La creciente preocupación por el uso de teléfonos celulares y redes sociales entre niños y adolescentes ha llevado al gobierno mexicano a considerar regulaciones más estrictas. Sin embargo, expertos en la materia advierten que una prohibición total podría ser contraproducente y, lo que es más grave, violar la Constitución.
El Marco Constitucional en Juego
Ezequiel Gil, vicepresidente adjunto de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de AT&T Cuidado Digital, enfatiza que la tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable para acceder a derechos básicos. Estos incluyen la educación, la cultura, el empleo, la salud e incluso la inclusión financiera. Por lo tanto, restringir su uso, especialmente para los jóvenes, podría significar negarles el acceso a estas oportunidades vitales.
Iván Díaz, abogado y perito informático, refuerza este argumento al señalar que una prohibición directa entraría en conflicto con el Artículo 6° de la Constitución Mexicana. Dicho artículo consagra el derecho al acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), un derecho que, según su interpretación, no debería estar supeditado a la edad del ciudadano.
El Debate sobre la Regulación
La discusión en México, impulsada por el gobierno, se centra en cómo las plataformas digitales están diseñadas para captar y retener la atención de los usuarios. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ha señalado que elementos como el scroll infinito, las notificaciones constantes, la reproducción automática de videos y los algoritmos de recomendación plantean un problema de salud pública que requiere acciones colectivas, priorizando el bienestar de niños y jóvenes sobre los intereses comerciales.
Incluso figuras como Jonathan Haiducovich, profesor de la Universidad de Nueva York y autor de "La generación ansiosa", han sugerido medidas como la prohibición de teléfonos durante el horario escolar y el aumento de la edad mínima para crear cuentas en redes sociales a 16 años. No obstante, también coincide en que la regulación no debe centrarse únicamente en restringir contenidos.
Educación Digital, la Alternativa a la Prohibición
Ante este panorama, tanto Gil como Díaz coinciden en que el enfoque no debe ser punitivo ni basarse en prohibiciones, las cuales consideran ineficaces si no van acompañadas de una responsabilidad social profunda. En lugar de vetar el acceso, proponen fomentar una educación digital integral.
Gil aboga por un "uso cuidadoso, responsable y equilibrado" de las redes sociales. Argumenta que intentar prohibirlas por completo podría llevar a que los menores las utilicen "a escondidas", lo que dificultaría la supervisión y la minimización de riesgos. La clave, según él, reside en mantener conversaciones abiertas y continuas entre padres e hijos.
Díaz complementa esta idea al destacar la importancia del "acompañamiento de los padres en el uso de este tipo de tecnologías". Esta supervisión activa transforma la restricción ciega en una actividad compartida y consciente, permitiendo a los menores navegar el mundo digital de manera más segura.
Inclusión Digital y Responsabilidad Compartida
Para Díaz, el cumplimiento del Artículo 6° no se limita a la simple entrega de dispositivos, sino a promover una "inclusión digital a un uso adecuado de los activos de información". Esto implica que tanto el Estado como los tutores deben colaborar para que los niños comprendan el procesamiento de la información y los riesgos inherentes a la red.
Equilibrio entre Regulación y Libertad
Los especialistas reconocen la necesidad de establecer un "piso mínimo" de regulación gubernamental para garantizar la protección de los usuarios, especialmente los más jóvenes. Sin embargo, también lanzan un llamado a evitar la "sobrerregulación", ya que un exceso de leyes restrictivas podría coartar el avance tecnológico y obstaculizar el acceso a sus beneficios.
AT&T, a través de su iniciativa AT&T Cuidado Digital, trabaja activamente para visibilizar los peligros digitales y proporcionar herramientas de protección. La empresa identifica amenazas críticas como el fraude, el sexting, el acoso, el contacto con desconocidos y la exposición a contenido inapropiado. Para mitigar estos riesgos, colaboran con autoridades educativas y realizan seminarios dirigidos a docentes, padres y alumnos.
La formación en el uso responsable de la tecnología no debe limitarse a los jóvenes. Gil señala la importancia de extender estas capacitaciones a otros grupos vulnerables, como los adultos mayores, quienes son particularmente susceptibles a fraudes y extorsiones. En definitiva, el uso responsable de la tecnología es una tarea que involucra a toda la sociedad.