La Cámara de Diputados ha dado un paso significativo hacia la modernización financiera de México con la aprobación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Esta legislación, que ahora se dirige al Senado para su ratificación, tiene como objetivo primordial disminuir progresivamente la dependencia del efectivo y fomentar el uso de herramientas de pago digitales como transferencias, tarjetas, códigos QR, CoDi y DiMo.

El dictamen fue aprobado en lo general con una mayoría de 330 votos a favor frente a 122 en contra, y posteriormente ratificado en lo particular con 327 votos a favor y 122 en contra. La iniciativa ahora enfrenta la etapa de revisión en el Senado, donde se espera que continúe su trámite legislativo.

Uno de los pilares de esta nueva ley es la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para identificar sectores estratégicos y actividades económicas donde los pagos digitales y electrónicos podrían convertirse en la única modalidad de pago aceptada. La implementación de esta medida se prevé que sea gradual, permitiendo que las autoridades sectoriales definan las condiciones, requisitos y obligaciones específicas para su adopción.

Tras la entrada en vigor de la ley, Hacienda dispondrá de 15 días hábiles para determinar los sectores y actividades sujetos a este esquema. Posteriormente, las autoridades competentes tendrán un plazo similar para emitir las disposiciones administrativas que regirán la transición. Entre los primeros sectores señalados para esta transición se encuentran las gasolineras y las casetas de peaje, áreas donde la infraestructura para pagos digitales ya presenta avances considerables.

Se ha destacado que la mayoría de las estaciones de servicio ya cuentan con terminales punto de venta y una alta cobertura de conectividad. De igual manera, las casetas de peaje disponen de infraestructura para pagos mediante TAG, con planes de expansión para incluir códigos QR. La nueva legislación también impone obligaciones a proveedores de bienes y servicios, así como a los tres órdenes de gobierno, para que habiliten la infraestructura necesaria para recibir pagos digitales, informen a los usuarios sobre las opciones disponibles y establezcan mecanismos para gestionar contingencias que afecten las operaciones electrónicas.

Es importante señalar que el efectivo no desaparecerá por completo de la circulación general. La ley contempla que, en situaciones de contingencia que impidan la recepción de pagos digitales o electrónicos, se permitirá el uso de efectivo o cheque como métodos alternativos hasta que la afectación sea resuelta.

Reconocimiento de la CURP Digital y Nuevas Responsabilidades

Otro cambio relevante introducido por la legislación es el reconocimiento de la CURP Digital como un mecanismo de confianza para la contratación de servicios financieros en línea. Los ciudadanos podrán emplear esta herramienta o cualquier otro mecanismo de identificación oficial válido ante las entidades financieras.

La ley también redefine las responsabilidades del Banco de México y de las instituciones financieras, encomendándoles facilitar el uso de medios de pago digitales. Paralelamente, las autoridades gubernamentales deberán promover la aceptación de estos mecanismos en trámites y servicios públicos.

Los medios de pago considerados bajo esta nueva ley incluyen transferencias electrónicas, tarjetas, códigos QR, tecnología NFC y otros dispositivos o interfaces reconocidos por las autoridades financieras, como CoDi y DiMo.

Cuestionamientos de la Oposición y Desafíos Futuros

Durante el debate legislativo, la oposición expresó preocupaciones significativas. Principalmente, se cuestionó la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda para determinar las actividades en las que el efectivo dejará de ser aceptado. Asimismo, se plantearon dudas sobre los costos que esta transición podría implicar para los pequeños negocios y las microempresas.

Legisladores de partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano también señalaron riesgos potenciales para la población que carece de acceso a internet, cuentas bancarias o dispositivos móviles. Se advirtió sobre posibles problemas relacionados con la seguridad de los datos y la protección de la privacidad de los usuarios.

Persisten interrogantes sobre el alcance y la efectividad que podrá tener la nueva ley, especialmente considerando que el efectivo aún representa una parte considerable de las transacciones de bajo monto en el país. Datos presentados durante la discusión legislativa indican que, en 2024, el 85.2% de las compras de hasta 500 pesos se realizaban en efectivo. Aunque el uso de transferencias y aplicaciones móviles ha mostrado un crecimiento, pasando de 1.6% en 2021 a 4.4% en el mismo periodo, la brecha con el efectivo sigue siendo notable.

La implementación de la Ley de Economía Digital representa un ambicioso proyecto para modernizar el sistema de pagos en México. Los próximos pasos en el Senado serán cruciales para definir los detalles finales de su aplicación y para abordar las inquietudes planteadas por diversos sectores de la sociedad y la oposición política. El éxito de esta transición dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para asegurar una adopción inclusiva y segura de los pagos digitales, sin dejar atrás a los segmentos de la población con menor acceso a la tecnología.

En el contexto económico, la medida busca no solo modernizar las transacciones, sino también potencialmente mejorar la trazabilidad de las operaciones financieras, lo que podría tener implicaciones en la recaudación fiscal y en la lucha contra la economía informal. Sin embargo, el desafío radica en equilibrar estos objetivos con la necesidad de proteger a los consumidores y a las pequeñas empresas durante el proceso de adaptación.

Históricamente, la transición hacia sistemas de pago digitales ha sido un proceso complejo en diversas economías, enfrentando resistencias culturales y tecnológicas. México no será la excepción, y la efectividad de esta ley dependerá de una estrategia de implementación bien planificada y de una comunicación clara hacia la ciudadanía sobre los beneficios y mecanismos de la economía digital.

Analistas señalan que la adopción de tecnologías como CoDi y DiMo, impulsadas por esta ley, podría acelerar la inclusión financiera, siempre y cuando se acompañen de programas de educación financiera y de acceso a dispositivos y conectividad para los sectores menos favorecidos.

La discusión en el Senado seguramente arrojará luz sobre cómo se abordarán estas preocupaciones y qué ajustes se realizarán para garantizar que la Ley de Economía Digital cumpla sus objetivos sin generar exclusión o dificultades indebidas para la población.