Clara Brugada, actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha presentado una iniciativa de ley que busca regular de manera estricta los aumentos en los precios de las rentas en la capital del país. La propuesta, denominada Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, tiene como objetivo principal establecer un tope claro para que los incrementos anuales no rebasen el índice de inflación reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esta medida, anunciada durante su segundo informe de gobierno, se presenta como un hito en la política habitacional de la metrópoli, buscando garantizar que el acceso a una vivienda digna sea un derecho y no un privilegio reservado para unos pocos. Brugada calificó la iniciativa como un "hecho histórico" y un "parteaguas" en la lucha por el derecho a la ciudad, subrayando la importancia de esta reforma constitucional para la población.
La iniciativa contempla cuatro ejes fundamentales. Además de fijar un límite a los incrementos de las rentas, se promoverán políticas gubernamentales para aumentar la oferta de vivienda asequible. Asimismo, se creará un organismo dedicado a la defensa de los derechos y obligaciones tanto de arrendadores como de arrendatarios, buscando un equilibrio en las relaciones contractuales.
El tope propuesto para los aumentos de renta se aplicará especialmente en zonas de alta tensión inmobiliaria, donde históricamente se han registrado los incrementos más pronunciados. La intención es evitar que los inquilinos se vean forzados a abandonar sus hogares debido a la imposibilidad de cubrir rentas cada vez más elevadas.
Es importante destacar que esta propuesta aún no es una ley definitiva. Deberá ser analizada, discutida y, en su caso, modificada por el Congreso de la Ciudad de México antes de su aprobación. Olivia Garza, presidenta del Congreso capitalino, ha informado que las iniciativas presentadas por la Jefa de Gobierno serán turnadas a las comisiones legislativas correspondientes para iniciar su estudio y dictaminación en las próximas semanas.
Como antecedente relevante, a principios de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya había avalado un límite similar para el incremento de las rentas, estableciendo que este no puede superar la inflación del año anterior, conforme a lo estipulado en el Código Civil de la Ciudad de México. Esta decisión judicial sienta un precedente importante para la iniciativa de Brugada.
La propuesta de la Jefa de Gobierno se enmarca dentro de un plan de acción más amplio contra la gentrificación y los abusos por parte de los arrendadores. Entre 2019 y 2023, se observó un incremento superior al 30 por ciento en el costo de las rentas en diversas zonas de la Ciudad de México, lo que ha generado un desplazamiento significativo de población.
En el contexto de la pandemia de Covid-19, específicamente en 2020, se estima que alrededor de medio millón de personas fueron expulsadas de la capital debido a los altos precios de las rentas, una situación que la presente administración busca revertir con medidas como esta.
La Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles busca, en esencia, democratizar el acceso a la vivienda en una ciudad donde el mercado inmobiliario ha experimentado presiones considerables. La iniciativa pretende equilibrar la balanza entre los propietarios y los inquilinos, reconociendo la vivienda como un derecho humano fundamental.
El debate legislativo que se avecina será crucial para determinar el alcance final de esta ley. Se espera que diversos actores sociales y económicos participen en la discusión, aportando sus perspectivas sobre cómo lograr un equilibrio sostenible en el mercado de alquileres de la Ciudad de México.
La implementación de esta ley podría tener implicaciones significativas en el mercado inmobiliario, incentivando la inversión en vivienda asequible y desincentivando prácticas especulativas. El éxito de la iniciativa dependerá de su diseño final y de la capacidad del gobierno para asegurar su cumplimiento efectivo.
En resumen, la propuesta de Clara Brugada representa un esfuerzo ambicioso por parte del gobierno de la Ciudad de México para abordar uno de los problemas sociales y económicos más apremiantes de la urbe: la accesibilidad a la vivienda y la protección de los derechos de los inquilinos frente a incrementos desmedidos en las rentas.