México se encuentra en un momento crucial, enfrentando simultáneamente dos escrutinios internacionales de gran envergadura: uno en el ámbito de la seguridad aérea y otro en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Ambas evaluaciones, aunque dispares en su enfoque sectorial, comparten una preocupación fundamental: la eficacia del Estado para aplicar y supervisar normativas, contar con personal especializado y, sobre todo, demostrar que las regulaciones no son meros adornos burocráticos, sino instrumentos funcionales en la práctica.
El sector aéreo mexicano revive fantasmas recientes. En mayo de 2021, el país sufrió la pérdida de la Categoría 1 de seguridad aérea otorgada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). La causa: la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) no cumplía con los estándares internacionales de supervisión. La recuperación de esta categoría, lograda en septiembre de 2023 tras más de dos años de esfuerzos institucionales, modificaciones regulatorias y colaboración industrial, fue un alivio, pero dejó al descubierto una herida aún sensible.
Durante el periodo en que México permaneció en Categoría 2, las aerolíneas nacionales sufrieron severas restricciones, limitando la apertura de nuevas rutas y la expansión de frecuencias hacia Estados Unidos. El costo de una supervisión deficiente se trasladó a toda la cadena productiva de la aviación, evidenciando una problemática recurrente: una autoridad aeronáutica no puede operar eficazmente sin inspectores, recursos y especialistas suficientes. Este punto, hoy, vuelve a estar en el centro de la revisión.
Uno de los principales desafíos que aquejan a la AFAC, bajo la dirección del general Emilio Avendaño García y adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), es la desigualdad salarial. La agencia necesita presupuesto para contratar y retener al personal de supervisión necesario para el crecimiento de la industria. Sin embargo, enfrenta una vieja distorsión: capacita a especialistas para luego verlos partir hacia la industria privada, que ofrece mejores salarios y condiciones laborales. La homologación de las remuneraciones de los supervisores de la AFAC con las del mercado aeronáutico es una discusión pendiente, pero la política de austeridad republicana implementada desde el sexenio anterior dificulta un cambio sustancial.
Aunado a lo anterior, existe una preocupación aún más delicada: la capacidad e independencia del área encargada de investigar accidentes e incidentes aéreos. Estas investigaciones deben poseer la fortaleza técnica y la autonomía necesarias para determinar las causas de los siniestros, evitando que los procesos se vean condicionados por intereses regulatorios, operativos o políticos.
Paralelamente, México se encuentra bajo el escrutinio del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo que evalúa el régimen nacional de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En marzo, el GAFI realizó su visita in situ como parte de una evaluación mutua que examina tanto el cumplimiento técnico como la efectividad real del sistema. Los resultados finales se discutirán y votarán en la plenaria de octubre.
Este tema es de vital importancia. El país ha trabajado intensamente para fortalecer sus defensas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, intensificando la supervisión y emitiendo nuevas reglas para sujetos de alto riesgo. México está preparado para demostrar que cuenta con leyes, disposiciones regulatorias, unidades especializadas, obligaciones de identificación del cliente y mecanismos de supervisión.
Sin embargo, el GAFI no solo busca la existencia de normativas, sino su efectividad práctica: cuántas operaciones sospechosas se detectan, cómo se investigan, cuántas derivan en sanciones y qué sucede con los recursos ilícitos. La coordinación entre autoridades es otro punto clave, y aunque existen miles de reportes e investigaciones, las condenas efectivas se cuentan con cuentagotas.
Elisa de Anda Madrazo, quien presidió el GAFI hasta el 30 de junio, conoció de cerca la complejidad de estas evaluaciones. El actual presidente, Giles Thomson del Reino Unido, no altera la metodología ni la exigencia del organismo hacia México.
El punto de convergencia entre ambas evaluaciones es alarmante. En aviación, México ya experimentó cómo una autoridad con capacidades limitadas puede desencadenar una crisis industrial. En materia antilavado, el riesgo es aún mayor, amenazando la imagen del país, la solidez de su sistema financiero y generando una cascada de problemas si no se cumplen adecuadamente las expectativas internacionales.
La coincidencia temporal de estas dos evaluaciones subraya la urgencia de abordar las debilidades estructurales en la capacidad de supervisión y regulación del Estado mexicano. La efectividad de las instituciones y la asignación de recursos adecuados son fundamentales para mantener la confianza internacional y proteger sectores económicos vitales.
La falta de personal especializado y la desigualdad salarial en la AFAC, así como la limitada efectividad demostrada en la persecución de delitos financieros, son señales de alerta que requieren atención inmediata. El gobierno actual, al igual que el anterior, enfrenta el reto de demostrar que las normativas no solo existen en el papel, sino que se aplican de manera rigurosa y efectiva, protegiendo así la reputación y la estabilidad económica del país.
El futuro de la aviación mexicana y la integridad de su sistema financiero dependen en gran medida de la respuesta que México ofrezca a estas evaluaciones. Ignorar estas señales podría tener consecuencias económicas y de reputación difíciles de revertir, tal como lo demostró la crisis de la Categoría 1 en el sector aéreo.