Cinco bebés perdieron la vida en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital General de Zona 1 del IMSS en Durango, entre el 15 y el 19 de septiembre. Cuatro de ellos dieron positivo a Klebsiella pneumoniae, una bacteria comúnmente asociada a infecciones adquiridas en entornos hospitalarios. Este trágico suceso se suma a una denuncia similar en Guadalajara, donde tres familias señalaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) la muerte de sus hijos en el Centro Médico Nacional de Occidente, también vinculada a la misma bacteria y al hongo Candida albicans. El propio IMSS ha reconocido que, en al menos seis bebés fallecidos en esta última unidad a lo largo del año, una infección hospitalaria figura entre las causas de muerte.
Es crucial señalar que, hasta el momento, no existe una conclusión oficial definitiva sobre la causa exacta de cada deceso. El IMSS ha advertido que la mera presencia de la bacteria no constituye prueba irrefutable de que haya sido el agente causal de la muerte del recién nacido. Tampoco se ha determinado el origen del brote infeccioso, y los análisis de secuenciación genética aún están pendientes. Las autoridades del Instituto han indicado que se han revisado medicamentos e insumos, descartando por ahora cualquier contaminación. Sin embargo, testimonios de familiares pintan un panorama distinto, describiendo un cuadro de presuntas deficiencias en el cuidado del personal.
Testimonios y Señalamientos
Familiares de las víctimas en Durango y Jalisco han relatado escenarios preocupantes, incluyendo la presunta falta de uso de guantes y cubrebocas por parte del personal médico. En el caso de Guadalajara, se ha denunciado la escasez de jabón para el lavado de manos, una medida básica de higiene. Según los denunciantes, una sola enfermera estaría a cargo de atender a tres o cuatro bebés simultáneamente, una carga de trabajo muy superior a la norma que establece una enfermera por cada paciente aislado. Además, se señala que la unidad neonatal en Guadalajara continuó recibiendo recién nacidos incluso después de que se registraran las primeras muertes.
La situación de precariedad en el IMSS no es exclusiva de estos casos. El 1 de octubre, médicos y enfermeras del propio Centro Médico de Occidente se manifestaron para denunciar la falta de insumos, medicamentos y personal. En contraste, el IMSS en Durango ha afirmado que una revisión conjunta confirmó la suficiencia de recursos. Estas versiones contrapuestas evidencian la necesidad de una investigación independiente, ya que no debería ser la misma institución acusada la encargada de resolver las discrepancias.
El Contexto del Desabasto
Este lamentable suceso ocurre en un contexto de persistentes problemas de abasto de medicamentos e insumos en el sector salud. En diciembre de 2025, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, reconoció que la anulación de la primera compra consolidada de medicinas fue uno de sus aprendizajes más difíciles, y el desabasto se prolongó durante gran parte de 2025. En marzo de este año, la Secretaría de Salud redujo significativamente el catálogo de claves de medicamentos disponibles para diversas instituciones, incluyendo el IMSS y el ISSSTE, a pesar de que la presidenta aseguraba que el abasto superaba el 97%. Un legislador de oposición, basándose en datos oficiales de junio, estimó que la entrega verificable de medicamentos rondaba apenas el 70%. A finales de septiembre, el propio Clark admitió que el abasto aún no alcanzaba el 100%.
Si bien los hospitales donde ocurrieron estas muertes pertenecen al IMSS ordinario y no al programa IMSS-Bienestar, el modelo de compras centralizadas y el catálogo recortado son comunes a ambas estructuras. Informes recientes sugieren que Clark ha reconocido un desabasto del 20% en recetas, concentrado principalmente en el IMSS-Bienestar. Resulta difícil concebir que este desorden administrativo se detenga en la puerta del IMSS ordinario, especialmente cuando los trabajadores de esta última también han expresado protestas por la falta de personal e insumos.
La Respuesta Institucional y la Búsqueda de Responsables
La respuesta oficial del IMSS ante esta crisis ha sido la conformación de una Auditoría Clínica Colegiada Independiente. Este comité, integrado por especialistas de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), los Institutos Nacionales de Salud y la UNAM, revisará once prácticas clave, incluyendo el lavado de manos, el cuidado de catéteres, la gestión del agua y drenajes, y la proporción de personal por bebé. Esta lista de puntos a revisar coincide notablemente con las denuncias presentadas por las familias. Sin embargo, la convocatoria provino del propio IMSS, y hasta ahora, las indagaciones parecen centrarse en los eventos ocurridos dentro de cada unidad, sin abordar directamente las decisiones presupuestarias, de personal y de compras que subyacen a estas problemáticas.
La responsabilidad penal recae en la FGR, pero la responsabilidad política apunta a figuras clave. Zoé Robledo, director general del IMSS desde 2019, es el máximo responsable de que sus unidades operen conforme a la norma. Aunque ha ofrecido disculpas a las familias de Durango, también ha señalado que la revisión busca identificar fallas, no necesariamente culpables. David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, es quien coordina la política de salud y las compras de medicamentos, además de haber participado en el recorte del catálogo. Eduardo Clark, como encargado de estas compras, y Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, también deberían rendir cuentas ante el Congreso, presentando datos concretos sobre personal e insumos en estas unidades, en lugar de limitarse a comunicados oficiales.
El Patrón de Manejo de Crisis
El guion para el manejo de crisis parece repetirse. Hasta ahora, los cambios implementados han sido a nivel local: se ha separado temporalmente al director del hospital y al jefe de la unidad de terapia intensiva en Guadalajara, y en Durango se relevó a la representante del IMSS, siendo sustituida por Saúl Nevárez. La presidenta de México ha solicitado que se llegue “hasta las últimas consecuencias”. Sin embargo, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, ha denunciado hermetismo, afirmando que se enteró de los hechos cinco días después de la primera muerte. Con estos antecedentes, es previsible que los resultados de las investigaciones se presenten semanas después, probablemente primero a las familias, en un momento en que la atención pública ya se haya desviado hacia otros temas. Existe el temor fundado de que la responsabilidad final recaiga en empleados de base, como enfermeras o médicos de guardia en prácticas profesionales, eximiendo a los verdaderos responsables de las decisiones de alto nivel.
Robledo se comprometió a entregar avances a las familias de Durango el 9 de octubre, lo cual representa una primera prueba de transparencia. Para evitar que el caso se diluya y se pierda en la burocracia, es imperativo exigir tres puntos clave: la publicación de la secuenciación genética y el informe completo de la auditoría; la transparencia total en las plantillas de enfermería y el abasto de insumos en todas las unidades neonatales del IMSS; y que la investigación trascienda el ámbito hospitalario para alcanzar las decisiones presupuestarias y de compras que determinan las condiciones operativas desde instancias superiores.
Un recién nacido en terapia intensiva es un paciente que depende de la correcta ejecución de múltiples acciones cotidianas por parte del personal de salud: desde el simple lavado de manos hasta la disponibilidad de guantes y la atención individualizada por parte de una enfermera. Cuando estas acciones fallan, es porque detrás existe una cadena de decisiones administrativas y presupuestarias que evidencian la escasez de insumos y personal. Estas decisiones tienen autores definidos, y el país tiene el derecho inalienable de conocer sus nombres. Es sencillamente imperdonable que vidas tan vulnerables se pierdan por causas totalmente evitables si las cosas se hicieran con la diligencia y responsabilidad que demandan.
En otras latitudes digitales…
Se percibe un cierre de cerco en torno a figuras del círculo inmediato del expresidente López Obrador y sus hijos. Lo interesante de estas acciones es que emanan del propio gobierno actual, sugiriendo una negociación en curso sobre el balance de poder de cara a los procesos electorales de 2027 y 2030.