Colombia se encuentra al borde de una decisión trascendental este domingo, cuando sus ciudadanos acudan a las urnas para elegir entre dos modelos económicos diametralmente opuestos que definirán el futuro de la nación sudamericana. La contienda electoral se ha polarizado entre el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella y el senador izquierdista Iván Cepeda, heredero político del actual presidente Gustavo Petro. Ambos candidatos, tras una reñida primera vuelta, se enfrentarán en un balotaje que promete marcar un antes y un después en la gestión económica del país.
La economía colombiana atraviesa un momento delicado, caracterizado por un crecimiento moderado del 2% durante el mandato de Petro, un deterioro significativo de las finanzas públicas con una deuda que alcanza el 64% del Producto Interno Bruto (PIB) y un déficit fiscal alarmante, el segundo más grande de la región. A esto se suman problemas estructurales como la persistente informalidad laboral y una alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, factores que el próximo mandatario deberá abordar de manera urgente.
Remi Jean Emile Stellian, profesor asociado del Departamento de Administración de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), destaca que ambos candidatos han intentado presentar propuestas más claras en las últimas semanas para reactivar la economía, pero sus caminos son "bastante distintos". La elección se reduce, en esencia, a un debate fundamental: ¿debe el Estado ser el motor del crecimiento o debe reducirse su intervención para dar paso a la iniciativa privada?
Iván Cepeda, por su parte, representa la continuidad de la línea impulsada por el primer gobierno de izquierda en Colombia. Su propuesta se centra en un modelo de crecimiento económico impulsado desde el Estado, con un fuerte énfasis en la "revolución agraria". Busca consolidar a Colombia como una potencia agroalimentaria mundial, fortaleciendo la economía campesina y popular. Para lograrlo, plantea reformas a la Ley 80 que permitirían a organizaciones sociales y juntas de acción comunal convertirse en contratistas directos del Estado, confiando en la capacidad estatal para coordinar actores públicos y privados, especialmente en zonas rurales.
Cepeda también aboga por una política de "austeridad republicana" para reducir el gasto público, enfocándose en la disminución de salarios y "lujos" de la alta burocracia, con el objetivo de redirigir esos recursos hacia el bienestar ciudadano. Su visión implica atraer personal con experiencia y formación especializada para diseñar modelos de intervención económica efectivos, según análisis académicos. La continuidad de la línea de Petro, que logró reducir la pobreza a un 28% el año pasado, es un pilar central de su campaña.
En contraste, Abelardo de la Espriella propone un giro radical hacia la reducción del tamaño del Estado y un recorte drástico del gasto público. Admirador confeso del presidente argentino Javier Milei, De la Espriella promete un crecimiento anual del 7% a través de una disminución del 40% en la participación estatal y un recorte de 70 billones de pesos. Su plan incluye la eliminación de agencias redundantes y nóminas paralelas para alcanzar un superávit primario en el corto plazo.
Sin embargo, esta propuesta de "menos Estado" no está exenta de críticas y advertencias. Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señala que "quien prometa disminuir el gasto se va a encontrar con una realidad muy difícil". Los seguidores de Cepeda han manifestado su oposición a posibles recortes en la educación gratuita, aumentos en el desempleo o frenos a los incrementos del salario mínimo. Stellian advierte que un recorte drástico del Estado podría perjudicar los fondos públicos y, consecuentemente, las actividades productivas.
Otro punto de profunda divergencia entre los candidatos es la política energética y la explotación de recursos naturales. De la Espriella busca reanudar la exploración petrolera, suspendida por Petro para priorizar la transición hacia energías limpias. Su postura frente al "fracking" es contundente: "hará fracking a lo que dé", minimizando los riesgos ambientales asociados a esta técnica de extracción de hidrocarburos.
Esta postura genera gran preocupación en sectores ambientalistas. Gabriela Zambrano, una joven química, declara que su "prioridad es el medio ambiente" y que "no apoyaría el fracking". Colombia, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, es particularmente vulnerable al cambio climático. La dependencia de la energía hidroeléctrica hace que cualquier alteración en los patrones de lluvia tenga un impacto directo en el suministro energético para hogares e industrias.
Por su parte, Cepeda defiende la transición energética como una "necesidad inaplazable". Si bien esta política "antiextractivista" puede tener implicaciones en las finanzas públicas y la "independencia energética", según Iván Rico, profesor de finanzas de la Universidad del Rosario, Cepeda la considera fundamental para el futuro del país.
La campaña electoral ha estado marcada por debates intensos sobre estos dos modelos. De la Espriella apela a la necesidad de liberar el potencial productivo mediante la reducción de la burocracia y la carga impositiva, prometiendo un entorno más favorable para la inversión privada. Su discurso resuena con aquellos que consideran que el Estado ha sido un obstáculo para el desarrollo económico.
Cepeda, en cambio, defiende la intervención estatal como un mecanismo para garantizar la equidad social y el desarrollo sostenible. Su enfoque en la economía popular y campesina busca generar un crecimiento más inclusivo, que beneficie a las comunidades más vulnerables y reduzca las brechas de desigualdad que históricamente han afectado a Colombia.
La decisión que tomen los colombianos este domingo no solo definirá su política económica para los próximos años, sino que también enviará una señal importante sobre la dirección que tomará el país en términos de desarrollo social, ambiental y su relación con el mercado global. La encrucijada es clara: un camino de mayor intervención estatal y enfoque social, o uno de reducción drástica del Estado y fomento de la iniciativa privada.
Los analistas coinciden en que el próximo presidente heredará un panorama complejo, donde las decisiones tomadas en materia económica tendrán repercusiones directas en la vida de millones de colombianos. La capacidad de ambos candidatos para implementar sus ambiciosas propuestas, y para sortear los desafíos inherentes a la economía colombiana, será puesta a prueba desde el primer día de su mandato.