Durante los últimos ocho años, los juzgados de la Ciudad de México han dictado 335 sentencias en procesos civiles de extinción de dominio, según información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia mediante solicitudes de transparencia.
Estas resoluciones judiciales han permitido la confiscación de bienes muebles e inmuebles que fueron asegurados durante investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de la capital del país.
Los datos revelan que 311 de estas sentencias —equivalentes al 92 por ciento del total— correspondieron a casos relacionados con actividades delictivas perpetradas por grupos criminales y bandas que operan en el ámbito local.
La extinción de dominio es un procedimiento legal de carácter civil que permite al Estado apropiarse de bienes cuya procedencia está vinculada a actividades ilícitas, sin necesidad de que exista una sentencia penal previa contra sus propietarios.
Las cifras obtenidas del TSJ abarcan el periodo comprendido entre 2018 y 2026, reflejando la aplicación sostenida de este instrumento jurídico en la capital mexicana.
Los bienes sujetos a estos procedimientos incluyen tanto propiedades inmobiliarias como vehículos, cuentas bancarias y otros activos que las autoridades identifican como producto de delitos o utilizados para cometerlos.