Michoacán, el corazón aguacatero de México, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, pero esta vez las implicaciones van mucho más allá de lo ambiental. La economía del estado, fuertemente dependiente de sus exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos, enfrenta un panorama sombrío tras la decisión de Washington de suspender actividades oficiales y frenar temporalmente las cruciales inspecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
Esta medida, detonada por la escalada de violencia y la emisión de una alerta de viaje nivel 4 (no viajar) por parte de Estados Unidos, pone en riesgo la certificación de nuevos embarques de aguacate, el producto estrella de la entidad, que representa cerca del 88 por ciento de la producción nacional y generó exportaciones por aproximadamente 3 mil 653 millones de dólares en 2025.
El problema no es nuevo. Desde hace años, el crecimiento desmedido de huertas de aguacate en zonas forestales y áreas no autorizadas para el cambio de uso de suelo ha sido una constante preocupación. En su momento, el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ya había advertido sobre la necesidad de que los aguacates provenientes de huertas ilegales no tuvieran acceso al mercado estadounidense. Un mensaje que, al parecer, no resonó lo suficiente en las esferas gubernamentales mexicanas.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha documentado casos alarmantes: en febrero de este año, inspecciones derivadas de una petición ciudadana revelaron el derribo de encinos en más de 120 hectáreas para dar paso a más de 41 mil plantas de aguacate. En junio, la misma Profepa reportó el derribo ilegal de mil 70 árboles y afectaciones en casi 24 hectáreas dentro de áreas naturales protegidas. La inacción del gobierno estatal, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, ante estas flagrantes violaciones ambientales, ha sido notoria y preocupante.
Ahora, la crisis de seguridad se entrelaza de manera inextricable con la economía. La decisión de Estados Unidos de suspender actividades oficiales en Michoacán, ante una amenaza de seguridad, no solo paraliza las inspecciones necesarias para la exportación de aguacate, sino que también envía una señal de alarma para otros productos agrícolas clave como las berries, el limón y el mango, que también tienen una fuerte presencia en el mercado estadounidense y canadiense.
El sector agroalimentario michoacano, que ha construido mercados internacionales a lo largo de años, se encuentra en una encrucijada. La naturaleza perecedera de productos como las berries hace que cualquier interrupción en las certificaciones, inspecciones, transporte o cruces fronterizos se traduzca no solo en demoras, sino en pérdidas económicas millonarias. Es un escenario donde los problemas de seguridad, ajenos a la producción en parcela, amenazan con socavar una ventana de oportunidades y negocios construida con gran esfuerzo.
La dependencia económica de Michoacán con Estados Unidos en materia agroalimentaria es innegable. Cerca del 80 por ciento de sus exportaciones agrícolas se concentran en aguacate, guayaba y berries, con destino principal a Estados Unidos, Canadá y España. La suspensión de actividades oficiales por parte de Washington representa un golpe directo a esta vital relación comercial.
La situación exige una respuesta contundente por parte de las autoridades mexicanas, tanto a nivel estatal como federal. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), bajo la dirección de Columba López, debe prepararse para un escenario de posibles cierres de mercado y buscar estrategias para mitigar el impacto económico. La diversificación de mercados y productos, así como una estrategia clara y efectiva para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad, son imperativos para evitar que la violencia siga dictando el destino económico de la entidad.
En el contexto de la inseguridad que azota a Michoacán, la industria agroalimentaria, que representa un pilar fundamental para la economía local, se ve seriamente amenazada. La falta de acción gubernamental ante la tala ilegal y la expansión descontrolada de huertas de aguacate, sumada a la creciente violencia, ha creado un caldo de cultivo para que las autoridades estadounidenses tomen medidas drásticas que impactan directamente en el sustento de miles de familias.
La comunidad internacional observa con preocupación cómo la delincuencia organizada no solo desestabiliza regiones enteras, sino que también genera repercusiones económicas de gran alcance. La suspensión de inspecciones para la exportación de aguacate es un claro ejemplo de cómo la inseguridad puede convertirse en una barrera comercial infranqueable.
Es fundamental que el gobierno de Michoacán, y en general el gobierno federal, asuman su responsabilidad en la protección de las áreas naturales y en la garantía de la seguridad pública. La imagen de México en el exterior, y la viabilidad de sus sectores productivos, dependen de la capacidad de las autoridades para enfrentar y resolver estos complejos desafíos.
La economía de Michoacán, tan ligada a la exportación de productos agrícolas, se encuentra en una posición vulnerable. La alerta de viaje emitida por Estados Unidos y la consecuente suspensión de actividades oficiales son un llamado de atención que no puede ser ignorado. Es hora de pasar de las declaraciones a las acciones concretas para revertir la tendencia y asegurar un futuro económico más estable y seguro para el estado.