La presidenta Claudia Sheinbaum ha salido al paso de las fuertes acusaciones vertidas por el expresidente Felipe Calderón, quien señaló la existencia de una supuesta "justicia selectiva" tras la reciente detención del exgobernador de Baja California, identificado como Ernesto ‘N’.

Calderón, visiblemente molesto, sugirió que las autoridades están protegiendo a figuras afines a Morena mientras persiguen a opositores, citando la detención de Ernesto ‘N’ por presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal como un ejemplo de esta práctica.

Sin embargo, Sheinbaum no tardó en rebatir estas afirmaciones, calificándolas de infundadas y recordando que el propio Calderón había señalado previamente al exgobernador en cuestión por supuestos nexos con el crimen organizado.

"El expresidente Calderón tiene publicaciones de 2017 en contra del exgobernador, acusándolo de vínculos con una organización delictiva. Acaba de publicar Calderón, hablando de la solidaridad con este exgobernador y diciendo que hay justicia selectiva, cosa que negamos absolutamente", declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina de este viernes 17 de julio.

La mandataria subrayó la aparente contradicción en la postura de Calderón, quien ahora defiende a un político al que antes criticaba duramente por sus presuntos lazos con actividades ilícitas.

Por su parte, Felipe Calderón había expresado su indignación en redes sociales, acusando al gobierno actual de "no tocar y proteger" a funcionarios de Morena que, según él, han sido señalados por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Calderón incluso evocó la célebre frase atribuida a Porfirio Díaz: "A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas", para criticar la falta de avances en casos que involucran a figuras de Morena, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, ambos señalados por autoridades estadounidenses.

"Tienen enfrente una lista de funcionarios de MORENA acusados de narcotráfico y alianzas criminales con sicarios y asesinos, que además usaron para robarse su elección. Y no los tocan, los protegen", escribió Calderón, evidenciando su profunda desconfianza en el sistema de justicia actual.

Es importante recordar el contexto de la detención de Ernesto ‘N’. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, detalló que el exgobernador formaba parte de una "colosal" red de huachicol fiscal. Su participación se dio a través de empresas vinculadas al contrabando de combustible, las cuales presentaban declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras para evadir impuestos.

Las autoridades estiman que este entramado criminal causó un daño al fisco superior a los 4 mil millones de pesos. Se calcula que, solo entre enero y julio de 2025, la organización introdujo de manera irregular más de 15 millones de litros de combustible no declarado, distribuyéndolo en estados como Coahuila, Durango y Zacatecas.

La defensa de Ernesto ‘N’ y las críticas de Calderón ponen de manifiesto las tensiones políticas y las acusaciones cruzadas que caracterizan el panorama actual, donde la percepción de justicia y la equidad en su aplicación son constantemente puestas a debate.

Este intercambio verbal entre la presidenta y el expresidente no solo reaviva viejas rencillas políticas, sino que también pone el foco en la compleja relación entre el poder político y el sistema judicial en México, donde las acusaciones de favoritismo y persecución son recurrentes.

La postura de Sheinbaum, al negar rotundamente la justicia selectiva y señalar la inconsistencia de Calderón, busca reforzar la imagen de un gobierno que actúa con imparcialidad, mientras que las críticas de Calderón apuntan a evidenciar lo que considera una doble moral y una aplicación sesgada de la ley.

El caso de Ernesto ‘N’ se suma a la larga lista de controversias que rodean la aplicación de la justicia en México, alimentando el debate público sobre la independencia judicial y la equidad en el tratamiento de los casos, especialmente cuando involucran a figuras políticas de alto perfil.

La respuesta de la mandataria busca desestimar cualquier intento de politizar las acciones de la justicia, presentándolas como procedimientos basados en evidencia y no en agendas políticas, un argumento que, sin embargo, enfrenta el escepticismo de sectores críticos y de la oposición.