La administración federal ha impulsado una nueva normativa, la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con el objetivo primordial de simplificar y acelerar la apertura de cuentas bancarias. Una de las innovaciones clave de esta ley es la potencial utilización de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en su versión digital como un método de identificación válido para acceder a servicios financieros.
José Antonio Peña Merino, secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, detalló ante diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que la CURP digital, ya contemplada en la Ley General de Población, se integra como un mecanismo adicional de identificación y confianza. Esta medida responde a una solicitud del sector financiero, que busca robustecer los procesos de autenticación para la apertura de cuentas y el acceso a servicios digitales.
La ley establece que las instituciones bancarias e financieras estarán obligadas a aceptar la CURP digital como un método de identificación. Sin embargo, su obtención y uso por parte de los ciudadanos será un proceso voluntario. Quienes decidan obtener su CURP digital podrán hacerlo, y quienes prefieran no hacerlo, tendrán la opción de seguir utilizando otros métodos de identificación reconocidos.
Peña Merino enfatizó que el uso de estos mecanismos de identificación digital se realizará siempre a solicitud de las personas, garantizando la implementación de medidas de seguridad, ciberseguridad y validación correspondientes. Subrayó que la titularidad y el control de los datos personales residen en los ciudadanos, no en las autoridades ni en las instituciones financieras.
Además de la CURP digital, la ley contempla el expediente digital ciudadano, que facilitará el uso y reconocimiento de documentos oficiales en formato digital por parte de las instituciones financieras. Esto representa un avance significativo hacia la digitalización de trámites y servicios, buscando mayor eficiencia y accesibilidad.
Por su parte, Othon Moreno González, director general de Sistemas de Pagos e Infraestructura de Mercado en Banco de México (Banxico), explicó que la iniciativa de ley otorga facultades a la institución para mitigar el riesgo de que las nuevas cuentas bancarias sean utilizadas para el manejo de recursos de procedencia ilícita. Este es un componente crucial para mantener la integridad del sistema financiero.
Moreno González detalló que la estrategia para equilibrar la inclusión financiera con la prevención de operaciones ilícitas se basa en una estructura de niveles de cuenta. Se permitirá una apertura más sencilla para operaciones de montos menores, lo que implica menores riesgos. El objetivo es seguir aprovechando esta facilidad para permitir que los pequeños comercios incrementen su nivel operacional sin exponerse a delitos financieros.
La propuesta de ley también faculta a Banxico para proveer programas informáticos y soluciones de pago simplificado, como el SPEI y CoDi (a través de códigos QR). Asimismo, se busca simplificar la identificación de cuentas, por ejemplo, mediante el número de teléfono celular, y mantener la provisión de infraestructuras esenciales para los servicios de pago.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la tarea de definir los sectores estratégicos donde el pago digital se convertirá en la principal forma de pago. Posteriormente, el regulador de cada sector emitirá las reglas de operación y los plazos para una adopción gradual, siempre considerando aspectos de seguridad y protección contra el lavado de dinero.
Se aseguró a los diputados que estas determinaciones se toman en conjunto con las autoridades correspondientes, como la Secretaría de Energía o la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es importante destacar que, en caso de contingencias, siempre se deberá aceptar el pago en efectivo, independientemente del sector. La lista de sectores prioritarios para el pago digital se hará pública en un plazo de 15 días.
Finalmente, la iniciativa de ley habilita a los tres órdenes de gobierno para aceptar pagos digitales en los trámites y servicios que ofrecen. Para ello, deberán habilitar la infraestructura necesaria para recibirlos, promoviendo así una mayor adopción de los pagos electrónicos en la administración pública.
En el contexto económico, esta ley se alinea con la tendencia global de digitalización financiera, buscando fomentar la inclusión y la eficiencia. La CURP digital como método de identificación podría reducir barreras para aquellos segmentos de la población que tradicionalmente han tenido dificultades para acceder a servicios bancarios formales.
Históricamente, la apertura de cuentas bancarias ha sido un proceso que requiere documentación exhaustiva y presencia física, lo que ha limitado la participación de ciertos sectores. La adopción de mecanismos digitales como la CURP biométrica busca democratizar el acceso a servicios financieros, un objetivo clave para el desarrollo económico.
Las implicaciones de esta ley son significativas. Por un lado, se espera un aumento en la bancarización y en el uso de servicios financieros digitales. Por otro lado, la supervisión de Banxico es fundamental para prevenir el uso de estas nuevas herramientas para actividades ilícitas, lo que podría generar confianza en el sistema.
Analistas señalan que la clave del éxito radicará en la implementación efectiva de las medidas de seguridad y en la claridad de los procesos para los usuarios. La protección de datos personales y la prevención del fraude serán aspectos cruciales a vigilar de cerca por parte de las autoridades y los propios usuarios.
La decisión de Hacienda de definir sectores estratégicos para el pago digital sugiere una estrategia gubernamental para impulsar la modernización de la economía. Esto podría tener un impacto positivo en la eficiencia de las transacciones y en la reducción de la economía informal.
La obligatoriedad de aceptar la CURP digital por parte de las instituciones financieras, aunque voluntaria para el usuario, marca un precedente importante en la estandarización de la identificación digital en México. Esto podría sentar las bases para futuras innovaciones en servicios financieros y digitales.
En resumen, la Ley de Economía Digital representa un paso audaz hacia la modernización del sistema financiero mexicano, buscando un equilibrio entre la inclusión, la eficiencia y la seguridad, con la CURP digital como uno de sus pilares fundamentales.