El panorama de seguridad en Colombia se perfila hacia un cambio drástico con la inminente toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente el próximo viernes 7 de agosto. A diferencia de la administración saliente de Gustavo Petro, quien apostó por la estrategia de la "paz total", De la Espriella ha anunciado un giro copernicano hacia una política de "seguridad" y confrontación frontal contra el crimen organizado.

Un Nuevo Mandato, Una Nueva Doctrina

Especialistas en seguridad y política colombiana señalan que la retórica de De la Espriella marca una ruptura clara con el enfoque de su predecesor. "No vamos a hablar de paz, sino de seguridad", ha sido la consigna del nuevo mandatario electo, quien asume el cargo en un momento de alta tensión y violencia en el país. La ceremonia de investidura, tradicionalmente celebrada en Bogotá frente al Congreso, ha sido solicitada por De la Espriella para llevarse a cabo en Cali, una ciudad emblemática del suroeste colombiano, región particularmente azotada por los enfrentamientos entre bandas narcotraficantes y remanentes de grupos guerrilleros.

Este cambio de paradigma se verá acompañado por un despliegue de seguridad sin precedentes para una ceremonia de posesión presidencial. Se estima que alrededor de 11,000 efectivos, entre soldados y policías, estarán involucrados en operaciones terrestres, aéreas y marítimas para garantizar el orden durante el evento. Esta medida subraya la gravedad de la situación de seguridad que enfrenta el país y la determinación del nuevo gobierno de abordarla con firmeza.

El Fantasma de la Violencia y la Extorsión

La violencia armada ha sido una sombra persistente sobre Colombia en los últimos meses, empañando el final del mandato de Petro y generando preocupación de cara al futuro. Según datos de la organización Indepaz, en lo que va de 2026 se han registrado 78 masacres, cobrando la vida de 303 personas. Estas cifras representan el registro más alto para el mismo periodo desde al menos 2016, año en que se firmó el histórico acuerdo de paz con las FARC. Un sombrío recordatorio de esta realidad se vivió a pocos días de la transición presidencial, cuando una bomba atribuida al ELN explotó cerca de una estación de policía en el noroeste del país, dejando un saldo de 14 heridos.

Las estadísticas oficiales del Ministerio de Justicia y del Derecho, si bien muestran un crecimiento marginal en la tasa de homicidios en los últimos dos años –pasando de 21.1 por cada 100,000 habitantes en 2024 a 25.4 en el mismo año y 25.9 en 2025–, ocultan un incremento más alarmante en otros delitos. La extorsión, en particular, ha experimentado un crecimiento pronunciado. De acuerdo con datos de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), la tasa de denuncias por extorsión aumentó de 19 por cada 100,000 habitantes en 2022, el primer año de la administración Petro, a 26.2 en 2024. Aunque hubo una ligera disminución en 2025, con 23 casos por cada 100,000 habitantes, el delito sigue siendo una manifestación clara de la transformación del crimen en Colombia durante el periodo de negociación de la "paz total".

Glaeldys González, analista del Crisis Group para los Andes del Sur, vincula este repunte de la violencia con una creciente fragmentación de los grupos armados y criminales. Estos actores buscan consolidar su control territorial, y la extorsión se ha convertido en una herramienta fundamental para financiar sus operaciones y ejercer poder. Luis Felipe Vega, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, coincide en que el control territorial, el narcotráfico y la minería ilegal son los ejes centrales de la disputa criminal, ejercida a través de la intimidación y, en ocasiones, de alianzas con autoridades locales.

Un Nuevo Capítulo en las Relaciones Internacionales

La llegada de De la Espriella a la presidencia de Colombia no solo implica un cambio en la política interna de seguridad, sino también un giro significativo en las relaciones exteriores del país, especialmente con Estados Unidos. Tras cuatro años de tensiones y un distanciamiento de las políticas antidrogas promovidas por la administración Trump, Colombia se prepara para volver a alinearse estrechamente con Washington.

El nuevo mandatario, apodado "El Tigre", ganó las elecciones de julio con una plataforma que incluía la promesa de bombardear a las organizaciones ilegales con el apoyo de Estados Unidos e Israel. Esta propuesta contrasta marcadamente con la política de Petro, quien intentó negociar con grupos armados y promovió un enfoque distinto en la lucha contra el narcotráfico. Durante el gobierno de Petro, las relaciones con Estados Unidos se enfriaron, y Colombia fue excluida de la alianza anticrimen "Escudo de las Américas".

De la Espriella, quien se identifica como ciudadano colombiano y estadounidense y se declara "republicano", busca reintegrar a Colombia a esta alianza. Su plan, denominado "Plan Colombia II", evoca la exitosa cooperación bilateral de principios de siglo que debilitó a las guerrillas. Las promesas incluyen el combate frontal al narcotráfico mediante bombardeos, la erradicación de cultivos ilícitos con herbicidas y la posible instalación de bases militares estadounidenses en territorio colombiano. "No habrá zonas vedadas para el Estado, no habrá criminales impunes e intocables. No habrá organizaciones por encima de la Constitución y la ley", advirtió De la Espriella en su primer discurso como presidente electo, enviando un mensaje contundente a los grupos criminales.

Sin embargo, analistas como González expresan cautela. Señalan que, a diferencia del primer "Plan Colombia", los grupos criminales actuales están más fragmentados y profundamente arraigados en las comunidades, lo que podría complicar un combate frontal y aumentar el riesgo de víctimas civiles. Además, la tecnología de la que disponen estos grupos, incluyendo drones, podría dificultar las operaciones aéreas, un aspecto clave en la estrategia de De la Espriella. Por otro lado, Vega se muestra más optimista, sugiriendo que un mayor presupuesto militar y una cooperación reforzada con las agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel podrían resultar en un combate más efectivo contra el crimen organizado.

El Futuro de los Acuerdos de Paz

La política de "paz total" del gobierno saliente, que buscó negociar con todos los grupos armados del país, enfrenta un futuro incierto bajo la nueva administración. El desarme de un centenar de guerrilleros fue uno de los pocos avances tangibles de esta ambiciosa política, que en general generó desconfianza y no logró los resultados esperados. La llegada de De la Espriella, con su enfoque de "mano dura", pone en riesgo los avances logrados y abre la puerta a una posible reanudación de confrontaciones directas, con las implicaciones que esto conlleva para la estabilidad y la seguridad de Colombia.