El Banco de México (Banxico) ha dado un paso firme en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, anunciando un robustecimiento de sus mecanismos de prevención y revisión. Este movimiento se da en un contexto de mayor escrutinio internacional, particularmente tras las acusaciones de Estados Unidos a instituciones financieras mexicanas el año pasado.
Victoria Rodríguez, gobernadora de Banxico, detalló en la presentación del Reporte de Estabilidad Financiera que la colaboración entre México y el gobierno estadounidense se ha intensificado significativamente. Más allá de la cooperación entre autoridades, las propias instituciones financieras del país han respondido al llamado, elevando sus protocolos para detectar y prevenir actividades ilícitas.
"Estamos revisando los procesos de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo con el propósito de modernizarnos que nos ayuden a combatir este delito", afirmó Rodríguez. La gobernadora subrayó que se han intensificado las revisiones, poniendo especial énfasis en el conocimiento de sus clientes, sobre todo aquellos considerados de alto riesgo.
Estas medidas se implementan casi un año después de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos señalara a tres entidades mexicanas: Vector, Intercam y CI Banco. Las acusaciones de presunto lavado de dinero y financiamiento a cárteles de la droga tuvieron consecuencias severas, llevando a la desaparición gradual de estas instituciones y la venta de sus activos.
Desde entonces, el sector financiero mexicano ha reaccionado con celeridad. Bancos y Sociedades Financieras Populares (Sofipos) han endurecido drásticamente las medidas para la apertura de nuevas cuentas. Los clientes ahora deben someterse a procesos de verificación más rigurosos, incluyendo la actualización y escaneo de sus identificaciones oficiales.
Incluso los bancos digitales, que operan bajo un modelo de menor contacto físico, se han visto obligados a reforzar e implementar mecanismos avanzados para analizar el perfil de los nuevos cuentahabientes. La agilidad y el alcance de las operaciones digitales presentan desafíos únicos en la prevención del lavado de dinero, lo que exige soluciones tecnológicas sofisticadas.
La Asociación de Bancos de México (ABM) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también han sellado un acuerdo de colaboración. El objetivo es común: evitar que el dinero proveniente de estafas, muchas de ellas operadas desde centros penitenciarios, circule libremente por el sistema financiero mexicano.
Un análisis reciente de la UIF reveló patrones transaccionales preocupantes asociados con esquemas de extorsión originados en prisiones. Estos esquemas a menudo involucran transferencias electrónicas con conceptos recurrentes y una movilización acelerada de fondos a través de aplicaciones móviles, que concentraron cerca del 70% de las operaciones observadas en el caso analizado.
La gobernadora Rodríguez reiteró la importancia de la debida diligencia con los clientes, especialmente aquellos de alto riesgo. La implementación de las designaciones del FinCEN ha sido un catalizador para que las instituciones financieras refuercen la verificación de sus clientes y de sus beneficiarios finales.
Adicionalmente, y con motivo de eventos de gran afluencia como la Copa Mundial de Futbol, el gobierno de Estados Unidos ha emitido alertas específicas a los bancos. El objetivo es prevenir que recursos ilícitos, como los derivados de la trata de personas u otros delitos graves, se filtren a través de los canales financieros.
Este esfuerzo coordinado entre Banxico, las instituciones financieras, la ABM y la UIF, junto con la cooperación internacional, demuestra un compromiso renovado para blindar el sistema financiero mexicano contra actividades delictivas. La vigilancia constante y la adaptación de las tecnologías y protocolos son clave para mantenerse un paso adelante de quienes buscan explotar las vulnerabilidades del sistema.
La efectividad de estas medidas será crucial para mantener la confianza en el sistema financiero mexicano y para cumplir con los estándares internacionales, evitando así futuras sanciones o señalamientos que puedan afectar la reputación y la estabilidad económica del país.