El Grito de Justicia en Piedras Negras

La tranquilidad de Piedras Negras, Coahuila, se ha visto fracturada por un caso que ha encendido las alarmas y desatado una ola de indignación: el presunto abuso sexual de una niña de tan solo nueve años a manos de su propio padre, Eduardo Alejandro “N”. La madre de la menor, Vica Torres Arocha, se ha convertido en la voz de su hija, denunciando no solo el terrible acto, sino también las presuntas omisiones y fallos del sistema judicial y de protección a la infancia en el estado.

El caso cobró notoriedad pública tras la viralización de un video en redes sociales donde se escucha a la pequeña implorando no ser entregada a su progenitor. Este desgarrador testimonio, sumado a la valentía de Torres Arocha al exponer su caso, ha puesto el foco en la urgente necesidad de revisar los protocolos de atención a víctimas de violencia, especialmente cuando se trata de menores de edad.

La Violencia Vicaria: Un Arma Contra las Madres

Lo que Vica Torres Arocha describe va más allá de un simple conflicto de custodia. La madre ha señalado que su ex pareja ha instrumentalizado a su hija como un medio para causarle daño a ella, una táctica conocida como violencia vicaria. Este tipo de agresión, que se ejerce contra las mujeres a través de sus hijos o hijas, busca infligir el máximo dolor posible a la madre, utilizando a los menores como peones en un juego perverso.

La historia se remonta a dos años atrás, cuando Eduardo Alejandro “N” se ausentó de la vida de su hija. Tras un periodo de incomunicación, el padre restableció contacto y, aprovechando una discusión entre madre e hija, inició un proceso legal que culminó con una orden de restricción contra Vica Torres. Esta medida impidió a la madre acercarse o hablar con su hija, dejándola incomunicada y vulnerable, y facilitando el acceso del padre a la menor.

Los mensajes de la niña a su madre, transmitidos a través de amigas, revelan la angustia y el arrepentimiento de la menor por haber sido separada de su progenitora. Frases como “estoy arrepentida de haberme ido con mi papá”, “pregúntale a mi mamá cuando me va a recoger” y el anhelo de celebrar juntas el Día de las Madres y su cumpleaños, pintan un cuadro desolador de la situación que vivía la pequeña.

Fallas del Sistema Judicial y Omisiones Estatales

La madre ha sido enfática al señalar que el juez que otorgó la custodia a Eduardo Alejandro “N” actuó sin perspectiva de género, un elemento crucial en casos que involucran violencia y posible abuso infantil. Esta falta de sensibilidad y análisis especializado habría sido determinante para que la niña quedara bajo la tutela de quien hoy es señalado como su agresor.

La denuncia de Vica Torres también apunta a una presunta inacción inicial por parte de las autoridades. Relata que, al intentar interponer denuncias previas por maltrato físico de parte de su exesposo, no fue atendida o sus quejas fueron desestimadas. Sin embargo, la gravedad de la situación actual, involucrando a su hija, la impulsó a no rendirse.

La Reacción Oficial y las Preguntas Pendientes

Ante la presión social y la difusión del caso, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, afirmó que el gobierno estatal actuó de manera inmediata. Aseguró que, tras ver el video el domingo en la madrugada, se tomaron cartas en el asunto y la menor fue puesta bajo resguardo de su familia materna. El mandatario también declaró que la situación se está investigando a fondo.

Sin embargo, las palabras del gobernador no disipan las dudas ni las críticas. La madre insiste en que hubo omisiones y que la intervención se dio solo después de que el caso se hiciera público y generara indignación. La pregunta clave es: ¿qué falló en los mecanismos de protección para que una niña en presunto riesgo no fuera debidamente salvaguardada desde un principio?

El Contexto de la Violencia Sexual Infantil en México

Este lamentable suceso en Piedras Negras se enmarca en un contexto alarmante de violencia sexual contra niñas y adolescentes en México. Según datos de la Red para los Derechos de las Infancias (Redim), en 2024 se atendieron en hospitales del país a 9,849 niñas y adolescentes de 1 a 17 años por violencia sexual. Estas cifras, sin embargo, solo representan la punta del iceberg, ya que existe una considerable cifra negra de casos que nunca se denuncian ni llegan a los sistemas de salud o justicia.

La violencia vicaria, como se ha identificado en este caso, es una manifestación particularmente cruel de la violencia de género, donde los hijos son utilizados como instrumentos para infligir daño a las madres. La falta de reconocimiento y aplicación de la perspectiva de género en los procesos judiciales agrava la vulnerabilidad de las víctimas y perpetúa ciclos de abuso.

¿Qué Sigue para la Niña y la Madre?

La niña se encuentra ahora bajo el cuidado de su familia materna, un respiro temporal ante la pesadilla vivida. Sin embargo, el camino hacia la justicia y la sanación apenas comienza. La investigación sobre el presunto abuso sexual debe ser exhaustiva y garantizar que se escuche y crea a la menor, protegiéndola de cualquier tipo de revictimización o manipulación por parte de su padre o sus allegados.

La madre, Vica Torres Arocha, continúa su lucha por la justicia, exigiendo que se castigue al responsable y que se implementen medidas efectivas para prevenir que casos como este se repitan. Su valentía al alzar la voz es un llamado a la reflexión para las autoridades y la sociedad en general sobre la imperiosa necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a la infancia y de erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones.

La Responsabilidad del Estado y la Búsqueda de Justicia

El caso de Piedras Negras pone de manifiesto la deuda pendiente del Estado mexicano en materia de protección a la infancia y de combate a la violencia de género. La actuación de un juez sin perspectiva de género, las presuntas omisiones iniciales y la instrumentalización de una menor son fallas graves que no pueden quedar impunes.

La indignación generada por este caso debe traducirse en acciones concretas. Es fundamental que se revise a fondo el actuar del juez involucrado, se garantice el acceso a justicia para la niña y su madre, y se fortalezcan las instituciones encargadas de proteger a las víctimas, asegurando que cuenten con personal capacitado y protocolos efectivos para atender denuncias de abuso infantil y violencia vicaria. La justicia para esta niña y su madre es un imperativo moral y social.