Capital One ha salido al paso de las acusaciones del expresidente Donald Trump, asegurando que el cierre de sus cuentas bancarias en 2021 no obedeció a motivos políticos, sino a la detección de actividad financiera sospechosa de lavado de dinero. La entidad bancaria presentó un escrito judicial detallando que la decisión fue el resultado de un exhaustivo análisis interno, conforme a sus políticas y a las directrices regulatorias en materia antilavado de dinero (AML).
Este pronunciamiento surge en el contexto de una demanda interpuesta por una de las sociedades holding financieras de Trump contra Capital One. En ella, el expresidente alega que el banco cerró ilegalmente sus cuentas como represalia política, especialmente tras los eventos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Capital One, por su parte, busca que dicha demanda sea desestimada, argumentando la inexistencia de motivaciones políticas.
La disputa legal se intensifica al contrastar las versiones. Mientras Trump sostiene que el cierre de sus cuentas, junto con las de su familia y negocios asociados, fue un acto de persecución política, Capital One insiste en que se trató de una medida basada en rigurosos protocolos de cumplimiento y análisis de riesgos. El banco ha negado categóricamente haber actuado por razones políticas, subrayando que la decisión fue tomada por su equipo especializado en prevención de lavado de dinero tras meses de revisión.
Trump también ha dirigido acciones legales similares contra JPMorgan Chase, alegando un patrón de 'debanking' (cierre de cuentas bancarias) por motivos políticos tras su salida de la Casa Blanca en 2021. Ambos bancos han rechazado estas imputaciones, afirmando que sus decisiones se basan en la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y la evaluación de la relación comercial, y no en la afiliación política de sus clientes.
El concepto de 'debanking' se refiere a la práctica de las instituciones financieras de cerrar cuentas de clientes cuando consideran que estos representan un riesgo financiero, legal o reputacional. En el caso de Trump, la demanda enmendada presentada en julio alega que el acceso a servicios bancarios le fue negado por razones políticas, una afirmación que el banco considera infundada y basada en interpretaciones sesgadas de declaraciones.
El equipo legal de Trump ha mantenido su postura, declarando que Capital One, al igual que otros grandes bancos, actuó de manera "descaradamente política" al cerrar el acceso a servicios bancarios. Aseguran que la demanda busca hacer que el banco rinda cuentas por su "conducta vergonzosa" y esperan una resolución justa. Sin embargo, no han abordado directamente las conclusiones internas del banco sobre las alertas de lavado de dinero.
Este caso se enmarca en un debate más amplio sobre el acceso a servicios bancarios para figuras conservadoras y sus aliados políticos. Las acusaciones de 'debanking' se han intensificado, recordando iniciativas como la "Operación Choke Point" de la era Obama, donde se presionó a los bancos para cortar servicios a ciertas industrias consideradas de riesgo. La industria de las criptomonedas también ha expresado sentirse víctima de prácticas similares.
En respuesta a estas preocupaciones, la administración Trump impulsó una orden ejecutiva en 2025 para garantizar una "banca justa", instruyendo a los reguladores a cesar inspecciones a bancos sobre sus relaciones comerciales. Además, se iniciaron investigaciones sobre presuntos cierres de cuentas bancarias, citando registros de grandes instituciones financieras.
Según se desprende del escrito judicial, Donald Trump mantenía más de 300 cuentas en Capital One, utilizadas para diversos negocios asociados a su marca, desde campos de golf hasta bodegas. Su relación con el banco se extendía por más de una década antes de que las cuentas fueran cerradas. Capital One ha señalado que la decisión de terminación no fue pública y que se permitió a los clientes varios meses para encontrar nuevos servicios bancarios, lo cual, según afirman, hicieron.
La narrativa de Capital One es clara: la actividad detectada en las cuentas de Trump activó las alarmas internas de prevención de lavado de dinero, y la decisión de cerrar las cuentas fue una consecuencia directa de estos hallazgos, sin ninguna consideración política. El banco busca desvincularse de cualquier acusación de discriminación o represalia política, enfocándose en el cumplimiento normativo como único motor de su acción.
El expresidente, por su parte, continúa defendiendo su posición, argumentando que estas acciones son parte de un patrón de hostigamiento hacia él y sus seguidores. La batalla legal promete ser prolongada, con implicaciones significativas para la relación entre el sector financiero y las figuras políticas, especialmente en un entorno de creciente polarización.
En el ámbito internacional, la situación de Trump y sus finanzas sigue siendo objeto de escrutinio. Si bien esta disputa se centra en un banco estadounidense, las repercusiones de tales acusaciones y las respuestas de las instituciones financieras pueden tener un eco global, afectando la percepción de la estabilidad y la equidad del sistema bancario.
La defensa de Capital One se basa en la autonomía de sus políticas internas y en la necesidad de cumplir con las regulaciones antilavado, un pilar fundamental para la integridad del sistema financiero. La pelota está ahora en la cancha de los tribunales para determinar si las acciones del banco estuvieron justificadas por motivos legítimos o si, como alega Trump, existió una motivación política oculta.
El caso subraya la delicada línea que deben transitar los bancos entre la gestión de riesgos y las posibles percepciones de sesgo político. La transparencia y la justificación de sus decisiones son cruciales para mantener la confianza pública, especialmente cuando se trata de clientes de alto perfil como Donald Trump.