La Asociación de Bancos de México (ABM) ha intensificado sus gestiones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para demandar la pronta creación de juzgados especializados en materia mercantil, con el objetivo de agilizar el cobro de garantías asociadas a créditos vencidos. Emilio Romano, presidente de la ABM, ha sostenido reuniones con el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, para subrayar la urgencia de esta medida, que busca destrabar miles de millones de pesos en cartera vencida.
El Retraso en la Justicia Financiera
Actualmente, el Poder Judicial cuenta con una oferta limitada de tribunales especializados en materia mercantil para el sector financiero. Según Romano, a nivel local existen apenas dos de estos órganos, lo cual resulta insuficiente ante la magnitud del problema. La ABM estima que hay más de 55 mil juicios pendientes relacionados con el cobro de garantías, principalmente de créditos hipotecarios que han caído en impago. La falta de jueces especializados provoca que estos litigios, que de por sí deberían resolverse en uno o dos años, se prolonguen indefinidamente, generando pérdidas significativas para las instituciones bancarias.
La Necesidad de Especialización Judicial
Moisés Padilla, abogado asociado de la firma Pérez Correa González, explica que la creación de estos tribunales especializados es un proceso que requiere la aprobación del Órgano de Administración Judicial. Si bien existen algunos juzgados con esta característica, su capacidad se ve rápidamente superada por la alta demanda. La saturación de trabajo impide que los jueces puedan emitir resoluciones de manera pronta, expedita y técnica, lo que agrava la situación de los conflictos entre la sociedad y los bancos.
La especialización no solo se refiere al conocimiento del derecho mercantil, sino también a la comprensión de las complejidades del sistema financiero moderno. Teodoro Serralde, director de Serralde Consultores, enfatiza que la banca y las finanzas están en constante evolución, impulsadas por la digitalización y las nuevas tecnologías. Los jueces deben estar al tanto no solo de las normativas, sino también de aspectos como la protección de datos personales y la naturaleza de los productos financieros digitales. Serralde lamenta que el sistema judicial no ha seguido el ritmo de esta modernización, dejando a muchos jueces sin la capacidad de comprender plenamente los instrumentos y contratos financieros.
La SCJN, un Aliado Potencial
Emilio Romano ha expresado optimismo respecto a la disposición de la SCJN para colaborar. Ha destacado que el éxito de la reforma al Poder Judicial dependerá de la construcción diaria de nuevos esquemas de capacitación y especialización. El sector bancario está atento y dispuesto a apoyar esta labor, reconociendo la importancia de una justicia que sea tanto pronta como expedita. La ABM valora que la Corte haya abierto sus puertas para establecer mesas de trabajo conjuntas, lo que considera un paso fundamental para abordar las deficiencias del sistema.
La postura de la ABM es clara: la justicia no debe verse únicamente desde la perspectiva de la banca o de los clientes, sino como un mecanismo que garantice la protección adecuada para todas las partes involucradas. La agilización de los procesos de cobro de garantías no solo beneficia a las instituciones financieras al recuperar fondos, sino que también puede contribuir a la estabilidad del sistema crediticio y, en última instancia, a la economía del país. La falta de resolución en estos casos puede generar un efecto dominó, afectando la capacidad de los bancos para otorgar nuevos créditos y, por ende, frenando el desarrollo económico.
Implicaciones Económicas y Sociales
La lentitud en los procesos judiciales para el cobro de garantías tiene repercusiones económicas significativas. Los créditos que permanecen en cartera vencida representan capital inmovilizado que podría ser reasignado a proyectos productivos o a nuevas líneas de financiamiento. Esto limita la capacidad de las instituciones financieras para operar eficientemente y puede traducirse en mayores costos para los usuarios finales, a través de tasas de interés más elevadas o condiciones de crédito más restrictivas. Además, la incertidumbre jurídica que generan estos retrasos puede desalentar la inversión, tanto nacional como extranjera.
Desde una perspectiva social, la falta de acceso a una justicia financiera ágil puede generar desconfianza en el sistema bancario y judicial. Los deudores que enfrentan procesos prolongados pueden verse atrapados en un ciclo de endeudamiento y litigio, con consecuencias devastadoras para su patrimonio y su bienestar. Por otro lado, los acreedores legítimos ven mermado su derecho a recuperar lo que les corresponde, lo que puede erosionar la confianza en el cumplimiento de los contratos y en la efectividad del Estado de Derecho.
El Camino a Seguir
La ABM continuará impulsando la creación de tribunales especializados y la capacitación de jueces en materia financiera. La colaboración con la SCJN y el Órgano de Administración Judicial será clave para lograr una reforma profunda y efectiva. Se espera que, con el impulso de la banca, se puedan establecer nuevos juzgados mercantiles de manera estructurada, asegurando que estén equipados para manejar el volumen y la complejidad de los casos financieros. La meta es clara: una justicia pronta y expedita que responda a las necesidades de un sistema financiero moderno y dinámico.
La modernización del Poder Judicial es un desafío complejo que requiere la participación activa de todos los actores involucrados. La ABM ha demostrado su compromiso con este proceso, y su insistencia en la especialización judicial es un reflejo de su visión a largo plazo para un sistema financiero más robusto y confiable. La atención a estos detalles procesales es fundamental para fortalecer el Estado de Derecho y fomentar un ambiente de negocios más seguro y predecible en México.
La iniciativa de la ABM subraya una necesidad crítica en el sistema legal mexicano: la adaptación a la complejidad de las transacciones financieras modernas. La falta de jueces con el conocimiento técnico y legal específico para abordar estos casos no solo perjudica a la banca, sino que también puede afectar la confianza general en el sistema financiero y en la capacidad del Estado para hacer cumplir los contratos y proteger los derechos de propiedad. La presión ejercida por la ABM busca, en última instancia, mejorar la eficiencia del sistema judicial en un área de vital importancia para la economía nacional.
En este contexto, la respuesta de la SCJN y del Órgano de Administración Judicial será determinante. La creación de tribunales especializados, la capacitación continua de los jueces y la implementación de procedimientos más ágiles son pasos necesarios para superar el rezago actual y asegurar que la justicia financiera en México sea un pilar de estabilidad y crecimiento, en lugar de un obstáculo.
La ABM ha puesto sobre la mesa una problemática que requiere atención inmediata. La espera de años para resolver disputas sobre garantías de créditos no solo genera pérdidas económicas, sino que también envía un mensaje de ineficiencia del sistema judicial. La solicitud de la ABM es un llamado a la acción para modernizar la impartición de justicia en materia financiera, un sector clave para el desarrollo del país.