El Tribunal Electoral de Chiapas (TEECH) ha emitido una resolución contundente que pone al descubierto la violencia política en razón de género ejercida por alcaldes en funciones contra síndicas en la entidad. Específicamente, se ha determinado que los presidentes municipales de Huixtla y Acapetahua, Regulo Palomeque (del Partido Verde Ecologista de México, PVEM) y César Martínez (de Morena), respectivamente, incurrieron en estas prácticas reprobables.

La decisión del TEECH, plasmada en la resolución del juicio TEECH/JDC/028/2026, modifica un fallo anterior del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, emitido el 14 de julio de 2026. El órgano electoral local, según el TEECH, no realizó una valoración adecuada de las pruebas presentadas por las partes agraviadas ni analizó las denuncias bajo una perspectiva de género, lo que llevó a la revocación de su dictamen inicial.

Agravios Fundados y Violencia Acreditada

Las magistradas y magistrados del TEECH consideraron que los agravios expuestos por las síndicas eran fundados. En su comunicado, el tribunal enfatizó que se acreditó la existencia de violencia política en perjuicio de las denunciantes. En consecuencia, se vinculó al Consejo General del IEPC para que dé cumplimiento a los efectos establecidos en la nueva sentencia, lo que implica una revisión y posible sanción a los ediles implicados.

En el caso particular de Huixtla, el alcalde Regulo Palomeque, junto con el secretario municipal Alvarado, habrían vulnerado los derechos políticos y electorales de la síndica. Las acciones específicas incluyeron la obstrucción de su ejercicio y desempeño en el cargo, además de la retención de su salario, una práctica que atenta directamente contra la autonomía y la capacidad de trabajo de una funcionaria pública.

El Rol de Morena y el PVEM en el Escándalo

La participación de un alcalde de Morena en estos actos de violencia política de género es particularmente llamativa, dado que el partido oficialista ha pregonado en diversas ocasiones su compromiso con la equidad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres. La resolución del TEECH pone en entredicho estas proclamas, al evidenciar que, en la práctica, miembros de sus filas pueden estar perpetuando las mismas estructuras de poder que buscan desmantelar.

Por su parte, el PVEM, partido aliado del gobierno federal, también se ve envuelto en este escándalo. La implicación de su alcalde en Huixtla sugiere que la violencia política de género no es un problema exclusivo de una sola fuerza política, sino una problemática transversal que afecta a diversas administraciones y partidos.

Contexto de Violencia Política de Género en México

La violencia política de género es un fenómeno complejo y persistente en México, que se manifiesta de diversas formas, desde el acoso y la intimidación hasta la obstaculización del ejercicio de funciones y la negación de recursos. Las síndicas, como representantes de los municipios y a menudo con funciones de fiscalización, son particularmente vulnerables a este tipo de agresiones cuando intentan ejercer su cargo con independencia y apego a la ley.

Históricamente, las mujeres en la política han enfrentado barreras significativas para acceder y ejercer sus cargos. La violencia política de género busca precisamente desalentar su participación y limitar su influencia, perpetuando así un sistema patriarcal en las estructuras de poder. Las resoluciones como la del TEECH son pasos importantes para visibilizar y sancionar estas prácticas, aunque la implementación efectiva de las sentencias y la erradicación de la violencia requieran un esfuerzo sostenido y una voluntad política genuina.

Implicaciones y Siguientes Pasos

La decisión del TEECH tiene implicaciones importantes. Por un lado, refuerza la importancia de los órganos electorales y jurisdiccionales como garantes de los derechos políticos de las mujeres. Por otro lado, pone de relieve la necesidad de que los partidos políticos tomen medidas más efectivas para prevenir y sancionar la violencia política de género dentro de sus filas.

Se espera que el IEPC de Chiapas actúe con celeridad para cumplir con la sentencia del TEECH. Esto podría incluir la imposición de sanciones a los alcaldes y funcionarios involucrados, así como la implementación de medidas de reparación para las síndicas agraviadas. La forma en que se gestione este caso sentará un precedente para futuras denuncias y para la lucha contra la violencia política de género en el estado y en el país.

La Perspectiva de Género como Herramienta Fundamental

La resolución del TEECH subraya la importancia crucial de la perspectiva de género en el análisis de las denuncias. Al no haber aplicado esta lente en su fallo inicial, el IEPC demostró una deficiencia que el tribunal electoral ha corregido. La perspectiva de género permite identificar las dinámicas de poder desiguales y las discriminaciones que subyacen a muchas de las conductas que constituyen violencia política.

En Chiapas, como en otras entidades, la presencia de mujeres en cargos de elección popular ha ido en aumento, pero esto no ha eliminado automáticamente las resistencias y las agresiones. La violencia política de género es una manifestación de estas resistencias, un intento por mantener el status quo y limitar el avance de las mujeres en la esfera pública.

Un Llamado a la Responsabilidad de los Gobiernos Locales

Este caso es un recordatorio de que la lucha por la igualdad de género y la erradicación de la violencia no es solo una cuestión de leyes y sentencias, sino también de actitudes y prácticas cotidianas en el ejercicio del poder. Los alcaldes y funcionarios públicos tienen la responsabilidad de garantizar un ambiente de respeto y equidad para todas las personas, sin importar su género.

La resolución del TEECH, al acreditar la violencia política de género, envía un mensaje claro: no se tolerarán más abusos de poder que busquen silenciar o menoscabar la labor de las mujeres en la política. La justicia electoral, en este caso, ha actuado como un contrapeso necesario frente a las prácticas machistas que aún persisten en algunos gobiernos locales.