La Fiscalía General de la República (FGR) ha desatado una ofensiva legal contra miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Guerrero, abriendo 20 carpetas de investigación por la liberación de casetas de peaje. Esta acción, que criminaliza la protesta social, pone al descubierto la doble moral del gobierno de la Cuarta Transformación, que predica el diálogo y la justicia, pero responde con mano dura a quienes disienten.
El Artículo 167 del Código Penal Federal establece penas de uno a cinco años de prisión para quienes liberen vías de comunicación, una norma que la FGR parece dispuesta a aplicar con todo rigor contra los maestros. La CNTE, históricamente un actor relevante en la escena política y social de México, se encuentra ahora en la mira de la justicia, enfrentando un panorama sombrío que podría derivar en detenciones y procesos penales.
La liberación de casetas, una forma de protesta recurrente por parte de diversos grupos sociales en México para visibilizar sus demandas, se ha convertido en un punto de fricción entre la autoridad y los manifestantes. En este caso particular, la respuesta de la FGR sugiere una estrategia de disuasión y castigo, más que de entendimiento y negociación.
Este embate legal contra la CNTE en Guerrero no es un hecho aislado. Se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el gobierno federal y diversos sectores de la sociedad civil, quienes acusan al régimen de Andrés Manuel López Obrador de coartar las libertades y de utilizar las instituciones del Estado para silenciar las voces críticas. La narrativa oficial de un gobierno cercano al pueblo contrasta fuertemente con estas acciones punitivas.
La CNTE, a través de sus voceros, ha denunciado esta persecución como un intento de intimidación y de criminalización de la protesta social. Argumentan que la liberación de casetas es una medida de presión legítima ante la falta de respuesta a sus demandas, las cuales suelen estar relacionadas con mejoras laborales, salariales y educativas.
Sin embargo, la FGR, bajo la batuta de Alejandro Gertz Manero, parece haber adoptado una postura inflexible. La apertura de 20 carpetas de investigación sugiere una coordinación y una determinación para actuar contra los docentes, lo que genera preocupación entre los defensores de los derechos humanos y los activistas sociales.
El Artículo 167 del Código Penal Federal, que sirve de base para estas investigaciones, es un arma de doble filo. Si bien busca garantizar el libre tránsito y la seguridad de las vías de comunicación, su aplicación selectiva puede convertirse en una herramienta de represión política. La pregunta que surge es si esta norma se aplica por igual a todos los ciudadanos o si se utiliza de manera discrecional contra aquellos que incomodan al poder.
Las implicaciones de estas investigaciones son significativas. Podrían derivar en la detención de líderes sindicales, en la fractura de la organización magisterial y en un clima de miedo que inhiba futuras movilizaciones. El gobierno, al optar por la vía penal, parece cerrar las puertas al diálogo y apostar por una solución autoritaria.
La situación en Guerrero pone de relieve la fragilidad de las libertades democráticas en México. La criminalización de la protesta social es una señal alarmante que recuerda épocas pasadas donde la disidencia era duramente reprimida. La 4T, que prometió un cambio radical, parece estar replicando viejas prácticas autoritarias.
Es fundamental que la FGR actúe con imparcialidad y respeto a los derechos humanos. La apertura de carpetas de investigación no debe ser vista como una sentencia, pero sí como un acto que requiere escrutinio público y transparencia. La sociedad mexicana debe estar atenta a cómo se desarrollan estos procesos y exigir que la justicia no se utilice como un instrumento de venganza política.
La CNTE, por su parte, deberá redoblar esfuerzos para defender a sus agremiados y para visibilizar la injusticia de estas acciones. La solidaridad de otros gremios y organizaciones sociales será crucial en este momento. La lucha por los derechos laborales y la libertad de expresión es una causa que nos concierne a todos.
El gobierno de López Obrador, en lugar de criminalizar a los maestros, debería buscar soluciones reales a las problemáticas que aquejan al sector educativo y atender las demandas legítimas de los trabajadores. La represión nunca ha sido la respuesta, y en este caso, solo agrava el conflicto y erosiona la confianza en las instituciones.
La FGR tiene la obligación de actuar con apego a la ley y a los principios de justicia. La apertura de 20 carpetas de investigación contra profesores por liberar casetas en Guerrero es un acto que exige una explicación clara y una justificación sólida, más allá de la simple aplicación de un artículo del código penal. La ciudadanía espera que la justicia sea equitativa y no un arma para silenciar a quienes alzan la voz.