precio de una vivienda es significativamente elevado en comparación con el salario promedio local. En estos mercados, la demanda de viviendas vacacionales, la limitada oferta de suelo y las restricciones geográficas o regulatorias se combinan para dificultar la expansión de la oferta y elevar los costos.
Según el Infonavit, en estos mercados turísticos, el valor de una vivienda típica puede equivaler a 4.7 años del salario promedio local. Esta situación plantea un desafío considerable para los trabajadores que buscan establecerse en estas zonas, viéndose obligados a destinar una parte desproporcionada de sus ingresos a la vivienda.
La Distancia entre el Hogar y el Trabajo
La problemática de la vivienda accesible se complica aún más por la creciente distancia entre los lugares de residencia y los centros de trabajo. La evidencia recopilada por el Infonavit muestra que, a medida que los mercados laborales se expanden, también lo hace la distancia promedio entre la vivienda y el empleo. En ciudades con menos de 50,000 empleos, la distancia es de 4.1 kilómetros, mientras que en mercados con más de 500,000 empleos, esta cifra se eleva a 17.9 kilómetros.
Construir viviendas más económicas en zonas alejadas de los centros laborales puede ser una solución parcial al problema del precio, pero traslada el costo a los trabajadores a través de tiempos de traslado más largos y mayores gastos de transporte. Esta dinámica exacerba la precariedad y afecta la calidad de vida de los trabajadores, quienes, a pesar de contribuir al crecimiento económico de estas regiones, enfrentan dificultades para acceder a una vivienda digna y cercana a sus empleos.
El contexto de la producción de vivienda en México, que ha caído drásticamente en la última década, especialmente en el segmento económico-popular, es un factor clave que agrava la situación. La falta de políticas públicas efectivas y de incentivos para el desarrollo de vivienda asequible ha creado un cuello de botella que limita el desarrollo equilibrado de las ciudades y afecta directamente el bienestar de los trabajadores.
La situación actual exige una revisión profunda de las estrategias de desarrollo urbano y de vivienda. Es imperativo que los esfuerzos públicos y privados se alineen para incrementar la oferta de vivienda accesible en los polos de desarrollo, considerando no solo el precio, sino también la ubicación y la calidad de vida de los trabajadores que impulsan la economía del país.
El desafío es complejo y requiere la colaboración de todos los actores involucrados: gobierno, desarrolladores inmobiliarios, instituciones financieras y la sociedad civil, para asegurar que el crecimiento económico se traduzca en oportunidades reales y sostenibles para todos los mexicanos.