REGULADOR BAJO SOSPECHA

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) se encuentra en el ojo del huracán. Expertos en la materia han encendido las alarmas ante la posibilidad de que los recién implementados lineamientos sobre derechos de audiencias se conviertan en una herramienta de control y censura, alejándose de su propósito original de proteger al público.

La principal preocupación radica en la supuesta falta de independencia y autonomía de la CRT. Según Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), el regulador ha dejado de ser una entidad meramente técnica para convertirse en un organismo susceptible a influencias políticas e ideológicas. Esta transformación, advierte, podría derivar en la aplicación de criterios sesgados al momento de resolver quejas, afectando directamente la labor de periodistas y medios de comunicación.

“Antes teníamos un regulador técnico y no les gustaba que se obligara a los comunicadores, a los periodistas, a los productores, a distinguir entre sus opiniones y los hechos de la noticia, pero ahora el problema que tenemos es que el regulador ya no es técnico, ya no es independiente y ya no es autónomo”, declaró Bravo en entrevista, subrayando la percepción de un posible sesgo político en la nueva autoridad.

LA SOMBRA DE LA POLITIZACIÓN

El temor latente es que la administración actual, a través de la CRT, utilice la regulación de los derechos de las audiencias como un mecanismo para silenciar voces críticas. La posibilidad de que Morena o la autodenominada Cuarta Transformación empleen estas normativas para ejercer censura es una hipótesis que cobra fuerza entre los analistas.

Gerardo Flores, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), coincide en la preocupación, señalando que los lineamientos parecen exceder las facultades otorgadas por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Un punto particularmente sensible es el artículo que impone a concesionarios y programadores la obligación de adoptar medidas para evitar la difusión de información falsa o descontextualizada.

Flores argumenta que esta exigencia no fue contemplada de manera explícita por el Congreso, sino que representa una interpretación extensiva por parte de la CRT. “La ley habla de preservar la pluralidad y la veracidad de la información como un objetivo general para toda la radiodifusión, no como una obligación específica para cada canal o cada programa. Sin embargo, la Comisión está redimensionando ese principio para exigir medidas concretas que la ley no establece, fácilmente esto ha sido interpretado como un riesgo importante de censura”, explicó.

CAMPAÑAS DE DESINFORMACIÓN Y PRESIÓN

Otro de los riesgos advertidos por los expertos es la potencial utilización del mecanismo de presentación de quejas para orquestar campañas coordinadas contra medios específicos. La posibilidad de que se empleen identidades simuladas para generar un volumen artificial de reclamaciones podría ejercer una presión indebida tanto sobre los defensores de las audiencias como sobre el propio regulador.

Bravo enfatiza que la función primordial de la CRT debe ser la verificación de la existencia de defensores de audiencias, códigos de ética y mecanismos de atención, y no la intervención en los criterios editoriales de los concesionarios. La falta de claridad en este aspecto podría abrir la puerta a interpretaciones discrecionales y perjudiciales.

LA 'MAÑANERA' Y LOS MEDIOS PÚBLICOS, BAJO LA LUPA

Los nuevos lineamientos también podrían extender su alcance a la conferencia matutina presidencial y a otros contenidos difundidos por medios públicos. Expertos señalan que la posibilidad de presentar quejas contra la información difundida en estos espacios es real, lo que podría generar controversias.

Gerardo Flores plantea el escenario de una queja contra la "mañanera" por información falsa o inexacta. En tal caso, el defensor de audiencias tendría que revisarla y, de ser procedente, solicitar una corrección al Canal 11 o al Sistema Público de Radiodifusión. Sin embargo, se muestra escéptico sobre la posibilidad de que la CRT solicite una corrección directa a la Presidencia.

Por su parte, Jorge Bravo sostiene que los medios públicos no deben estar exentos del escrutinio y el cumplimiento de los derechos de las audiencias. "También las audiencias deben protegerse de los medios públicos. Los medios públicos transgreden todos los días los derechos de las audiencias", afirmó, evidenciando una crítica generalizada hacia la parcialidad que, según su perspectiva, a menudo caracteriza a estos medios.

En este contexto, la implementación de los nuevos lineamientos genera un debate crucial sobre el equilibrio entre la protección de las audiencias y la salvaguarda de la libertad de expresión, en un panorama donde la independencia de los organismos reguladores es fundamental para evitar derivas autoritarias y la consolidación de un entorno mediático cada vez más polarizado y controlado.