El ambicioso registro telefónico obligatorio, diseñado para vincular cada línea móvil a una identidad biométrica, ha comenzado con un pie izquierdo, provocando la suspensión de 4.4 millones de líneas telefónicas tras su primer corte de verificación. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reportó esta cifra, que se suma a las dificultades técnicas y de operación que han enfrentado miles de usuarios desde el inicio del proceso.

La meta de este registro, impulsado por el gobierno federal, es combatir la delincuencia organizada, pero su implementación ha estado plagada de obstáculos. Según datos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), hasta el 19 de agosto, 9.6 millones de líneas con terminación 0 habían sido vinculadas, lo que representaba el 68.6% de un universo estimado de 14 millones. Sin embargo, la CRT maneja cifras distintas, señalando que esas 9.6 millones de líneas equivalen al 78.9% de un total de 12.2 millones, una discrepancia que subraya la falta de claridad en las estadísticas oficiales.

Fallas Técnicas y Congestionamiento

Durante la primera fecha límite del registro, las plataformas de los operadores de telefonía móvil colapsaron. Usuarios reportaron constantes errores y lentitud en los sistemas, impidiendo que pudieran completar el proceso de vinculación de sus números. Esta saturación y las fallas técnicas derivaron en la suspensión automática de las líneas a partir del primer minuto del 16 de agosto, dejando a muchos ciudadanos incomunicados sin previo aviso o con dificultades para resolver la situación.

La implementación, incluso con un esquema escalonado para evitar la saturación generalizada, demostró ser insuficiente ante la demanda y la complejidad del sistema. La presión sobre las plataformas se intensificará a medida que se acerquen las próximas fechas de vencimiento para los diferentes grupos de líneas, lo que anticipa un escenario de mayor caos y desconexión.

Reactivación y Depuración de Líneas

Ante la problemática, la CRT ha informado que 2.3 millones de líneas suspendidas ya han sido reactivadas. Además, se prevé que en los próximos días otras 2.6 millones de líneas recuperen su servicio. Paralelamente, se espera una depuración de aproximadamente 2.5 millones de líneas que se encuentran en desuso dentro de este primer bloque, lo que podría ajustar las cifras de desconexión.

Con este primer corte, el total de líneas vinculadas a nivel nacional asciende a 73.2 millones, lo que representa el 60.5% del total de líneas activas en el país. Sin embargo, la cifra de líneas suspendidas y las dificultades operativas plantean serias dudas sobre la efectividad y la viabilidad del registro a largo plazo.

Perspectivas Económicas y Críticas al Diseño

Un estudio de Banamex proyecta que al cierre de este año, 26 millones de líneas telefónicas podrían ser suspendidas, lo que equivale a dos de cada tres números de prepago. Esta cifra superaría el total de líneas del mercado chileno. La desconexión masiva se traduciría en una pérdida económica permanente para el sector de telecomunicaciones de cerca de 1,900 millones de pesos al mes.

Analistas y especialistas han criticado el diseño del registro, señalando que el problema no radica tanto en la forma de ejecución, sino en la concepción misma de la medida. Argumentan que, incluso si se lograra registrar la totalidad de las líneas de prepago, los grupos criminales encontrarían mecanismos para evadir el sistema, utilizando identidades falsas o líneas prepagadas de forma temporal. La falta de información clara y accesible para los usuarios también ha sido señalada como un factor que podría llevar a suspensiones innecesarias.

El Camino por Delante

La extensión del proceso y las dificultades iniciales otorgan a las autoridades un margen para afinar la operación del registro. Sin embargo, la confianza del público en la medida se ha visto mermada. El próximo corte de verificación será el 31 de agosto para las líneas con terminación 1, y se espera que las lecciones aprendidas de este primer tropiezo se apliquen para evitar un colapso mayor.

El registro telefónico obligatorio se presenta como un desafío mayúsculo para el gobierno y las empresas de telecomunicaciones. La capacidad de superar las fallas técnicas, comunicar eficazmente con la ciudadanía y demostrar la efectividad real de la medida será crucial para su éxito y para evitar un impacto económico y social aún mayor.