Nueve años han transcurrido desde aquel 19 de septiembre de 2017, fecha que marcó a fuego la memoria colectiva de la Ciudad de México y del país entero. El sismo, que cobró la vida de 369 personas, dejó tras de sí un rastro de destrucción y una promesa de reconstrucción que, para muchos, aún se siente lejana. A pesar de los esfuerzos y los discursos oficiales, la realidad es que la capital mexicana sigue de pie sobre cimientos de incertidumbre, con mil 439 viviendas aún en proceso de construcción o rehabilitación y otras 225 esperando el inicio de los trabajos.
El Largo Camino de la Reconstrucción
Las cifras oficiales, aunque intentan pintar un panorama de avance, ocultan la persistente angustia de miles de familias. De los 22 mil 151 inmuebles que sufrieron daños, 20 mil 477 han sido rehabilitados, lo que representa un avance del 92.44%. Sin embargo, ese 7.56% restante, equivalente a mil 664 viviendas, se ha convertido en un símbolo de la lentitud burocrática y la complejidad de los procesos.
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) y la Comisión para la Reconstrucción son las entidades encargadas de gestionar la mayor parte de estas obras. El INVI tiene bajo su responsabilidad 102 edificios, de los cuales 63 están en obra y siete por iniciar. Por su parte, la Comisión interviene en 425 edificios, con 398 concluidos, 24 en proceso y tres pendientes. La meta para diciembre de este año, según el Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, es concluir la intervención de 178 viviendas unifamiliares y mil 392 multifamiliares, un objetivo ambicioso que deberá medirse con la realidad.
Históricamente, los sismos en México han puesto de manifiesto las fallas estructurales, tanto físicas como de gobernanza. La reconstrucción tras el 19S no ha sido la excepción, evidenciando la necesidad de marcos regulatorios más estrictos y una supervisión más rigurosa en la construcción, especialmente en una ciudad tan vulnerable como la capital.
Casos Emblemáticos: Rebsamen, AO 286 y Multifamiliar de Tlalpan
En el corazón de la tragedia se encuentran sitios que se volvieron sinónimo de la devastación y la negligencia. El Colegio Rébsamen, donde 19 niños y 9 adultos perdieron la vida, sigue siendo un doloroso recordatorio de la corrupción y la impunidad. A nueve años del colapso, la justicia ha sido lenta y parcial.
Mónica García Villegas, la propietaria y directora del Rébsamen, conocida como "la Miss Mónica", fue condenada a 29 años de prisión en 2025, una sentencia que, aunque tardía, representa un paso. Sin embargo, su defensa argumenta que carece de recursos para cubrir la reparación del daño, fijada en más de 10 millones de pesos por concepto de daño material, además de multas y daño moral. El inmueble mismo está sujeto a un proceso civil de extinción de dominio, lo que complica aún más la posible compensación a las víctimas.
El Director Responsable de Obra (DRO), Juan Apolinar Torales, fue sentenciado por su presunta responsabilidad en las muertes, al haber suscrito documentos que avalaban la seguridad del plantel a pesar de las irregularidades. Fue detenido en 2019 tras permanecer prófugo. Otro DRO, Juan Mario Velarde Gámez, recibió una sentencia inicial de 208 años, posteriormente reducida a 70. Francisco Arturo Pérez Rodríguez, otro DRO vinculado al caso, fue detenido en diciembre de 2022.
La lucha por la reparación del daño en el caso Rébsamen subraya la ineficiencia del sistema judicial para garantizar que los responsables cumplan con sus obligaciones económicas, dejando a las víctimas en una situación de precariedad incluso después de obtener una sentencia.
El Multifamiliar de Tlalpan y el AO 286: Pendientes y Procesos
El Multifamiliar de Tlalpan, otro de los puntos neurálgicos del sismo, también presenta un panorama de avances y rezagos. Si bien la mayoría de los departamentos afectados han sido rehabilitados, la complejidad de la reconstrucción de edificios multifamiliares, que involucran a cientos de familias y múltiples intereses, ha alargado los plazos.
En cuanto al edificio de Álvaro Obregón 286, sitio de una tragedia que cobró la vida de 7 personas, la situación legal y de reconstrucción ha sido igualmente tortuosa. La reconstrucción del inmueble, que se convirtió en un símbolo de la resistencia y la esperanza, ha enfrentado obstáculos burocráticos y financieros. La justicia en estos casos, a menudo, se diluye en largos procesos legales que agotan a los afectados.
Implicaciones y Reflexiones
A nueve años del 19S, la reconstrucción en la Ciudad de México es un espejo de las fallas sistémicas que persisten en el país. La falta de una aplicación rigurosa de las normas de construcción, la corrupción que permite la edificación en zonas de riesgo o con materiales inadecuados, y la lentitud de la justicia, son factores que exacerban la vulnerabilidad de la población ante desastres naturales.
El discurso oficial tiende a destacar los porcentajes de avance, pero la realidad para miles de damnificados sigue marcada por la espera, la incertidumbre y la lucha por obtener justicia y reparación. La memoria del 19S no debe ser solo un recuerdo de la tragedia, sino un llamado a la acción para construir ciudades más seguras y resilientes, donde la vida y la dignidad de las personas sean la máxima prioridad.
La reconstrucción no es solo levantar edificios; es restaurar la confianza, garantizar la seguridad y asegurar que las lecciones aprendidas de cada catástrofe se traduzcan en políticas públicas efectivas y, sobre todo, en justicia para quienes todo lo perdieron.
El futuro de la Ciudad de México, y de otras urbes expuestas a riesgos sísmicos, depende de la capacidad de sus gobernantes y de la sociedad para transformar la adversidad en un motor de cambio real y duradero, donde la prevención y la protección ciudadana superen la inercia de la burocracia y la corrupción.
La persistencia de casos como el Rébsamen, el AO 286 y el Multifamiliar de Tlalpan en procesos judiciales y de reconstrucción a casi una década de la tragedia, evidencia una falla estructural en la respuesta gubernamental y en el sistema de justicia, dejando una sombra de duda sobre la efectividad de las políticas implementadas y la protección real de los ciudadanos ante la adversidad.