LA IMPUNIDAD SE CIERNE SOBRE CHIAPAS

La violencia en Chiapas cobró una nueva víctima: Reynaldo Pérez, un reconocido defensor de derechos humanos de origen tzotzil, fue asesinado a balazos en el municipio de Chenalhó. Pérez, conocido por su labor incansable al lado de familias desplazadas por la violencia y mujeres en situación vulnerable, fue atacado este miércoles en circunstancias aún no del todo claras, pero que apuntan a un posible acto premeditado.

Las primeras versiones, recogidas entre los habitantes de la zona, sugieren que el defensor pudo haber caído en una emboscada mientras se dirigía a su domicilio. Testigos locales relatan que sujetos armados, que huyeron en motocicleta tras el ataque, le dispararon en repetidas ocasiones en el interior de un taller mecánico en la comunidad de Yabteclum. La Fiscalía de Justicia Indígena, hasta el momento, no ha emitido un comunicado oficial detallando las circunstancias del homicidio, las diligencias que se están llevando a cabo o la posible identidad de los responsables, dejando un manto de incertidumbre y temor.

UNA VIDA DEDICADA A LA DEFENSA

Reynaldo Pérez dedicó más de una década de su vida a la defensa de los derechos humanos en una de las regiones más complejas y conflictivas del país. Su labor se centró en acompañar a familias que fueron forzadas a abandonar sus hogares en comunidades como Santa Martha y Chenalhó, quienes encontraron refugio en Polhó. Pérez no solo les brindó apoyo, sino que también denunció activamente los presuntos hostigamientos y la violencia que sufrían estas poblaciones.

Además de su trabajo con los desplazados, el activista tzotzil fungió como un importante mediador en el prolongado conflicto agrario entre las comunidades de Aldama y Chalchihuitán, buscando soluciones pacíficas a disputas territoriales arraigadas. Su activismo también se extendió a movilizaciones en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, y desde 2024, amplió su labor para incluir el acompañamiento a mujeres y menores en situación de vulnerabilidad en Pantelhó, una zona igualmente marcada por la inseguridad.

UN PATRÓN DE VIOLENCIA QUE NO SE DETIENE

El asesinato de Reynaldo Pérez no es un hecho aislado en Chiapas. Representa la continuación de una preocupante tendencia de violencia contra defensores de derechos humanos y líderes indígenas en el estado. Según registros de monitoreo independiente, entre 2016 y 2026, al menos catorce defensores han sido asesinados en Chiapas. Esta cifra, ya de por sí alarmante, se agrava al considerar los ataques directos documentados por organizaciones como el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas y Espacio OSC.

Entre enero de 2024 y mediados de 2025, se registraron 156 ataques directos contra defensores, de los cuales al menos cuatro resultaron en homicidios. Casos emblemáticos como los del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, el catequista Simón Pedro Pérez López, el activista Sinar Corzo Esquinca y el dirigente indígena Noe Jimenez Pablo, evidencian la gravedad de la situación y la vulnerabilidad de quienes alzan la voz.

LA CRISIS DE SEGURIDAD EN CHIAPAS

Este crimen ocurre en el contexto de una profunda crisis de seguridad y desplazamiento que afecta a Chiapas, y de manera particular a la región de Chenalhó. La violencia, a menudo ligada a disputas territoriales y al crimen organizado, ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares, creando un ciclo de vulnerabilidad y temor. La labor de defensores como Reynaldo Pérez se vuelve crucial en este escenario, pero también los expone a un riesgo extremo.

La relatora de la ONU, Mary Lawlor, ya había advertido en abril de 2026 sobre la persistencia de los ataques contra defensores en México, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, y señaló específicamente la crítica situación en Chiapas. La ejecución de Pérez subraya la urgencia de implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos y de las comunidades más afectadas por la violencia.

UN LLAMADO URGENTE A LA ACCIÓN

La muerte de Reynaldo Pérez es un duro golpe para la sociedad civil y un recordatorio sombrío de los desafíos que enfrenta México en materia de derechos humanos y seguridad. La falta de información oficial y la aparente lentitud en las investigaciones generan desconfianza y temor entre los activistas y las comunidades que dependen de su labor. Es imperativo que las autoridades actúen con celeridad y transparencia para esclarecer los hechos, dar con los responsables y garantizar que este trágico suceso no quede impune.

La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han seguido de cerca la situación en Chiapas. La ejecución de Pérez pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para defensores y de abordar las causas estructurales de la violencia que azota a la región. La memoria de Reynaldo Pérez exige justicia y un compromiso renovado para construir un Chiapas y un México donde la defensa de los derechos humanos sea una labor segura y protegida.

En Chiapas, la violencia parece ser una constante que golpea a quienes buscan proteger a los más vulnerables. El caso de Reynaldo Pérez es un doloroso testimonio de esta realidad, y un llamado urgente a las autoridades para que asuman su responsabilidad y garanticen la seguridad y la justicia en la entidad.