La Secretaría Anticorrupción, bajo el mando de Raquel Buenrostro, ha emitido una serie de sanciones contra servidores públicos de dependencias clave como Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Sin embargo, un análisis detallado de estas medidas revela que los castigos son, en su mayoría, meras "palmaditas en la mano", con suspensiones que van de los 15 a los 30 días, y en algunos casos, hasta un año, lo cual dista mucho de ser un combate frontal y efectivo contra la corrupción.

Estas sanciones, según la dependencia, responden a faltas administrativas no graves, omisiones en el servicio público y conductas indebidas. Si bien es cierto que la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla diversas sanciones, la aplicación de las más leves para casos que involucran a instituciones tan cruciales como Pemex y el AIFA genera serias dudas sobre la voluntad real de erradicar prácticas irregulares.

En el caso de Pemex, se han registrado suspensiones para personal de áreas administrativas. Por ejemplo, un jefe de Departamento de Vigilancia Epidemiológica fue suspendido por 15 días por no documentar adecuadamente su ausencia laboral en 2025. De manera similar, una coordinadora de la Subgerencia de Medicina Preventiva recibió una suspensión de 30 días por omitir la entrega de un acta de encargo temporal. Estos son solo dos ejemplos de una lista que, aunque extensa, parece más enfocada en cumplir con una formalidad que en generar un impacto disuasorio real.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), proyecto emblemático del gobierno actual, tampoco ha estado exento de estas "sanciones leves". Un jefe de Departamento de Mercadotecnia fue suspendido por 15 días debido a faltas de respeto hacia una compañera en 2025. Incluso, dos técnicos en combustibles recibieron una suspensión de seis días por provocar un derrame el año pasado. La gravedad de estas faltas, en comparación con el tiempo de suspensión, deja un sabor amargo y la sensación de impunidad.

La Secretaría Anticorrupción ha justificado estas medidas argumentando que se aplicaron bajo criterios de proporcionalidad y gravedad, en apego a la ley. Sin embargo, la percepción pública es que estas sanciones son insuficientes para disuadir la corrupción y las malas prácticas administrativas que, a menudo, tienen consecuencias mucho mayores para el erario y la eficiencia de las instituciones.

No todas las sanciones fueron tan cortas. Se reporta el caso de un gerente de la Subdirección de Servicio de Salud en Pemex, quien recibió la suspensión más prolongada: un año. Este caso, aunque más severo, parece ser la excepción que confirma la regla de la lenidad generalizada.

Otras dependencias también se han visto involucradas en estas "lluvias de sanciones". El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Banjército figuran en la lista de instituciones donde se han aplicado medidas correctivas. En Banjercito, la sanción se limitó a una amonestación pública a un subdirector, lo que refuerza la idea de un castigo simbólico.

La Secretaría de Salud también aplicó inhabilitaciones de hasta 30 días a médicos generales y especialistas por omitir la hospitalización de una paciente, lo que derivó en un agravamiento de su estado de salud en el Hospital General de México. Si bien la omisión de atención médica es grave, la suspensión temporal parece una respuesta mínima ante el daño causado.

La Secretaría Anticorrupción, encabezada por Buenrostro, ha reiterado que estas acciones forman parte de su compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción. Sin embargo, la efectividad de estas medidas es cuestionable cuando los castigos no reflejan la magnitud de las faltas ni el impacto que estas pueden tener en la operación de instituciones fundamentales para el país.

Es importante recordar que los servidores públicos sancionados tienen la opción de impugnar las resoluciones. La dependencia, por su parte, ha advertido que defenderá sus determinaciones conforme a derecho. Este proceso, sin embargo, no debe servir como excusa para la aplicación de sanciones que no cumplan con el objetivo primordial de erradicar la corrupción y la impunidad.

La ciudadanía espera acciones contundentes y ejemplares contra quienes abusan de su cargo y perjudican el servicio público. Las sanciones de 15 y 30 días, en lugar de generar confianza, alimentan la percepción de que la "cuarta transformación" es incapaz de imponer un verdadero escarmiento a sus funcionarios.

El verdadero combate a la corrupción requiere de sanciones ejemplares, que no solo suspendan temporalmente a los infractores, sino que también contemplen inhabilitaciones permanentes, multas significativas y, en casos de desvío de recursos o actos de corrupción graves, la consignación penal correspondiente.

La Secretaría Anticorrupción tiene la oportunidad de demostrar que su labor va más allá de la simple aplicación de sanciones menores. Debe ajustar sus criterios para que las medidas correctivas sean proporcionales a la gravedad de las faltas y sirvan como un verdadero disuasivo contra la corrupción en todas las dependencias del gobierno.

En última instancia, la credibilidad de las instituciones y la confianza de los ciudadanos en el gobierno dependen de la capacidad de este para sancionar de manera efectiva y ejemplar a quienes traicionan la confianza pública. Las "palmaditas en la mano" no son suficientes.