La Fiscalía de Michoacán ha intensificado una línea de investigación crucial que podría vincular a la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, con Samuel García Rivero, un exfuncionario municipal que enfrenta un proceso penal por su presunta implicación en el asesinato de Carlos Manzo, el predecesor de Quiroz en el cargo.
Esta nueva arista en la indagatoria se desprende de una ampliación de declaración proporcionada por Yesenia Méndez Rodríguez, quien fungió como secretaria particular de Carlos Manzo. La información, recibida por la fiscalía el pasado lunes, ha llevado a las autoridades a preparar un plan de investigación exhaustivo para desentrañar cualquier posible conexión.
Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, detalló en conferencia de prensa que el posible vínculo entre Quiroz y García Rivero ya figuraba entre las hipótesis iniciales del caso, aunque con un peso menor. La reciente declaración de Méndez Rodríguez ha dotado a esta línea de investigación de mayor relevancia, permitiendo a la fiscalía emprender acciones más concretas.
“Tenemos que agotar todas las líneas de investigación”, enfatizó Vega Rodríguez, subrayando el compromiso de la dependencia por esclarecer completamente los hechos que rodearon el homicidio de Manzo. La ampliación de la denuncia ha abierto la puerta a nuevas diligencias ministeriales.
Según las declaraciones de Méndez Rodríguez, Samuel García Rivero habría llegado a la administración municipal de Uruapan por recomendación directa de Grecia Quiroz, y mantenía una relación cercana con ella. La exsecretaria particular también cuestionó cómo García Rivero, tras dejar su puesto en la alcaldía, continuaba teniendo acceso a información sensible que solo se compartía de manera restringida.
Las autoridades federales han señalado que García Rivero presuntamente facilitó información sobre las actividades y movimientos de Carlos Manzo a miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta información, según las investigaciones, habría sido utilizada por una célula delictiva para ejecutar el homicidio el 1 de noviembre de 2025.
Además, Méndez Rodríguez afirmó haber sido testigo de que García Rivero mantuvo comunicación con la alcaldesa Quiroz incluso después del asesinato de Manzo, instando a las autoridades a investigar a fondo esta relación post-homicidio.
Ante los señalamientos, Grecia Quiroz ha manifestado su disposición a colaborar plenamente con las investigaciones. Sin embargo, la edil ha expresado su extrañeza por el lapso de nueve meses que, según ella, Yesenia Méndez esperó para ampliar su declaración, si en realidad poseía información de primera mano desde el inicio. Quiroz ha reiterado su solicitud para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, buscando una intervención a nivel federal.
Hasta el momento, la Fiscalía de Michoacán no ha presentado una imputación formal contra la alcaldesa Quiroz. Las diligencias actuales se centran en corroborar o descartar los nuevos señalamientos vertidos en la declaración ampliada.
Esta línea de investigación se suma a una causa penal que ya ha resultado en la detención y vinculación a proceso de 31 personas. Estas personas están acusadas de participar en la planeación, ejecución y encubrimiento del crimen.
Entre los detenidos se encuentra Ramón Ángel ‘N’, alias ‘R1’, capturado el pasado 30 de julio. El Gobierno federal lo ha identificado como el presunto autor intelectual principal del asesinato de Carlos Manzo.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, declaró en su momento que ‘R1’ dio la orden para cometer el homicidio. Existen indicios que sugieren que Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del CJNG, tuvo conocimiento del plan, aunque no hay elementos suficientes para atribuirle directamente la orden del crimen.
El contexto de inseguridad en Michoacán, y particularmente en Uruapan, ha sido un tema recurrente. La violencia ligada al crimen organizado ha permeado diversas esferas, incluyendo la política local, generando un clima de zozobra y desconfianza.
La investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo pone de manifiesto la complejidad de las redes criminales y su posible infiltración en estructuras gubernamentales. La fiscalía enfrenta el desafío de desmantelar estas redes y llevar a los responsables ante la justicia, sin importar su posición.
El caso de Uruapan es un reflejo de los retos que enfrentan las autoridades mexicanas en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, donde la línea entre el poder político y el crimen organizado parece, en ocasiones, peligrosamente difusa.
La ciudadanía de Uruapan espera respuestas claras y acciones contundentes que garanticen la seguridad y la justicia, y que se ponga fin a la impunidad que, lamentablemente, a menudo acompaña a estos crímenes de alto impacto.