La Cámara Alta se convirtió este martes en escenario de una protesta ciudadana que exige justicia y transparencia. Un contingente de abogados sinaloenses, respaldados por activistas anticorrupción, se presentó en el Senado de la República con la firme intención de entregar 20 mil firmas recabadas para solicitar el desafuero del senador Enrique Inzunza.

La movilización, que buscaba visibilizar las graves acusaciones que pesan sobre el legislador de Morena, enfrentó obstáculos desde el principio. A pesar de contar con un permiso previamente gestionado para ingresar al recinto legislativo, los abogados se encontraron con una negativa inesperada. Según Vania Pérez, activista anticorrupción que acompañaba al grupo, la orden de impedir su acceso provino “de arriba, de la mesa directiva”, una maniobra que calificó como un intento de obstruir la voluntad popular.

Este acto de resistencia civil no surgió de la nada. Previamente, el mismo grupo había presentado una solicitud formal de desafuero ante la Cámara de Diputados. La iniciativa en el Senado se produce en respuesta a las declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, quien había minimizado la relevancia de las firmas ciudadanas, sugiriendo que no eran suficientes para revocar el fuero de un senador electo.

“Queremos la voluntad de los diputados para que inmediatamente se recepcione y se nombre a la comisión instructora para efecto de que inicie ya el juicio de procedencia en contra de Enrique Inzunza”, declaró Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza de Abogados de Sinaloa. Beltrán Verduzco enfatizó que las 20 mil firmas son solo una muestra del sentir ciudadano, y que la solicitud de desafuero se sustenta en elementos contundentes, incluyendo una carpeta de investigación ante la fiscalía especializada en delincuencia organizada y un requerimiento formal del gobierno de Estados Unidos.

Las acusaciones contra Inzunza son de suma gravedad. Se le señala por presuntamente actuar como interlocutor entre grupos criminales y el gobierno de Sinaloa, un señalamiento que ha cimbrado la estructura política del estado y ha puesto en entredicho la integridad de sus funcionarios. La fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada y las autoridades estadounidenses han documentado presuntos actos de tráfico de influencias desmedido, lo que ha generado una profunda preocupación en la sociedad civil.

En un intento por mostrar apoyo a la causa ciudadana, las senadoras Paloma Sánchez, del PRI, y Lilly Téllez, del PAN, se acercaron a los manifestantes. Sin embargo, al igual que los abogados, también encontraron resistencia para acceder al recinto legislativo junto con los activistas, evidenciando una aparente tensión y un intento de aislar la protesta.

Finalmente, tras superar las barreras iniciales, el grupo logró ingresar al Senado al grito de consignas contundentes: “¡Fuera Inzunza! ¡Fuera Inzunza! ¡Fuera Inzunza!”. La determinación de los abogados y ciudadanos presentes era palpable, reflejando la indignación ante lo que perciben como un encubrimiento y una falta de voluntad política para enfrentar la corrupción.

La senadora Paloma Sánchez del PRI, al tomar la palabra, recordó que han transcurrido cinco largos meses desde que Estados Unidos emitió la acusación formal contra Inzunza. La acusación específica lo señala como presunto intermediario entre el Cártel de Sinaloa y el gobernador Rubén Rocha, cuando Inzunza fungía como Secretario de Gobierno. Este lapso de tiempo ha sido interpretado por muchos como un periodo de inacción o, peor aún, de protección por parte de las estructuras de poder.

Sánchez aprovechó para lanzar fuertes críticas a la bancada de Morena. A pesar de que Enrique Inzunza se había separado formalmente de la bancada de Morena tras las acusaciones, la senadora priista argumentó que, en la práctica, sigue siendo parte del partido y que sus compañeros morenistas son quienes lo protegen. Señaló directamente a la mesa directiva, encabezada por Higinio Martínez, y a la coordinación del grupo parlamentario, a cargo de Ignacio Mier, como cómplices en este presunto encubrimiento.

La entrega de la caja con las 20 mil firmas a la mesa directiva del Senado marca un hito en la exigencia de rendición de cuentas. Respaldada por la organización Change, esta acción busca activar formalmente el proceso de desafuero y obligar a las autoridades a investigar a fondo las graves acusaciones. La pelota está ahora en la cancha del Senado, que deberá decidir si responde al clamor ciudadano o si cede ante las presiones políticas.

El caso de Enrique Inzunza pone de manifiesto la compleja red de influencias y presuntos vínculos entre el poder político y el crimen organizado en México. La Alianza de Abogados de Sinaloa y los activistas anticorrupción han encendido una luz de alerta, exigiendo que la justicia prevalezca sobre los intereses partidistas y la protección de figuras cuestionadas.

La respuesta del Senado será crucial para determinar si se avanza hacia un sistema de justicia más transparente y equitativo, o si se perpetúa un esquema de impunidad que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.

La situación actual subraya la persistente problemática de la inseguridad y la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales, un desafío que México ha enfrentado durante décadas y que requiere de acciones contundentes y voluntad política real para ser erradicado.

En el contexto de la política mexicana, este tipo de escándalos no son nuevos, pero la magnitud de las acusaciones y la movilización ciudadana en esta ocasión podrían marcar un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

La presión social ejercida por la Alianza de Abogados de Sinaloa y sus aliados es un recordatorio de que la ciudadanía organizada puede ser un contrapeso efectivo al poder establecido, exigiendo que los funcionarios públicos rindan cuentas por sus actos, sin importar su fuero o afiliación política.

El futuro político de Enrique Inzunza pende de un hilo, y la decisión que tome el Senado respecto a su desafuero será observada de cerca por todo el país, como un termómetro de la voluntad política para enfrentar la corrupción y la influencia del crimen organizado en la esfera pública.