Organizaciones de la sociedad civil han alzado la voz una vez más, haciendo un llamado enérgico al gobierno de la República para que establezca una política nacional integral y una estrategia fiscal contundente que regule de manera efectiva el consumo de bebidas alcohólicas. El objetivo primordial de esta demanda es implementar medidas concretas y eficientes que garanticen que los menores de edad no tengan acceso a estos productos, buscando así desnormalizar su ingesta, la cual, advierten, incrementa significativamente el riesgo de padecer problemas de salud graves y a largo plazo.

La preocupación de estas agrupaciones no es nueva; se trata de una insistencia reiterada ante la aparente inacción o insuficiencia de las medidas gubernamentales actuales para proteger a la población más joven de los peligros asociados al alcohol. Señalan que la normalización del consumo, incluso entre adolescentes, ha creado un entorno donde la adquisición y el uso de estas sustancias se perciben como algo común, ignorando las devastadoras consecuencias que esto puede acarrear para el desarrollo físico y mental de los jóvenes, así como para el tejido social en general.

En el contexto de la salud pública, el acceso temprano al alcohol se asocia directamente con un mayor riesgo de desarrollar dependencia en la edad adulta, así como con un incremento en la probabilidad de sufrir accidentes, violencia, y de incurrir en comportamientos de riesgo. Además, el consumo de alcohol durante la adolescencia puede interferir con el desarrollo cerebral, afectando funciones cognitivas esenciales y la salud mental.

Las organizaciones civiles enfatizan la necesidad de una política fiscal que no solo desincentive el consumo a través de impuestos elevados, sino que también asegure que los recursos recaudados se destinen a programas de prevención, tratamiento y rehabilitación. Argumentan que una estrategia fiscal bien diseñada puede ser una herramienta poderosa para reducir la asequibilidad del alcohol, especialmente para los grupos de mayor riesgo, como son los menores de edad.

Históricamente, la regulación del alcohol ha sido un desafío para muchos gobiernos, enfrentando la resistencia de la industria y la complejidad de cambiar patrones culturales arraigados. Sin embargo, la evidencia científica es contundente respecto a los daños que el consumo temprano y excesivo puede ocasionar, haciendo imperativo un abordaje proactivo y decidido por parte de las autoridades.

El llamado a la acción se dirige específicamente al gobierno federal, instándolo a no solo emitir directrices, sino a asegurar su aplicación efectiva a nivel nacional. Esto implica coordinar esfuerzos entre diferentes secretarías y niveles de gobierno, así como colaborar con la sociedad civil y el sector privado para crear un frente unido contra el consumo irresponsable de alcohol, particularmente entre los jóvenes.

La falta de una política nacional clara y de medidas fiscales adecuadas deja un vacío que las organizaciones buscan llenar con su activismo y sus propuestas. Consideran que la normalización del consumo de alcohol entre menores es un reflejo de una falla sistémica que debe ser corregida con urgencia, antes de que las consecuencias se vuelvan aún más graves y difíciles de revertir.

Se espera que este nuevo llamado genere una respuesta por parte del gobierno, que podría incluir la revisión de las leyes actuales, la implementación de campañas de concientización más efectivas y el fortalecimiento de los mecanismos de control para evitar la venta de alcohol a menores. La pelota está ahora en la cancha de las autoridades, quienes deben demostrar su compromiso con la protección de la salud y el bienestar de las futuras generaciones.

La estrategia fiscal propuesta por las ONG no se limita a aumentar precios, sino a crear un esquema que grave de manera progresiva el alcohol, considerando su peligrosidad y el impacto social que genera. Buscan que el Estado recupere un papel activo en la regulación, no solo como recaudador, sino como garante de la salud pública y protector de los derechos de los niños y adolescentes.

En el ámbito internacional, diversos países han implementado políticas exitosas para reducir el consumo de alcohol en jóvenes, incluyendo restricciones en la publicidad, límites de edad más estrictos para la compra y el consumo, y programas educativos en escuelas. Las organizaciones mexicanas sugieren que México podría aprender de estas experiencias y adaptarlas a su contexto particular.

La urgencia del tema radica en la creciente evidencia de que el consumo de alcohol en edades tempranas está ligado a problemas de salud mental, adicciones y conductas antisociales. Por ello, la demanda de las ONG es un llamado a la responsabilidad y a la acción preventiva, antes de que sea demasiado tarde para muchos jóvenes mexicanos.

El debate sobre la regulación del alcohol en México es complejo y multifacético, involucrando aspectos de salud pública, economía, cultura y derechos humanos. Las organizaciones civiles buscan que la política pública priorice la salud y el bienestar de los menores, sentando las bases para una sociedad más sana y responsable en el futuro.