Las sombras del crimen organizado y la política en Sinaloa parecen extenderse hasta el norte, con el reciente asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), emergiendo como un potencial catalizador para nuevas y más profundas investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses.
Según análisis recientes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría evaluando la posibilidad de integrar las circunstancias del brutal homicidio de Cuén, ocurrido en julio de 2024, a las pesquisas que ya se venían desarrollando en torno a funcionarios y políticos de la entidad sinaloense. La mira, según se desprende de comunicaciones gubernamentales, estaría puesta en el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, a quien se le investiga por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Un Homicidio Bajo la Lupa Internacional
El asesinato de Cuén Ojeda no es un caso menor. Su muerte, ocurrida en circunstancias aún envueltas en versiones contradictorias, ha captado la atención de Washington. La hipótesis que se maneja es que el homicidio podría ser incorporado a acusaciones de conspiración para distribuir y comercializar drogas en territorio estadounidense. Esto transformaría un crimen local en una pieza clave de un expediente internacional, elevando la presión sobre las autoridades mexicanas y los implicados.
La relevancia del caso se magnifica al considerar la fecha del asesinato: el mismo día en que Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López fueron trasladados a Estados Unidos. Zambada, figura central del Cártel de Sinaloa, habría declarado posteriormente haber sido llevado a EU contra su voluntad, y que acudió a una reunión donde también estaría presente Cuén. Este encuentro, supuestamente convocado en la finca “La Higuerita” cerca de Culiacán, habría tenido como objetivo mediar en un conflicto relacionado con el control de la UAS, con Zambada actuando como intermediario.
Versiones Contradictorias y Sospechas de Encubrimiento
La discrepancia en las investigaciones oficiales sobre el lugar y las causas del asesinato de Cuén ha alimentado las sospechas. Inicialmente, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa apuntó a un intento de robo en una gasolinera como móvil del crimen. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) posteriormente rechazó esta versión, señalando que el homicidio habría ocurrido en la mencionada finca “La Higuerita”.
Esta inconsistencia ha sido interpretada por analistas y por el periodista Raymundo Riva Palacio como una posible estrategia para encubrir las verdaderas circunstancias del asesinato, sugiriendo que la primera versión habría sido una investigación fabricada. Si bien estas afirmaciones forman parte del análisis periodístico y no constituyen una determinación judicial, plantean serias dudas sobre la transparencia y eficacia de las investigaciones locales.
La Estructura Criminal en el Banquillo de los Acusados
El posible vínculo del asesinato de Cuén con acusaciones de narcotráfico es crucial. Las autoridades estadounidenses ya habían señalado presuntos nexos entre funcionarios de Sinaloa y organizaciones del Cártel de Sinaloa. La nueva hipótesis busca establecer si el homicidio de Cuén puede ser conectado directamente con una estructura de colaboración criminal dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
De confirmarse esta conexión, el asesinato dejaría de ser un simple crimen local para convertirse en una pieza fundamental en un expediente más amplio en EU. La relevancia jurídica radicaría en demostrar una posible relación entre el homicidio, la protección o facilitación de actividades criminales y una conspiración vinculada al tráfico de estupefacientes. Esto podría derivar en nuevas solicitudes de extradición o en la ampliación de cargos contra funcionarios sinaloenses.
Implicaciones Políticas y la Reacción de México
El caso Cuén ha generado preocupación en el Gobierno mexicano ante la posibilidad de que Estados Unidos reactive o amplíe investigaciones sobre funcionarios sinaloenses. La administración de Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura de cooperación con EU en materia de seguridad y justicia, pero la complejidad de estos casos, que entrelazan crimen organizado y esferas de poder político, presenta desafíos significativos.
Históricamente, la relación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico ha estado marcada por la tensión y la desconfianza mutua. Las investigaciones sobre funcionarios mexicanos por parte de autoridades estadounidenses a menudo generan fricciones diplomáticas y debates internos sobre la soberanía nacional. La administración actual enfrenta el reto de equilibrar la cooperación internacional con la protección de sus funcionarios y la integridad de sus instituciones.
El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, ha sido objeto de escrutinio por parte de autoridades estadounidenses, aunque hasta la fecha no se ha presentado una acusación formal en su contra. La información que emana de la columna de Riva Palacio sugiere que el asesinato de Cuén podría ser el elemento que faltaba para consolidar un caso más robusto contra él y otros posibles implicados.
La situación subraya la persistente influencia del crimen organizado en la política y la administración pública de algunas regiones de México, particularmente en estados con una fuerte presencia de cárteles como Sinaloa. La falta de avances claros y la existencia de versiones contradictorias en las investigaciones locales solo sirven para alimentar las sospechas y fortalecer los argumentos de las autoridades extranjeras que buscan desmantelar estas redes de poder ilícito.
El futuro de las investigaciones dependerá de la evidencia que logren recabar tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses. Sin embargo, el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda ha abierto una nueva y peligrosa arista en la compleja relación entre el crimen, la política y la justicia en México, con repercusiones que podrían sacudir los cimientos del poder en Sinaloa y más allá.