En un contundente golpe a la delincuencia organizada, autoridades federales mexicanas lograron la detención de ocho presuntos miembros del Cártel de Sinaloa y el aseguramiento de un considerable arsenal en diversos operativos realizados en el sur de la entidad.
Las acciones, llevadas a cabo por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se desplegaron en distintos puntos estratégicos del estado, respondiendo a la persistente pugna interna que fractura al cártel.
Arsenal de Guerra Asegurado
El primer operativo, realizado en el poblado de Agua Verde, resultó en el hallazgo de dos vehículos y un impresionante lote de 33 armas largas, seis artefactos explosivos, 68 cargadores, 50 cartuchos, una granada, así como chalecos y cascos tácticos. Adicionalmente, se encontraron dos máquinas contadoras de dinero y cantidades significativas de lo que se presume es cocaína y marihuana.
Derivado de este primer aseguramiento, las fuerzas federales extendieron sus patrullajes, logrando la detención de una persona más y el decomiso de cuatro vehículos, dos armas largas, seis cargadores, 204 cartuchos, uniformes tácticos y 580 dosis de presunta marihuana.
Campamento Criminal y Destrucción de Explosivos
En un tercer despliegue, en las inmediaciones de Palo Blanco, personal federal descubrió un campamento que, según las investigaciones, era utilizado por el crimen organizado. En este sitio se aseguraron cinco vehículos, dos armas largas, nueve cargadores, mil cartuchos y seis artefactos explosivos improvisados. Ante el evidente riesgo que representaba su traslado, los explosivos fueron destruidos en el lugar por personal especializado, mientras que los vehículos fueron inhabilitados.
Finalmente, en las cercanías del municipio de Escuinapa, se reportó la detención de otras siete personas, junto con el aseguramiento de armamento y cargadores, aunque las cantidades exactas no fueron especificadas por las autoridades.
La Violencia Persiste en Sinaloa
Estos operativos se dan en un contexto de alta tensión en Sinaloa, estado que ha sido escenario de una violenta confrontación interna dentro del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024. La disputa se ha intensificado entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, escisiones que surgieron tras la captura en Estados Unidos de Ismael ‘el Mayo’ Zambada, uno de los líderes históricos del cártel.
Si bien la violencia se concentró inicialmente en la capital, Culiacán, en los últimos meses se ha extendido a municipios del sur como Mazatlán, Concordia y Escuinapa. Los reportes incluyen homicidios, desplazamientos forzados de comunidades y ataques con armamento de alto poder, incluyendo explosivos y drones.
Este reciente operativo se suma a otras acciones significativas, como el realizado a principios de agosto en Agua Verde, municipio de El Rosario, donde la Marina decomisó más de 300 artefactos explosivos improvisados y aproximadamente 300 kilogramos de material explosivo.
Perspectivas Oficiales y Realidad en el Terreno
El Gobierno federal ha sostenido que, a pesar de la persistencia de la violencia, se ha observado una disminución en el promedio diario de homicidios en Sinaloa. Según cifras oficiales, este promedio habría caído un 52 por ciento entre junio de 2025, cuando se registraron 6.9 asesinatos diarios, y julio pasado, con 3.3 casos.
Sin embargo, la realidad en el terreno, evidenciada por operativos de esta magnitud y el aseguramiento de arsenales considerables, sugiere que la lucha contra el crimen organizado en Sinaloa aún enfrenta enormes desafíos. La capacidad de estas organizaciones para operar, armarse y generar violencia subraya la complejidad de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno actual y la necesidad de acciones contundentes y sostenidas para erradicar estas amenazas.
La presencia de artefactos explosivos, armas de alto calibre y la continua actividad de grupos criminales en la región son un recordatorio sombrío de la profunda penetración del narcotráfico en el tejido social y económico de México, y de la urgente necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la paz y la seguridad pública en el país.